Provea y OVCS exigen garantizar el derecho a la manifestación pacífica,
libertad de detenidos y cese de la represión
COMUNICADO
Caracas, 30.09.20. Las
organizaciones defensoras de derechos humanos que suscriben el
presente comunicado, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y
el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA),
denuncian ante el país y la comunidad internacional el avance de la política de
represión implementada por el Estado venezolano en contra de las manifestaciones
pacíficas que se han escenificado en regiones del
país en los últimos
días.
La profundización de la emergencia
humanitaria compleja ha impactado
a todos los venezolanos, pero de manera más dramática y aguda a los habitantes
de las pequeñas poblaciones del interior del
país, quienes en este momento protagonizan la mayoría de las acciones de calle
y movilizaciones pacíficas, para exigir el acceso a servicios básicos.
Las protestas se han ido
incrementando a lo largo del año. Hasta agosto se documentaron cerca de 6.000
acciones. De esta cifra, más de 80% fueron manifestaciones motivadas por la
exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), ubicando
las carencias socioeconómicas en el epicentro de las movilizaciones y acciones
de calle de los ciudadanos.
El 25.09.20 vecinos de Urachiche,
municipio rural del estado Yaracuy, iniciaron una marcha pacífica para exigir
servicios básicos y salarios dignos para profesores y maestros. Desde ese día
inició una jornada de protestas vecinales en los pueblos y municipios de esa entidad
que se prolongó por más de cinco días continuos.
Progresivamente, las protestas se
extendieron por otros pueblos y caseríos del interior del país. Hasta el lunes
28.09.20 se reportaron más de 190 manifestaciones pacíficas, relacionadas a
reclamos de servicios públicos y rechazando la escasez e irregularidades con en
la venta y distribución de combustible. Estas manifestaciones han sido
protagonizadas fundamentalmente por familias, y con una amplia participación de
mujeres.
La respuesta del Estado venezolano a
estas manifestaciones, populares, legítimas y pacíficas es la represión y
criminalización. El 26.09.20 efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y
Secuestro (Conas), grupo élite de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en
coordinación con la policía del estado Yaracuy y civiles armados, reprimieron a
manifestantes en la ciudad de Chivacoa, municipio Bruzual de Yaracuy,
utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas. Esta situación dejó un saldo de al menos 30 personas
detenidas, numerosos heridos y denuncias de tratos crueles inhumanos y
degradantes, allanamientos ilegales en viviendas de los manifestantes o que
están ubicadas en las inmediaciones de los lugares donde se escenificaron las
protestas.
Este patrón de represión se repitió
en los estados Aragua, Lara, Nueva Esparta y Sucre, donde también se
registraron manifestaciones de vecinos por servicios básicos. Adicionalmente, estas
entidades fueron militarizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Esto confirma que bajo la
administración de Nicolás Maduro se continúan cometiendo graves violaciones de
derechos humanos en Venezuela, tal como los denunciaron la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la
Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas
en sus más recientes informes sobre Venezuela, donde esta última instancia confirma
la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.
Lamentamos que, ante
el inminente aumento de las protestas pacíficas en las regiones, la respuesta
de quienes ostentan el poder en Venezuela sea la represión y actúen con
indolencia ante los justos reclamos de la población.
El Estado está obligado a respetar
el derecho a la protesta pacífica en virtud del artículo 20 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Igualmente, el artículo 68 de
nuestra Constitución establece que “los ciudadanos tienen derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas”.
Exigimos:
Garantizar el pleno cumplimiento y respeto
del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen
derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los
que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la
actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden
público”.
Libertad plena para las personas detenidas
arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
Dar respuesta oportuna y satisfactoria a
las personas que exigen servicios básicos y el cese a las irregularidades
en la distribución de gasolina.
Realizar las investigaciones pertinentes,
de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades y
sanciones correspondientes por las denuncias de tratos crueles inhumanos y
degradantes, y detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ocurridos
durante las manifestaciones.
Atender las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión
Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas
(MII-ONU) en materia de libertad de asociación y reunión pacífica.
