Enfermo del hígado, medicina para el corazón por Luis Vicente León
LUIS VICENTE LEÓN
Entiendo el deseo de cambio político mayoritario en la sociedad
venezolana. Más de 80% de la población piensa que es indispensable
permitir que se elija un nuevo gobierno, en elecciones libres y
transparentes, que reflejen la real voluntad del pueblo, en un país
donde la confianza en las instituciones esta pulverizada.
Pero
ese deseo de cambio, no se puede convertir en realidad con base en una
estrategia de sanciones generales, económicas, petroleras y financieras
que han demostrado, a lo largo de la historia, que sólo acentúan la
crisis causada por el gobierno sancionado. La realidad es que las
sanciones amplifican el sufrimiento sin producir los cambios de gobierno
que pretenden y en muchos casos ni siquiera logran cambios en la
conducta política de los mismos. Basta mirar las experiencias más
conocidas de países sancionados como Cuba, por 60 años o Corea desde el
abuelo de Kim, o Irán desde la caída del Sha o Zimbabue cuando Mugabe
era joven. Todos esos gobiernos se mantuvieron en el poder, mientras sus
pueblos se debilitaron y sufrieron más, sin lograr el pretendido
cambio.
Las encuestas recientes indican que la mayoría
de los venezolanos aprueban las sanciones personales que se establecen
contra funcionarios específicos, a quienes consideran responsables de la
crisis. No hay un rechazo genérico contra las acciones focalizadas que
tienen un impacto sólo sobre ellos. Pero la población rechaza
contundentemente, las sanciones generales que, buscando afectar al
gobierno, en realidad terminan empeorando más la vida de los inocentes,
sin esperanza de lograr el cambio para el que se diseñaron.
Sancionar
a Conviasa, por ejemplo, afecta las rutas y las frecuencias aéreas
que usan personas comunes y limita su movilidad, no la del gobierno. Por
su parte, la respuesta oficial contra TAP tiene exactamente el mismo
resultado que la anterior: empeorar la movilidad de los nacionales.
Sancionar a Rosneft Trading, con el objeto de presionarla para no operar
con Pdvsa, busca colapsar las operaciones petroleras del gobierno
venezolano y liquidar sus fuentes de recursos, pero en realidad
compromete, como efecto secundario, la disponibilidad de combustible,
energía y gas para la población básica, sin que tienda a resolver el
problema o incluso presione a una negociación entre las partes, que nos
conduzca a una elección presidencial competitiva. La probabilidad de que
eso ocurra es un límite que tiende a cero. Sin embargo, es evidente que
su impacto deteriora más la vida de la población.
No
intento decir con esto que quitar las sanciones resuelve el problema. Es
un caso equivalente al de un doctor que receta, por error, un
medicamento para el corazón a un enfermo del hígado. La medicina
equivocada empeora la salud del enfermo, por efectos secundarios,
obviamente sin resolver el problema real. Quitar la medicina reduce los
síntomas que ella causó, pero obviamente no resuelve tampoco el problema
original del hígado. Sigue faltando la medicina adecuada. La pregunta
es: ¿si eliminar el medicamento equivocado no resuelva el problema del
hígado, significa que vale la pena seguir dándosela, aunque el enfermo
se sienta peor? Para mí resulta un acto impresentable,
independientemente que haya sido aplicada con buena intención.
Más
allá de los análisis teóricos y éticos, hay una realidad como un
templo: la mayoría de la población rechaza sanciones que afectan más su
vida, no porque no estén dispuestas al sacrificio, sino porque este
sacrificio en particular es demostradamente inútil. Cuando un líder
limita su oferta y respaldo a sanciones impopulares que tienen nula
posibilidad de éxito está comprometiendo dramáticamente su futuro... y
el del país.