De estupideces y otros males por Luis Loaiza Rincón

Mucha razón tuvo Teodoro Petkoff cuando dijo con genialidad que “solo los estúpidos no cambian de opinión”. La cambiante realidad política no puede enfrentarse con éxito desde posiciones monolíticas, impermeables, fundamentalistas y definitivas. La política es, esencialmente, demasiado humana, contingente, dinámica, perfectible y requiere ciertas dosis de pragmatismo. De manera que la autoevaluación tendría que ser permanente, sistemática y estar estrechamente unida a la capacidad de aprender de los errores.

Si algún episodio de nuestra historia reciente tendría que analizarse con más cuidado es el de la consulta popular del 16 de julio de 2017. Se trató de un ejercicio democrático perdido en la ingenuidad del que tiene en la mano la jugada maestra y no sabe qué hacer con ella.

El 05 de julio de 2017 la Asamblea Nacional aprobó el “Acuerdo Sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución” en virtud del cual se dio inicio “al proceso nacional de decisión soberana” mediante consulta popular sobre el rumbo del país y sobre la base de “restablecer la vigencia de la Constitución” al amparo de su artículo 333.

Se estableció el día 16 de julio de 2017 como la fecha para la realización de la referida consulta, la única que se hizo en el marco del “proceso nacional de decisión soberana”.

Se anunció, de igual forma, que después de recabar la opinión de los electores la Asamblea Nacional adoptaría “las decisiones jurídicas encaminadas a la aplicación del mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución, conduciendo el proceso para la reconstrucción democrática de la Nación en el marco de la supremacía de la Constitución, el imperio de la Ley, el pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la preeminencia de los derechos humanos y la justicia social”.

Hoy, después de casi cinco años de tal declaración, ha quedado en evidencia que sin los recursos políticos necesarios, todo ese esfuerzo no fue más que un acto de ingenuidad irresponsable o de viveza calculada porque, al final, el resultado tangible fue un pueblo decepcionado y un pequeño grupo muy enriquecido gracias a la administración forzosa de la oposición y de los bienes de la nación ubicados en el exterior.

No obstante, al pueblo se le hicieron tres preguntas:

1.     ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?

2.     ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

3.     ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?

Independientemente de los soportes jurídicos de la consulta, las preguntas realizadas implicaban, necesariamente, una fuerza política, fáctica, contundente, tangible con la que no se contaba. La Constituyente se hizo y funcionó y ya se conocen sus resultados; la Fuerza Armada Nacional no alteró su línea institucional y la Asamblea Nacional, en lugar de fortalecerse, se debilitó debido al secuestro de sus decisiones y funcionamiento en manos de unos pocos. Todo lo demás quedó en el limbo de las ilusiones, que es lo peor que le puede ocurrir a la política.

Con el triunfo de las fuerzas democráticas en Barinas, las mismas que defienden el voto como opción de cambio en Venezuela, se abre una nueva etapa que ojalá no fracase por los mismos vicios del pasado. Es que para avanzar, forzosamente debemos aprender de los errores.