Durante tres días –tal como se
había anunciado- representantes del oficialismo y de la oposición
conversaron en la isla de Barbados para definir las líneas de un nuevo
intento de negociaciones en busca de una salida consensuada a la crisis
nacional. Finalizado el encuentro uno de los enviados opositores y
vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, escribió a
través de redes sociales: “Los venezolanos necesitamos respuestas y
resultados; nuestra delegación hará consultas para avanzar y poner fin
al sufrimiento de los venezolanos”. Por su parte el representante de la
comisión oficialista y ministro para la Comunicación y la Información,
Jorge Rodríguez, calificó la reunión como “exitosa” y aseguró que se
trata de un “espacio para dirimir las controversias por vías
constitucionales y pacíficas”. Nicolás Maduro también consideró positiva
la iniciativa de instituir una mesa de negociaciones y recordó que
desde hace varios meses había tratado el asunto con el gobierno de
Noruega para una gestión mediadora, tal como ocurrió en los diálogos de
paz entre las FARC y el gobierno de Colombia durante cuatro años en La
Habana. Sin duda la aprobación de una mesa de diálogo tal como ocurrió
el año 2002 con la Mesa de Negociaciones y Acuerdos con intervención del
entonces secretario general de la OEA, César Gaviria y el Centro Carter
después de los sucesos del 11 de abril de aquel año, puede considerarse
como un antecedente útil para el comienzo de negociaciones
necesariamente complejas y difíciles pero que (a diferencia de lo
ocurrido con iniciativas anteriores) ahora contará con un escenario
permanente y con reglas mínimas de juego.
Se sabe que
ya existía de acuerdo al llamado “método de Oslo” consenso en relación a
seis puntos para avanzar en la búsqueda de un compromiso; el primero de
los cuales se refiere a la escogencia de la vía electoral como el
primer paso para lograr el objetivo de la reconciliación. En este
sentido, el oficialismo estaría dispuesto a incorporar su cuota
parlamentaria a la actual Asamblea Nacional y de esta manera facilitar
luego el desmontaje de la Asamblea Nacional Constituyente, ya que ambas
instancias legislan de manera separada y en atención a sus propios
intereses, lo cual constituye el punto de fricción crucial del
“conflicto de poderes” que marca la confrontación política, ya agravada a
raíz de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de
2015 a favor de los diputados opositores y las reacciones encontradas
en relación a decisiones posteriores. De igual modo se discute la
posibilidad de elecciones presidenciales adelantadas en un plazo de dos
años que en todo caso estarían determinadas por el curso de los
compromisos que ahora se contraigan. La aprobación del tema electoral
daría por entendido la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE),
la garantía de voto para los venezolanos en el extranjero y la
ampliación de la vigilancia internacional.
Se
trata de un “acuerdo parcial” que facilitaría la búsqueda de nuevos
consensos mediante el mismo mecanismo, a diferencia de las
conversaciones anteriores que de entrada procuraban un consenso general
que por supuesto resulta más difícil que las coincidencias sobre
materias específicas que se espera conduzcan siempre y a la larga a la
aprobación de los términos que conjuguen aspiraciones de los factores
negociadores. Por su puesto, un proceso que estará sujeto a la dinámica
de la confrontación diaria que como se sabe es alimentada por la crisis
económica y social y que tiende a agravarse diariamente lo cual podría
introducir, aunque no se quiera, nuevos elementos de complicaciones al
escenario ya catastrófico que afecta a los venezolanos.
Acuerdo con sangre
El
presidente de Sudán, Omar al Bashir, con 29 años en el poder fue
derrocado el pasado 5 de julio por la élite militar como resultado de
intensas protestas populares registradas desde meses anteriores. Los
factores opositores solicitaban el comienzo de una transición y por
supuesto el enjuiciamiento, tal como está ocurriendo, del polémico
dictador cuyo gobierno había dado paso a la guerra civil e incluso a la
división territorial de la nación. Los militares golpistas se negaron a
incorporar a los factores civiles que ante la negativa apelaron
nuevamente a las acciones de calle que fueron reprimidas con saldo de
muertos y heridos. El 5 de julio el mediador de la Unión Africana (UA),
Mohamed El Hacen Lebatt, anunció que gracias a Etiopía y a la UA ambos
bandos lograron alcanzar un acuerdo en los siguientes términos: la
actual Junta Militar conducirá la transición durante veintiún meses y
luego un Consejo Supremo con la incorporación de civiles dispondrá de
dieciocho meses más para encaminar el país a una salida concertada y de
acuerdo a las exigencias constitucionales. Resulta claro de esta manera
que las transiciones y los acuerdos no son obra del dogmatismo ni de las
pasiones políticas sino de evaluación de realidades de por sí complejas
y cambiantes.
¿Dónde está Santrich?
Zeuxis
Pausias Hernández Solart, mejor conocido como “Jesús Santrich” exjefe
guerrillero de las FARC beneficiado por los tratados de paz con el
gobierno de Juan Manuel Santos fue nuevamente solicitado por la Justicia
de Estados Unidos por operaciones de narcotráfico. Detenido y a punto
de ser deportado fue favorecido por una decisión de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) que reivindicó su condición de parlamentario electo en la
última consulta electoral y autorizó su incorporación al Congreso
Nacional en medio de una airada protesta de los partidos políticos y la
opinión democrática. Posteriormente la CSJ le dictó nuevamente auto de
detención y a pocas horas de acudir a la audiencia fijada para el
miércoles 10 de julio el guerrillero no se hizo presente. Para los
medios de comunicación la ausencia de “Santrich” haría pensar que el
guerrillero habría viajado a Venezuela con la intención de incorporarse a
grupos disidentes de las FARC que junto con los miembros del ELN
habrían escogido al país como “zona de alivio”. El presidente Iván Duque
ordenó activar todos los mecanismos para su captura y los cuerpos
policiales ofrecen una recompensa por ahora de 800 mil dólares, sin
descartar que el personaje ciertamente haya encontrado refugio en el
país vecino. Un hecho que sin duda añade nuevos elementos a las graves y
crecientes tensiones políticas y diplomáticas entre ambas naciones.