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Estado Mayor (de la corrupción) por Antonio José Monagas

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Antonio José Monagas


La exigua interpretación de conceptos que validan la democracia como sistema político de gobierno, o la deliberada intención de manipular realidades políticas bajo esquemas verticales que dificulten la disidencia como forma de distender y resolver los problemas que no tienen solución consensual, dan cuenta de modelos de gobierno que utilizan el militarismo como forma de imponer proyectos político-ideológicos. Proyectos que, equivocadamente, plantean la supremacía del poder político como razón de un desarrollo económico y social que garantice un futuro promisorio. 


 

La obstinación del actual régimen por continuar concentrando el poder con fines perversamente populistas, logró modificar la composición del sistema político venezolano de los últimos tiempos al colocar en el centro del mismo al estamento militar. Quizás, la influencia histórica marcada por la connotada presencia de los ejércitos latinoamericanos antes de la insurgencia del poder civil, tal como lo expresa Alain Rouquié, politólogo francés, pudo constituir un aliciente que indujera a aumentar desmedidamente la injerencia de la esfera militar en asuntos de dirección del Estado venezolano. Amén de la condición militar de quien asumiera la presidencia de la República de Venezuela en 1998. A tal punto ha sido así, que el régimen ha intentado forzar algún grado de gobernabilidad aupando la participación de militares tanto en espacios de acción pública, como en la administración y control de la sociedad lo cual, indiscutiblemente, ha rayado en beneficio del autoritarismo que plena el devenir nacional. 


 


En medio de dichas vicisitudes, el militarismo logró dominar buena parte de las instancias gubernamentales que constituyen la vida republicana. La jerga revolucionaria adopta el término de “gobierno cívico-militar” o de “unión cívico-militar”, para disfrazar una propuesta gubernamental claramente antagónica con los principios que fundamentan la democratización posible, prometida y necesaria. Tal ha sido la impertinencia del estamento militar en la organización y administración del país, según el despotismo instaurado por el régimen, que no conforme con la intromisión de militares activos en la estructura pública nacional, impuso buena parte de su estilo de conducirse y forma de expresarse. Incluso, el partido de gobierno, estructura sus cuadros operativos y de conducción al mejor esquema vertical y cuartelario. Asimismo sucede dentro del partido del oficialismo, el PSUV. Incluso, la vestimenta que caracteriza a altos funcionarios, refleja el protocolo militar al mejor estilo “revolucionario-cubano”.


 


Sin duda, puede decirse que el militarismo engulló al país. El poder militar tergiversó sus postulados para entonces escurrirse en el laberinto del poder político y así usurpar responsabilidades que sólo corresponden al mundo civil. Y en tan aciago festín, el actual régimen ha complacido al sector militar en todas sus exigencias. La adulancia pasó a ser el recurso más manoseado al momento de consentirlos como “eximios patriotas”. Tanto, que su léxico penetró la estructura civil lo que ha servido para disociar el sentido de institucionalidad que pauta la norma constitucional, del sentido de civilidad y ciudadanía. Es así como valiéndose de tan contagiados esperpentos conceptuales, el régimen descargó su resentimiento maquinando formas espurias de ejercer el poder a su máxima expresión. En consecuencia, se empeñó en empeorar las esperanzas de un pueblo. Pero de un pueblo que no dejará de aguardar lo que la democracia, el civismo y la ecuanimidad, es capaz de depararle. 


 


El régimen inventó la figura de “estados mayores” para encubrir, con la excusa de emergencias declaradas, la corrupción sobre la cual se cimienta el poder político. Y que ahora, anima la alianza dolosa que por razones coyunturales se estableció entre militares corruptos y civiles indignos y borrachos de poder tanto como embelesados por la expoliación del patrimonio nacional que habrá terminado en detrimento de la estructura de gobierno nacional. Pero también, del extravío de valores del cual se ha contagiado la sociedad civil. 


 


Se cuenta con Estados Mayores en distintas áreas de la vida pública. Justamente, en aras de conciliar la deshonestidad de altos y medios funcionarios con las oportunidades que hay detrás de cada negociación o transacción que compromete al régimen en su impúdico devaneo con el socialismo. De manera que sus prácticas ventajistas pueden ya suscribirse a un Estado Mayor tan encubierto, como los existentes. 




Por consiguiente, la incidencia de éste, bien podría esclarecer los mecanismos oscuros que determinan los simulados y fraudulentos manejos que engloba cada acto de corrupción en el alto y medio gobierno. Por tanto, cabe la posibilidad de que en virtud de seguir forjando esta trillada y artificiosa “independencia”, la tan cacareada “soberanía”, a instancia de una hegemonía militar imbuida por la campante corrupción que desmanteló la institucionalidad nacional, se instituya un Estado Mayor (de la Corrupción).






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