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Visibilidad de la investigación científica y académica de Venezuela en la web depende del régimen

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ODH-ULA


(Mérida 22/10/2020).- El próximo 31 de octubre se vence el plazo para pagar al Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe, LACNIC, por el uso durante el año 2019 de las direcciones IP dispuestas para alojar servidores web académicos y de divulgación científica en Venezuela. Hasta antes del control cambiario implementado en Venezuela desde 2005, ese pago lo hacía directamente cada universidad e instituto de investigaciones científicas del país, a través de la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (REACCIUN). Sin embargo, desde hace más de una década el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), es el ente encargado de gestionar ese trámite, lo que no solo constituye un acto que resta autonomía e independencia a universidades e instituciones, sino que la visibilidad web de las mismas ha estado en riesgo debido a la reiterada morosidad del régimen con LACNIC.


“El impago a LACNIC por parte del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología dejaría sin direcciones IP, y por tanto invisibles para el mundo, a los portales científicos y académicos del país, dentro de lo que se cuentan, por ejemplo, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), Fundacite, además de todas las universidades autónomas venezolanas”, reseñó una nota de prensa de la Universidad de Los Andes (ULA) el pasado 16 de octubre.


Aunque este 21 de octubre el CNTI comunicó a LACNIC que están en proceso para el pago de la factura pendiente, correspondiente al año 2019, esta situación de morosidad no es nueva. En 2018 el régimen de facto también demoró el pago, que debe hacerse cada dos años, y finalmente lo efectuó a tan solo dos horas de que venciera el plazo, según relató Leonardo González, director de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de Los Andes (DTES-ULA), a prensa ULA.


LACNIC es una organización no gubernamental internacional cuya función es la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), Números Autónomos y Resolución Inversa para la región de América Latina y el Caribe. El costo anual de las direcciones IP que provee LACNIC a la ULA es de apenas 300 dólares, debido al descuento dado a instituciones académicas que mantienen contrato con LACNIC desde sus inicios. Ese ínfimo pago no pudiera hacerlo con su presupuesto la ULA, ya que no cuenta con ese dinero debido a la asfixia presupuestaria que el régimen mantiene contra las universidades autónomas. El salario de un docente con doctorado, dedicación exclusiva y el mayor escalafón (Titular) es inferior a 6 dólares mensuales.


Violación del derecho humano a la ciencia


El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denuncia que al quitar la autonomía de pago a las instituciones académicas y científicas, y poniendo en riesgo el acceso a los servidores web de las mismas por morosidad, el régimen de facto comete violaciones de los derechos educativos, universitarios, digitales y del derecho humano a la ciencia, consagrado en distintos tratados internacionales.


El derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones es una parte importante del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 1976 y el cual Venezuela firmó y ratificó.


Así mismo, la Declaración de Venecia aprobada en 2009 establece el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, consagrado también en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2005, e incluido en la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos, aprobada por la UNESCO en 2017, y en el informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales acerca del derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, publicado en 2012.


En el reciente informe El declive de la investigación científica en Venezuela. COVID-19 y emergencia humanitaria, el ODH-ULA expone el progresivo deterioro de las capacidades científicas y tecnológicas del país a consecuencia de una política de Estado sostenida por más de dos décadas para asfixiar, someter y menoscabar la educación universitaria y la producción científica del país.






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