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José Gerardo Pérez Rodríguez fue el juez del Tribunal Penal de Juicio N° 05 del estado Mérida

Juez dicta libertad plena a cinco policías implicados en asesinato de Wuilderman Paredes

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(Mérida, 23/10/2020).- Este jueves 22 de octubre el juez del Tribunal Penal de Juicio N° 05 del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodríguez, dictó sentencia sobre el caso del asesinato de Wuilderman Paredes Moreno, cometido durante el ataque con armas de fuego por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 8 de junio de 2019, en el marco de una cola por gasolina que sumaba más de una semana en los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida. En el hecho también resultaron lesionados Luis y Gerardo Paredes, primos de la víctima mortal. Este último sufrió heridas de gravedad y durante el juicio identificó a sus agresores, a quienes dictaron libertad plena.


De los seis funcionarios policiales detenidos por el hecho, solo fue condenado a 18 años de prisión Luis Gerardo Vargas, hallado culpable por el asesinato de Wuilderman Paredes. Los otros cinco funcionarios fueron absueltos: Juan Bautista Cordero Freites, Freddy Bladimir Rodríguez, Daniel Antonio Vivas Albornoz, Junior Enrique Valero Ortega y Erica del Carmen Peña Sánchez. A pesar de que Gerardo y Luis Paredes identificaron durante el juicio a Cordero y Rodríguez como sus agresores, el juez expresó en su dictamen de sentencia que no tenía pruebas en contra de ellos.


“Para que se haga justicia tenían que haberme matado. Lo que me hicieron me echó a perder la vida, ya no puedo hacer mi trabajo por las heridas causadas, porque yo trabajo con maquinaria pesada. Me siento burlado”, dijo Gerardo Paredes al equipo de prensa del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) este viernes 23 de octubre, cuando acudió al Circuito Judicial Penal para firmar el acta final del juicio.


Jefe de la PNB absuelto


Juan Bautista Cordero Freites, además de haber sido imputado en este caso como determinador del homicidio calificado por motivos innobles en perjuicio de Wuilderman Paredes y homicidio calificado por motivos innobles frustrado en perjuicio de Gerardo Paredes, así como trato cruel en perjuicio de Luis Paredes, era el jefe de la PNB en Mérida cuando ocurrieron los hechos, a cuyos subalternos dio la orden de disparar, según lo relatado por las víctimas.


El ODH-ULA denuncia que el dictamen de libertad plena para Juan Cordero constituye un precedente lamentable en la justicia venezolana en tanto que favorece la impunidad frente al uso desproporcionado de la fuerza contra civiles desarmados ordenado por este comisionado jefe, violando tratados internaciones y la legislación nacional.


Violaciones al debido proceso y al principio de igualdad de las partes


Desde que ocurrieron los hechos, el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades que han sido denunciadas reiteradamente por el ODH-ULA. El inicio del juicio fue diferido en tres ocasiones y el tribunal no hizo la debida citación a las víctimas, impidiendo que pudieran nombrar con tiempo una representación legal. Así mismo, tras la paralización del juicio por más de siete meses debido a la cuarentena por COVID-19, el desarrollo de las audiencias finales no estuvo exento de violaciones al debido proceso.

El pasado lunes 19 de octubre el juez demoró por más de dos horas el inicio de la audiencia, la cual comenzó luego de que ordenaran al abogado Iván Toro, representante legal de las víctimas y miembro del equipo jurídico del ODH-ULA, retirarse de la sala, alegando la necesidad de cumplir con el distanciamiento social como medida preventiva ante el COVID-19. Sin embargo, el juez sí permitió la presencia de los familiares de todos los acusados, violando el principio jurídico de igualdad de las partes.


Aunado a estas irregularidades, el juez no admitió el recurso de amparo y reparación a las víctimas por extensión del asesinato de Wuilderman Paredes, que son su madre, María Leonora Moreno; Zulibeth Dugarte, su pareja, y una bebé de menos de dos años de edad, hija única del fallecido. Así mismo, el Estado no ha indemnizado hasta la fecha a Gerardo Paredes, cuyas heridas ocasionadas ameritaron la realización de múltiples cirugías y tratamientos post-operatorios.


Fiscalía interpuso recurso de apelación


Tras el dictamen del juez, la fiscal nacional designada para este caso, María Ginette Córdova, solicitó un efecto suspensivo del juicio mediante un recurso de apelación a las sentencias emitidas sobre los funcionarios Cordero, Rodríguez y Vargas. Esta acción traslada la sentencia del juicio a la Corte de Apelaciones, la cual debe revisar si se cumplió lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), a fin de ratificar o no la decisión del juez.


El recurso de apelación debe entregarse a la Corte de Apelaciones junto a una fundamentación de la sentencia elaborada por el juez, la cual aún no ha sido emitida. Si la Corte de Apelaciones no ratifica la decisión del juez, el juicio debe reponerse. Mientras tanto, todos los acusados permanecerán detenidos.


Intimidación tras el fin del juicio


Gerardo Paredes refirió al ODH-ULA que ayer 22 de octubre en la tarde, cuando llegó a su casa tras la finalización del juicio, dos funcionarios uniformados de la Policía del Estado Mérida, a bordo de una motocicleta, se pararon frente a su vivienda y la mujer policía que iba de pasajera le dijo a su colega masculino: “Sí, es aquí”. La esposa de Gerardo, que presenció el hecho, manifestó a su marido sentir temor por las represalias que puedan ejecutar los policías acusados y que serán puestos en libertad tras la sentencia. Junto a la pareja viven sus hijos, tres menores de edad.


Además de este acto de intimidación, este viernes 23 de octubre el jefe de seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, quien se identificó como José Alfredo Alpino, pidió al equipo de prensa del ODH-ULA borrar unas fotografías que habían tomado a la fachada del recinto, cuando se encontraban a las afueras del mismo tras conversar con las víctimas. El equipo periodístico se negó a la petición del funcionario, alegando que tomar esas fotos no estaba prohibido en niguna ley del país.


El ODH-ULA exige al Estado venezolano ejercer las acciones que sean necesarias para evitar la impunidad en este caso, a fin de garantizar la promoción de la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición de los hechos, establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

NOTA DE PRENSA ODH - ULA





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