Ya basta de torturas y asesinatos por Carlos Tablante
CARLOS TABLANTE
La
desaparición forzosa, tortura y asesinato del Capitán de Corbeta Rafael
Acosta Arévalo no es solo responsabilidad de los actores materiales que
ahora Maduro señala a través de sus subalternos en los poderes
públicos. Es por todos sabido que en la DGCIM y en el Sebin no se hace
nada sin órdenes superiores.
Pisoteando la Constitución, el Estado de Derecho y de
Justicia, como es su característica, la dictadura de Maduro persigue,
tortura y asesina a los disidentes. Además, viola de nuevo los artículos
45 y 46 de la Constitución Nacional que establecen que “se prohibe a la
autoridad pública sea civil o militar, aún en estado de emergencia,
excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la
desaparición forzada de personas”. Más adelante del mismo artículo 45,
la CN subraya que el “funcionario o funcionaria que reciba orden o
instrucción para practicarla (la desaparición forzosa) tiene la
obligación de no obedecerla y denunciarla ante las autoridades
competentes” o en su defecto “acudir a instancias internacionales”.
Por su parte, el artículo 46 señala que “toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” por lo
que “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes”. Además, la responsabilidad de los que
ordenan o permiten esta conducta está claramente señalada cuando se
dice que “todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón
de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a
cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será
sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
Por el contrario, actualmente los responsables de la mayoría
de estos hechos gozan de impunidad. La misma impunidad que protege a
los corruptos que desde los cargos mas altos hasta los mas
insignificantes de la estructura gubernamental, han saqueado y saquean
los recursos de todos los venezolanos.
Resulta inaceptable que mientras la dictadura asesina a
oficiales venezolanos que decidieron cumplir con su rol en defensa de la
Constitución, premia a otros que han sido sancionados nacional e
internacionalmente por corrupción. Esta semana Maduro designó al general
Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación y ex presidente de CASA, en
la presidencia de la Corporación Venezolana de Minería, colocando en sus
manos el control total del oro y todos los minerales del país.
Seguramente también tendrá a su cargo la relación con las redes
criminales que operan impunemente en el arco minero.
Sin duda, el asesinato del Capitán Acosta Arévalo,
perpetrado casi al mismo tiempo que Michelle Bachelet, Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos finalizaba su visita al país, impide
continuar con las reuniones entre la oposición democrática y la
dictadura hasta que no se inicie una investigación internacional,
independiente e imparcial y se castigue ejemplarmente a los
responsables.
Otras importantes exigencias que debemos hacer es insistir
en la liberación de los más de 630 presos políticos y en el cese de la
persecución de quienes piensan distinto al régimen.Todo ello dando
prioridad a la emergencia humanitaria que sufre la mayoría del pueblo
venezolano.
Siempre hemos dicho que la salida deseable a la pesadilla
que vivimos debe ser la negociación que permita realizar elecciones
generales con un nuevo CNE, con todas las garantías democráticas que
estamos exigiendo, es decir, sin presos políticos, sin inhabilitados,
sin exiliados y con la presencia de observadores internacionales
independientes que sean garantes de la mas absoluta transparencia en el
respeto al derecho al voto que ha estado asediado por el ventajismo y el
fraude.
Finalmente, lo mas importante es el derecho a la vida. El
artículo 19, por su parte, establece que “El Estado garantizará a toda
persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación
alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e
interdependientes de los derechos humanos. Su respeto y garantías son
obligatorios para los órgano del poder público, de conformidad con esta
Constitución y con los tratados sobre derechos humanos suscritos por la
República”, como queda ampliado en el articulo 31. Igualmente, los
delitos contra los derechos humanos no prescriben (art. 29).
Ha quedado al descubierto la falsedad y perversión de la
autocracia que en nombre de los pobres no solo ha destruido a Venezuela,
arruinando la vida de millones de personas, sino que también ha
eliminando fisicamente a decenas de venezolanos, ya sea en el contexto
de manifestaciones públicas, de operativos policiales (FAES), militares y
de los servicios secretos, o de la tortura en instalaciones de la FAN.
