Las sanciones generales,
aplicadas especialmente por el gobierno de Estados Unidos contra el
gobierno revolucionario de Maduro, así como la posición diplomática de
aislamiento, desligitimación y rechazo de lo que podría considerarse la
comunidad internacional moderna, no han logrado, al menos por ahora, el
objetivo central para el que fueron planteadas: presionar los cambios
políticos en Venezuela, ya sea produciendo un cambio de gobierno o un
cambio fundamental en el gobierno.
Este resultado, sin embargo,
no es una sorpresa a la luz de la pobre efectividad que ésta estrategia
internacional de aislamiento y sanciones ha tenido en la historia
política del mundo, incluido los casos emblemáticos de Cuba, Irán,
Siria, Corea del Norte y Zimbabue, donde la historia de sanciones tiene
décadas, como también sus gobiernos intactos.
Pero esas
sanciones, planteadas con objetivos políticos, han tenido, en cambio, un
impacto relevante en el desenvolvimiento de la economía interna del
país y su perfil de ingresos en divisas. Por una parte, las sanciones
han limitado las operaciones del gobierno venezolano, no sólo con
Estados Unidos sino con una gran parte del mundo, incluyendo algunos
países y mercados que le han sido (y le son) afines a la revolución
chavista, quienes se han visto obligados a revisar sus relaciones
comerciales, públicas y privadas, con el gobierno de Venezuela, a la luz
de los riesgos de impacto de las sanciones sobre sus empresas y
gobiernos. Esto sin contar con las graves dificultades que el gobierno
revolucionario tiene para utilizar sus recursos sin pasar por el sistema
financiero norteamericano, que está bloqueado totalmente para él.
Pero
podríamos decir que los impactos económicos más relevantes de las
sanciones, aunque debamos considerarlos efectos secundarios no
deliberadamente buscados, ha sido la pérdida de control del gobierno
sobre la economía y el sector privado, del cual ahora depende para
garantizar producción y abastecimiento y la diversificación e incremento
de ingresos de divisas provenientes de fuentes no tradicionales,
diferentes al petróleo. Estos ingresos provienen de fuentes legales e
ilegales, mayoritariamente excentas de sanciones o con capacidad para
evadirlas. Nos referimos a partidas como las remesas de los emigrantes
venezolanos, la repatriación de ahorros privados en el exterior para
financiar su vida en el país, las exportaciones no tradicionales (que
incluyen ron, cacao, cangrejos y camarones), contrabando y actividades
informales en frontera, el narcotráfico y narcolavado y, con una
participación cercana al 35% de los ingresos no tradicionales totales:
la explotación, legal e ilegal, de oro.
Aunque la mayoría
de la gente habla de las remesas y repatriaciones como el elemento
central que financia el circulante de efectivo en moneda extranjera en
el país hoy en día, estas partidas, aunque crecientes, son sólo un
pedazo de la historia. Se estima, por ejemplo, que las operaciones de
oro ya representa varios millardos de dólares, se encuentra en plena
expansión y le ha servido al gobierno venezolano para obtener divisas en
efectivo, dar autonomía financiera a algunos gobiernos regionales de la
revolución y permite mantener algunas relaciones comerciales nuevas con
países aliados.
La evolución de los ingresos no
petroleros es ascendente, les permite financiar algunas burbujas de
actividad interna, que muestran cierto nivel de recuperación y alimentan
la masificación del uso de divisas en las transacciones comerciales,
dando oxígeno a parte de la población (y de carambola, también al
gobierno en poder). Podríamos concluir que, en breve, Venezuela será un
país con petróleo… pero no un país petrolero.
Luisvleon@gmail.com
