Tal Cual: Maduro no cumplió ni una
de las 23 recomendaciones de Bachelet
MICHELLE BACHELET
23 recomendaciones hizo la alta comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre la
situación de Venezuela entre enero de 2018 y mayo de 2019, pero el
régimen de Nicolás Maduro no cumplió ni una de las sugerencias hechas
por la funcionaria de la ONU.
Para el 9 de septiembre se tiene prevista la segunda actualización
oral de Bachelet sobre la situación venezolana ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. En esta sesión, se espera que la Alta
Comisionada ofrezca nueva información sobre la crisis de DDHH del país y
amplíe algunos aspectos del informe publicado en julio, que ha sido
criticado duramente por Maduro y el oficialismo.
Recomendaciones con respecto al acceso a los servicios básicos y
alimentos, liberación de los presos políticos, adopción de medidas para
frenar graves violaciones como las ejecuciones extrajudiciales, disolución de organismos policiales como las FAES
o de grupos armados de civiles paraestatales conocidos como
“colectivos” son algunos de los ítems plasmados por la diplomática
chilena en su informe.
Al término de su visita en junio, la Alta Comisionada informó que su Oficina habría logrado una serie de compromisos con el régimen de Maduro para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Pero estos acuerdos tampoco se cumplieron, como afirma Rafael
Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación -
Acción en Derechos Humanos (Provea).
Francisco Valencia, director de la Coalición de organizaciones por el
derecho a la salud y la vida (Codevida), también señala que ninguna de
las recomendaciones se ha cumplido hasta el momento. “Por eso hemos
exhortado y hemos enviado más información a la alta comisionada sobre el
tema de la emergencia humanitaria en salud”.
Valencia además ahonda que en ningún momento se ha permitido la
cooperación internacional “para poder aliviar a la población víctima de
esta tragedia”.
Lo que nosotros creemos es que no hay voluntad política
para cumplir, y existe una actitud de estancamiento con el alto
comisionado sin tomar medidas que beneficien al tema de los derechos
humanos. Por ello estamos convencidos de la necesidad de motorizar otros
mecanismos para Venezuela”, asegura el coordinador de Provea.
Uzcátegui recuerda que en junio se acordó un plan de trabajo de nueve
puntos, “un plan que no se ha cumplido. Una de las cosas importantes
que era abrir una oficina del Alto Comisionado con la presencia de dos
oficiales. La realidad que tenemos ahora es que no hay ningún oficial en
Venezuela porque salieron en un periodo y el Gobierno les dijo que no
podían regresar al país. Ni eso ni el resto de los acuerdos se han
logrado”.
Por ello, desde Provea destacan que se está haciendo un cabildeo
diplomático “para insinuar que son necesarias otras medidas para abordar
la crisis venezolana”. Entre esas medidas está incluida la creación de
una comisión de investigación para el país, y se ratifiquen estos
acuerdos de trabajo que ya se tenían con la Alta Comisionada.
“Hay opiniones divididas, pero nosotros creemos que son necesarias.
Hay otros países que piensan que el Gobierno tiene un proceso de diálogo
con la oposición , con sectores democráticos, que hay que darle más
tiempo para que cumpla con el plan de trabajo o mostrar algunos
resultados, algunas señales positivas en derechos humanos pero nosotros
creemos que eso no va a pasar”, admite Uzcátegui.
Lo que viene
Desde Codevida tienen información que esta actualización del informe
“viene enfocado el derecho a la salud, que ha sido uno de los más
afectados por la emergencia humanitaria. En el primer informe no se
recalcó muy bien el tema de los derechos de las personas al acceso a la
salud”.
Entre los reportes que consignó Codevida se encuentra la situación de
las personas con insuficiencia renal y el estado de las unidades de
diálisis. Valencia explica que “hay estadísticas alarmantes sobre las
unidades de diálisis cerradas, máquinas dañadas, la disponibilidad en
todo el país apenas llega al 36%, lo que ha llevado a que muchas
personas hayan fallecido por la ausencia de este tipo de tratamientos”.
El estado de los servicios públicos, incluido dentro del informe y
las recomendaciones de Bachelet, también ha incidido en el estado de las
personas con problemas renales debido al agravamiento del acceso a
electricidad y agua potable, especialmente en el interior del país.
Pensamos que viene seguro alguna mención sobre esta
situación. La Alta Comisionada está al tanto de los daños irreversibles
en materia de salud y esperamos que en la continuación del informe se
refleje y se haga un exhorto al Estado venezolano para permitir una
cooperación internacional de grandes magnitudes, porque lo que ha
llegado no ha sido para enfermedades crónicas, y se haga un llamado a
organizaciones internacionales sobre esta situación”, asegura el
director de Codevida.
Además de ratificar algunas de sus preocupaciones plasmadas en el
informe anterior, desde Provea consideran que la alta comisionada
Bachelet va a referirse a la sanciones financieras contra el país.
Rafael Uzcátegui señala que “ya ella (Bachelet) ha hecho un
pronunciamiento oficial por ese tema y seguramente lo incorporará en el
sentido que ella lo expresa, y estamos absolutamente de acuerdo, de que
hay una crisis preexistente y esas sanciones financieras solo van a
agravar la situación de las personas más vulnerables”.
El coordinador general de Provea destaca que también hay que
interpretarlo como un signo, pues este es el único tema que le importa
al régimen de Maduro. “Entonces seguramente la Alta Comisionada lo
incorporará como un signo en el marco de las negociaciones para que
ellos puedan estar en Venezuela y seguir teniendo relaciones con Nicolás
Maduro para que se retome la agenda de trabajo”.
