Mérida, Abril Jueves 18, 2024, 01:34 pm
El exministro de Gobierno (Interior) de Bolivia de la expresidenta
Jeanine Áñez, Arturo Murillo, fue arrestado en Miami junto con su
exasistente y tres empresarios estadounidenses. Todos están acusados de
armar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una
importación de gases lacrimógenos realizada por el país sudamericano
cuando Murillo se encontraba en funciones, reseña El País.
Según
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Murillo, su antiguo
“jefe de Gabinete” (asistente principal) Rodrigo Méndez Mendizábal y un
funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia no identificado
recibieron 602.000 dólares en coimas de parte de los tres
estadounidenses detenidos. Estos son propietarios de Bravo Tactical
Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria
entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor para la
compra, por parte de Bolivia, de gases lacrimógenos y otro equipamiento
no letal por un valor de aproximadamente 5,6 millones de dólares.
El
informe señala que esta empresa entregó los sobornos entre noviembre de
2019, días después de la llegada de Jeanine Áñez al poder, y abril de
2020, con la intención de “obtener y mantener” este contrato de
intermediación. Para el Gobierno boliviano, Bravo Tactical Solutions se
quedó con algo más de 2,3 millones de dólares del total del contrato, ya
que el pago real a la fábrica ascendió únicamente a 3,3 millones.
El
Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, de acuerdo a
las investigaciones del FBI, los tres dueños de Bravo Tactical
Solutions “lavaron el dinero” que recibieron de la transacción en bancos
del sur de Florida y “orquestaron el pago de 582.000 dólares en
efectivo a Murillo y Méndez”.
El sucesor de Murillo en el
ministerio de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que Bolivia
pediría la extradición de este y del exministro de Defensa de Áñez,
Fernando López, quien firmó el contrato de compra de los gases. López
afirmó en un tuit que ve la investigación del FBI como “una luz de
esperanza”, sugiriendo que el único responsable de lo sucedido fue su
excolega Murillo.
Ambos eran considerados los “halcones” del
Gobierno interino que se hizo cargo del país luego del derrocamiento del
presidente Evo Morales, y se encargaron de forma protagónica de la
represión de las protestas que explotaron contra la llegada de Áñez al
poder, que se saldó con más de 30 muertos. Murillo fue el principal
responsable de la persecución judicial y policial contra los jerarcas
del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. También
llamó la atención con declaraciones como que haría una “cacería humana”
en contra de un colaborador de Morales y que “daría su vida” con tal de
que el MAS no volviese al poder.
Poco antes de estos sucesos, Del
Castillo había acusado a Murillo de “hacer desaparecer” 400 kilos de
cocaína comisada por la policía y de haber impedido la extradición del
“pez gordo” del narcotráfico Einar Lima Lobo, quien debía ser trasladado
al Brasil antes de la gestión del Gobierno interino, pero solo fue
expulsado de Bolivia cuando dicha gestión acabó. Del Castillo también
denunció que 52 ex uncionarios del Ministerio de Gobierno en el tiempo
de Murillo estaban involucrados en casos de corrupción.
Murillo
llegó a ser el principal ministro de Jeanine Áñez por su amistad con la
expresidenta. Ambos eran senadores del ala más dura de la oposición
cuando se produjo la caída del MAS. Murillo era tan cercano a la
mandataria que en algunas apariciones públicas de ambos le dictaba en
voz alta los puntos que debía tocar. Según el Gobierno boliviano actual,
Áñez está relacionada con el “clan mafioso” que conformaron sus dos
exministros de seguridad. Hoy ella se encuentra en una cárcel de La Paz,
acusada de terrorismo, sedición y conspiración para echar del poder a
Evo Morales. Esta acusación ha sido criticada por varias organizaciones
internacionales de derechos humanos.
Luis Fernando Camacho,
gobernador de Santa Cruz y acérrimo opositor, se ha sumado al pedido de
extradición. “En su momento fuimos claros: el pueblo luchó contra el
fraude [que se acusa a Morales de haber realizado en las elecciones de
octubre de 2019], pero después los viejos políticos se apropiaron del
poder y traicionaron nuestra lucha”, declaró.
EFE