Las vacunas contra el coronavirus están salvando
la presidencia de Sebastián Piñera en Chile
SEBASTIÁN PIÑERA
Pedro Benítez (ALN).- Sebastián Piñera ha demostrado ser un buen candidato presidencial, un excelente gestor público, pero un político mediocre. Su manejo de la crisis política que se desató en Chile en octubre de 2019 casi le cuesta la presidencia. Otra crisis, en este caso importada en forma de virus, le ha dado la oportunidad de salvar su cargo y, quizás, reivindicarse. En la política la suerte es fundamental, siempre y cuando se sepa aprovechar. Él la ha aprovechado.
Hace un año por estas fechas el presidente chileno Sebastián Piñera estaba contra las cuerdas pidiendo conteo de protección para evitar el nocaut. Chile, el país modelo de América Latina,
el más rico, el que más había reducido la pobreza, entró en una
inesperada crisis política en la que rápidamente Piñera quedó en el ojo
del huracán. Hasta el más condescendiente de sus críticos admite que su
respuesta a las protestas fue torpe y errática.
Hoy Chile vuelve a ser noticia, pero por razones distintas. Es uno de
los países que de manera más rápida y eficaz están vacunando en el
mundo, con un desempeño que la mayoría de los Estados de Europa
envidian. Eso gracias a una serie de acertadas decisiones por parte del
gobierno que encabeza el mismo presidente al que, hasta hace unos
meses, miles de sus conciudadanos le exigían la renuncia.
En alguna ocasión Umberto Eco escribió que la mejor
manera de tapar una crisis es con otra. Sebastián Piñera no tuvo que
inventarse una. La crisis le llegó en forma de virus.
Con menos de dos años en el poder la violenta ola de protestas
estudiantiles que se desató en Chile en octubre de 2019 lo tomó por
sorpresa a él y al resto del mundo. El mandatario simplemente perdió la
brújula y durante meses estuvo dando bandazos.
Su primera declaración pública tras el incendio de varias estaciones del Metro de Santiago
(hasta entonces uno de los orgullos de ese país), en una jornada en
cual hubo cinco fallecidos y 1.500 detenidos, fue declarar: “Estamos en
guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a
nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin
ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con
el único propósito de producir el mayor daño posible”.
Pocas horas después, el general Javier Iturriaga,
designado por Piñera como jefe de la Defensa Nacional para la Región
Metropolitana durante las protestas, desmentía al presidente al afirmar
que “la verdad es que no estoy en guerra con nadie”.
El viacrucis del mandatario apenas empezaba. Si su plan inicial
consistía en enfrentar esa crisis con pura represión había un elemento
clave dentro del Estado chileno que no parecía dispuesto a acompañarlo.
Mientras tanto sus palabras fueron más gasolina para el incendio.
En pocos días tuvo a buena parte del país levantado en su contra. En
las calles y en el Congreso se pedía la convocatoria de una Asamblea Constituyente
que reemplazara la Constitución de 1980 promulgada por la dictadura
militar, e incluso la renuncia de su cargo. Piñera pasó a convertirse en
el símbolo del “sector privilegiado” beneficiado con “el modelo
neoliberal”.
Era evidente que Piñera no estaba leyendo el ánimo ciudadano y
tampoco tenía convicción de lo que representaba o del rumbo que debía
tomar. En un intento desesperado por salvarse se lanzó en manos de la
oposición abandonando a sus propios votantes y aceptando casi todas sus
demandas con el solo propósito de ganar tiempo. Con ello se quedó sin
apoyos de lado y lado.
Su aprobación llegó a mínimos históricos para un presidente desde que
en Chile se llevan a cabo estudios de opinión pública. En enero de 2020
la consultora Cadem cifró su desaprobación en 82%.
Luego de tres meses de protestas, y al menos 27 fallecidos, el opositor Frente Amplio (FA) presentó una querella criminal en su contra como responsable de delitos de lesa humanidad. Por su parte el Partido Comunista (PCCh) amenazó con llevarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las violaciones a los derechos humanos.
Las denuncias dentro y fuera de Chile contra las fuerzas de seguridad
por torturas, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y
agresiones sexuales se multiplicaron.
En un intento por calmar los ánimos, Piñera acordó con la oposición
una reforma constitucional que habilitó el inicio del proceso
constituyente, convocando oficialmente un plebiscito para el 26 de abril
de 2020. Lo previsible era que un resultado abrumador en favor de una
nueva Constitución se interpretara como un voto popular en su contra.
Entonces llegó la pandemia
Entonces la nueva crisis vino en su auxilio. La pandemia de covid-19
ha salvado la presidencia de Sebastián Piñera. Desde que apareció en China el coronavirus ha sido un asunto político y Chile no iba a ser la excepción.
La primera consecuencia fue la postergación del plebiscito para el 25
de octubre del año pasado. Efectivamente se realizó, pero en un estado
de ánimo colectivo algo distinto.
Mientras tanto, y ratificando su fama de excelente gestor, Piñera se
adelantó al desarrollo de la pandemia negociando desde mayo pasado con
varios laboratorios de todo el mundo la compra de las vacunas antes de
que se desarrollaran y aprobaran. Su gobierno cerró tratos, y pagó por
adelantado, con Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson y la china Sinovac. Todo para asegurarse las dosis necesarias para los 19,4 millones de chilenos.
La Unión Europea no cerró sus negociaciones con los grandes laboratorios hasta noviembre.
El pasado martes el ministro de Salud, Enrique París,
informó que Chile alcanzó los 2,3 millones de vacunados. 201.000
personas en un solo día. “Nuestra meta es vacunar a toda la población de
riesgo, es decir cerca de cinco millones de personas antes del mes de
marzo, y a toda la población objetivo, es decir cerca de 15 millones de
compatriotas antes del mes de junio”, ha afirmado París.
Si Chile logra esas metas, será el primer país del continente americano en vacunar a toda su población, por delante de Estados Unidos y Canadá, y uno de los primeros del mundo por detrás del sorprendente desempeño de Israel.
De modo que Piñera vio una oportunidad y la aprovechó. Todavía queda
por ver si no sale a relucir su extraña inclinación política por echar a
perder con los pies lo que hace con las manos.
AL NAVIO
Andrés Arauz, candidato
de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano
(PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa
de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña.
Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de
febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las
organizaciones políticas.
Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos
administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan
asistidos”, según lo explicó Atamaint.
La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la
publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los
votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso
competirán en la segunda vuelta electoral”.
“Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer
recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con
pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén
apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión.
Fiscalía y Contraloría
La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por
los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión
al sistema informático del CNE.
Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información
digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del
proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis
Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad
Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía.
Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana
Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad
explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la
Corte Nacional, para ese acto considerado urgente.
El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el
almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los
comicios.
Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una
resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de
que se lleve a cabo la segunda vuelta”.
En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen
especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el
balotaje.
Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al
correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según
Arauz, es una “grosera violación de la ley”.
Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que
implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa.
Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de
los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de
parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto
sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los
resultados de estas dignidades.
Objeciones
Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas
electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar
los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo
anunció Pachakutik.
Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se
presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla
hasta dos días después de la notificación de los resultados.
Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el
órgano electoral.
Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados
numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE.
El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el
tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26
días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión,
resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto.
A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las
siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de
la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo.
La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se
presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir
variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la
contienda.
Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de
interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador
de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”.
El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó
tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el
último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la
tarde para responder a esa organización.
La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la
proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00.
Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y
Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los
paquetes electorales para una validación.
Andrés Arauz, candidato
de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano
(PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa
de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña.
Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de
febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las
organizaciones políticas.
Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos
administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan
asistidos”, según lo explicó Atamaint.
La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la
publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los
votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso
competirán en la segunda vuelta electoral”.
“Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer
recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con
pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén
apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión.
Fiscalía y Contraloría
La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por
los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión
al sistema informático del CNE.
Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información
digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del
proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis
Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad
Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía.
Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana
Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad
explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la
Corte Nacional, para ese acto considerado urgente.
El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el
almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los
comicios.
Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una
resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de
que se lleve a cabo la segunda vuelta”.
En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen
especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el
balotaje.
Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al
correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según
Arauz, es una “grosera violación de la ley”.
Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que
implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa.
Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de
los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de
parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto
sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los
resultados de estas dignidades.
Objeciones
Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas
electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar
los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo
anunció Pachakutik.
Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se
presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla
hasta dos días después de la notificación de los resultados.
Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el
órgano electoral.
Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados
numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE.
El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el
tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26
días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión,
resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto.
A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las
siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de
la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo.
La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se
presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir
variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la
contienda.
Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de
interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador
de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”.
El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó
tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el
último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la
tarde para responder a esa organización.
La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la
proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00.
Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y
Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los
paquetes electorales para una validación.
Andrés Arauz, candidato
de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano
(PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa
de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña.
Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de
febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las
organizaciones políticas.
Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos
administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan
asistidos”, según lo explicó Atamaint.
La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la
publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los
votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso
competirán en la segunda vuelta electoral”.
“Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer
recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con
pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén
apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión.
Fiscalía y Contraloría
La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por
los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión
al sistema informático del CNE.
Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información
digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del
proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis
Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad
Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía.
Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana
Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad
explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la
Corte Nacional, para ese acto considerado urgente.
El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el
almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los
comicios.
Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una
resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de
que se lleve a cabo la segunda vuelta”.
En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen
especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el
balotaje.
Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al
correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según
Arauz, es una “grosera violación de la ley”.
Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que
implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa.
Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de
los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de
parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto
sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los
resultados de estas dignidades.
Objeciones
Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas
electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar
los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo
anunció Pachakutik.
Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se
presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla
hasta dos días después de la notificación de los resultados.
Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el
órgano electoral.
Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados
numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE.
El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el
tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26
días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión,
resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto.
A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las
siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de
la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo.
La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se
presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir
variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la
contienda.
Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de
interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador
de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”.
El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó
tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el
último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la
tarde para responder a esa organización.
La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la
proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00.
Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y
Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los
paquetes electorales para una validación.
Andrés Arauz, candidato
de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano
(PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa
de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña.
Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de
febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las
organizaciones políticas.
Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos
administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan
asistidos”, según lo explicó Atamaint.
La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la
publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los
votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso
competirán en la segunda vuelta electoral”.
“Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer
recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con
pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén
apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión.
Fiscalía y Contraloría
La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por
los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión
al sistema informático del CNE.
Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información
digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del
proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis
Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad
Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía.
Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana
Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad
explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la
Corte Nacional, para ese acto considerado urgente.
El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el
almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los
comicios.
Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una
resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de
que se lleve a cabo la segunda vuelta”.
En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen
especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el
balotaje.
Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al
correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según
Arauz, es una “grosera violación de la ley”.
Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que
implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa.
Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de
los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de
parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto
sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los
resultados de estas dignidades.
Objeciones
Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas
electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar
los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo
anunció Pachakutik.
Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se
presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla
hasta dos días después de la notificación de los resultados.
Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el
órgano electoral.
Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados
numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE.
El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el
tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26
días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión,
resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto.
A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las
siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de
la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo.
La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se
presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir
variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la
contienda.
Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de
interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador
de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”.
El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó
tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el
último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la
tarde para responder a esa organización.
La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la
proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00.
Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y
Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los
paquetes electorales para una validación.
Andrés Arauz, candidato
de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano
(PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa
de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña.
Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de
febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las
organizaciones políticas.
Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos
administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan
asistidos”, según lo explicó Atamaint.
La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la
publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los
votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso
competirán en la segunda vuelta electoral”.
“Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer
recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con
pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén
apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión.
Fiscalía y Contraloría
La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por
los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión
al sistema informático del CNE.
Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información
digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del
proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis
Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad
Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía.
Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana
Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad
explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la
Corte Nacional, para ese acto considerado urgente.
El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el
almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los
comicios.
Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una
resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de
que se lleve a cabo la segunda vuelta”.
En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen
especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el
balotaje.
Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al
correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según
Arauz, es una “grosera violación de la ley”.
Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que
implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa.
Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de
los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de
parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto
sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los
resultados de estas dignidades.
Objeciones
Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas
electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar
los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo
anunció Pachakutik.
Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se
presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla
hasta dos días después de la notificación de los resultados.
Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el
órgano electoral.
Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados
numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE.
El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el
tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26
días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión,
resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto.
A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las
siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de
la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo.
La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se
presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir
variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la
contienda.
Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de
interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador
de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”.
El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó
tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el
último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la
tarde para responder a esa organización.
La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la
proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00.
Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y
Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los
paquetes electorales para una validación.
Andrés Arauz, candidato
de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano
(PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa
de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña.
Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de
febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las
organizaciones políticas.
Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos
administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan
asistidos”, según lo explicó Atamaint.
La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la
publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los
votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso
competirán en la segunda vuelta electoral”.
“Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer
recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con
pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén
apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión.
Fiscalía y Contraloría
La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por
los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión
al sistema informático del CNE.
Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información
digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del
proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis
Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad
Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía.
Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana
Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad
explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la
Corte Nacional, para ese acto considerado urgente.
El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el
almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los
comicios.
Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una
resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de
que se lleve a cabo la segunda vuelta”.
En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen
especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el
balotaje.
Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al
correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según
Arauz, es una “grosera violación de la ley”.
Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que
implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa.
Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de
los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de
parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto
sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los
resultados de estas dignidades.
Objeciones
Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas
electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar
los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo
anunció Pachakutik.
Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se
presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla
hasta dos días después de la notificación de los resultados.
Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el
órgano electoral.
Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados
numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE.
El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el
tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26
días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión,
resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto.
A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las
siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de
la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo.
La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se
presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir
variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la
contienda.
Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de
interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador
de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”.
El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó
tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el
último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la
tarde para responder a esa organización.
La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la
proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00.
Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y
Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los
paquetes electorales para una validación.
La Ley no establece un
plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de
resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se
trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde
eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales
para una validación.
Andrés Arauz, candidato
de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano
(PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa
de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña.
Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de
febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las
organizaciones políticas.
Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos
administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan
asistidos”, según lo explicó Atamaint.
La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la
publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los
votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso
competirán en la segunda vuelta electoral”.
“Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer
recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con
pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén
apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión.
Fiscalía y Contraloría
La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por
los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión
al sistema informático del CNE.
Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información
digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del
proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis
Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad
Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía.
Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana
Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad
explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la
Corte Nacional, para ese acto considerado urgente.
El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el
almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los
comicios.
Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una
resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de
que se lleve a cabo la segunda vuelta”.
En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen
especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el
balotaje.
Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al
correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según
Arauz, es una “grosera violación de la ley”.
Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que
implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa.
Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de
los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de
parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto
sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los
resultados de estas dignidades.
Objeciones
Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas
electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar
los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo
anunció Pachakutik.
Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se
presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla
hasta dos días después de la notificación de los resultados.
Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el
órgano electoral.
Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados
numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE.
El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el
tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26
días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión,
resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto.
A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las
siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de
la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo.
La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se
presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir
variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la
contienda.
Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de
interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador
de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”.
El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó
tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el
último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la
tarde para responder a esa organización.
La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la
proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00.
Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y
Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los
paquetes electorales para una validación.
