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La autonomía universitaria por Carlos Guillermo Cárdenas D.

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CARLOS GUILLERMO CÁRDENAS


Según la concepción del constituyente (1999) el claustro universitario está compuesto por profesores, estudiantes y egresados, esencia de la autonomía de la universidad. El constituyente le encargó la noble función de elegir de manera democrática a las autoridades universitarias. En la constitución del consejo universitario, los profesores eligen sus representantes. Igual lo hacen los estudiantes y los  representantes de los egresados se eligen en asambleas de los colegios profesionales. Esto ocurrió durante 40 años de democracia. Las autoridades actuales de las universidades autónomas son producto de elecciones del claustro universitario.

La aceptación cabal de la autonomía universitaria fue producto de la labor librada durante muchos años, muchas décadas en nuestro país. La designación de las autoridades rectorales durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX fue por los gobiernos de turno, excepto en ocasiones que los profesores reunidos en modesto claustro universitario, eligieron sus autoridades, luego ratificadas por el Ministerio de Instrucción Pública.

El general Simón Bolívar con el doctor José María Vargas como rector le otorgó autonomía académica y administrativa a la Universidad de Caracas, luego Universidad Central de Venezuela, primera universidad republicana de América. El ex rector Moros Ghersy, de grato recuerdo, me comentó en un Congreso Venezolano de Cardiología que lo anterior había inspirado a los parlamentarios para la época (1958) en la concepción de la actual Ley de Universidades.

Después de este breve preámbulo sobre la autonomía universitaria, se hace necesario destacar la nueva situación planteada con motivo de la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que en Sala Plena conmina a las universidades a realizar elecciones rectorales sin considerar los recursos introducidos por las universidades autónomas sobre la materia.

Los ex rectores Mendoza, López, Rodríguez (+) y Vargas de la Universidad de Los Andes presentaron (2016) a la opinión universitaria y a la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley de Educación Superior, en cuyo artículo primero expresa: “Esta Ley tiene por objeto establecer las bases generales de organización, funcionamiento, modernización y evaluación del Sistema Nacional de la Educación Superior; los fundamentos conforme se determinan los aportes de recursos financieros por parte del Estado y la Sociedad Civil, para que el sistema cumpla sus fines y los criterios para interpretar y aplicar el principio de autonomía universitaria previsto en el texto constitucional”. Esta propuesta estaba dirigida a explorar alternativas válidas de solución a los múltiples problemas que gravitan sobre la vida de las universidades. La propuesta aún descansa en el parlamento sin que hasta el presente se haya presentado a la discusión y menos a la aprobación.

El ex rector Rodríguez Herrera en artículo que está en las redes señala que la autonomía universitaria ha sido el día a día universitario. Expresa la incongruencia de otorgarle rango constitucional a la autonomía universitaria, ya contemplada en la Ley de Universidades de 1958, y la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior que modifica las proporciones de participación en la elección de las autoridades universitarias, en franca contradicción a lo contemplado en la Ley de Universidades.

Mientras tanto, la vida de las universidades sufre el progresivo deterioro que ha menguado significativamente la misión de las instituciones.

La racionalidad de la dirigencia ejecutiva y legislativa nacional debe estar a la altura de las circunstancias para solventar el caos que sufren las universidades. La decisión del TSJ ignorando al parlamento nacional en nada contribuye a la solución del deterioro desenfrenado que precipita el colapso de nuestras instituciones de educación superior, al contrario los agrava y profundiza. 

Sin universidades de calidad no habrá país desarrollado. Amanecerá y veremos!.





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