Hace una semana se anunció un acuerdo muy particular, entre minorías
nacionales, que se cocinaba en paralelo a las negociaciones que se
llevaban a cabo en Oslo y Barbados, con participación de los
representantes de la mayoría del país. En este acuerdo, el gobierno se
compromete ¡unilateralmente! a algunas cosas, como la liberación de
algunos presos políticos, cambios en el CNE y la reincorporación de los
diputados del PSUV a la AN.
Más allá de la alharaca causada, el sólo anuncio indica varias cosas:
1)
Las negociaciones formales, que incluyen a la oposición institucional
mayoritaria, con soporte y respaldo internacional, es decir las únicas
que pueden provocar cambios en la posición internacional de
irreconocimiento y sanciones al gobierno de Maduro, fracasaron y quedan a
la espera de un momento mejor en el futuro, cuando las partes tengan la
necesidad inminente de regresar a ellas. Esas negociaciones formales no
tienen nada que ver con este acuerdo minoritario y son incomparables en
términos de impacto potencial.
2) El gobierno
lanza esta noticia tan pronto Guaidó formaliza el fin de las
negociaciones en Barbados, buscando minimizar ese fracaso y colocando en
el debate nacional el tema de las elecciones parlamentarias, que
evidentemente sustituye la solicitud real y necesaria de elección
presidencial competitiva, que rescate los equilibrios políticos en el
país.
3) El gobierno consolida su estrategia
de fractura de la oposición, pues pone en guerra a algunos
representantes y partidos minoritarios con la mayoría de la oposición
institucional, que rechaza un acuerdo que considera ilegítimo e
inadecuado.
4) El regreso de los diputados
chavistas busca provocar un sismo dentro de esa institución, aunque a su
vez legitima la institución, a los diputados opositores y al propio
Guaidó como presidente de la AN.
Ninguno de
los impactos de este acuerdo tiene oportunidad de rescatar legitimidad
institucional, ni va a abrir la puerta a levantamiento de sanciones, ni
recuperará confianza en los electores, ni unificará a la oposición
camino a una elección competitiva, ni llevará al país a una elección
presidencial que resuelva el conflicto político democráticamente. Con
ese entorno, es fácil predecir que este acuerdo no cambie la tendencia
explosiva de deterioro económico del país, amenazando sí el
debilitamiento del liderazgo opositor.
Es
inútil adjetivar los acuerdos políticos y los actores que los firman.
Todos pueden tener elementos favorables e interesantes de analizar. Pero
es inútil hacerlo desde las emociones de un país polarizado, basados
más en los calificativos y acusaciones sin respaldo, que en factores
concretos y análisis objetivo. La clave en un acuerdo político es su
capacidad para resolver la crisis, rescatar legitimidad, desmontar
sanciones, reinstitucionalizar al país, recuperar confianza, producir
una elección presidencial competitiva y restablecer la democracia, desde
su perspectiva electoral, de separación de poderes, de libertad de
expresión y participación política y alternancia en el poder. Ninguno o
muy poco de estos objetivos se logra con un acuerdo entre el gobierno y
las minorías opositoras, sin ningún tipo de respaldo internacional, ni
mecanismos que integren a la mayoría opositora, clave en el rescate de
los equilibrios, ni al sector militar, fundamental en cualquier cambio
estable a futuro. Entonces, no hace falta ni calificar, ni atacar, ni
inventar argumentos basados en la teoría de la conspiración. Basta con
un análisis técnico y objetivo para concluir que este acuerdo no va a
resolver los problemas críticos del país ni rescatará los equilibrios
perdidos. Sea éste o no el deseo de sus firmantes.
