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UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA por Luis Loaiza Rincón

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LUIS LOAIZA RINCÓN


El 18 de enero de 2022 los medios reseñaron que la Asamblea Nacional (AN) había nombrado una comisión “para la formulación de la estrategia para la construcción de la Ley de Educación Universitaria”, integrada por rectores, diputados, representantes profesorales y estudiantiles.

Esta nueva iniciativa, que esperamos no corra con la misma suerte de las anteriores, debe servir para generar un gran debate nacional sobre la situación de las universidades y para iniciar la superación de sus grandes problemas. Por eso el interés de replantear las propuestas centrales que en el año 2016 realizó la Comisión Especial de la AN para el Sector Universitario (CE, 2016).

Para el año 2016 ya era evidente que la autonomía universitaria, principio fundamental para el logro de los cometidos universitarios, se encontraba seriamente vulnerada; que varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impedían la celebración de los procesos electorales en las universidades autónomas; que la asignación presupuestaria cada vez más deficitaria había generado una crisis institucional de grandes dimensiones y que el control centralizado de esos recursos y la anulación de los mecanismos autónomos de selección estudiantil, desnaturalizaban la dinámica del sector.

Hoy, las universidades sobreviven al borde del colapso total, se ha descapitalizado su patrimonio intelectual y las condiciones laborales de profesores, trabajadores administrativos, técnicos y obreros son paupérrimas. La universidades además enfrentan la debacle de su infraestructura y el atraso tecnológico de su equipamiento.

FINANCIAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Uno de los principales temas analizados fue el del financiamiento y la rendición de cuentas de las universidades públicas. En este sentido quedó claro que las universidades requieren equilibrar su presupuesto a través de la diversificación de las fuentes de financiamiento y la derivación de gastos recurrentes calculados como presupuesto universitario; avanzar en la consolidación de un Sistema de Seguridad Social de los Trabajadores y promover una cultura tributaria directa entre los egresados.

En concreto, el Estado tendría que impulsar:

1.    La diversificación de las fuentes de financiamiento universitario, lo cual podría hacerse a través de:

a.    La captación de recursos del sector empresarial a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).

b.    La creación de fundaciones como órganos propios de las universidades dedicados a captar recursos económicos derivados de su gestión científica-tecnológica, asesorías y consultorías al sector público y privado, entre otras actividades.

c.    La gestión de las reservas liquidas de las universidades a través de algunos instrumentos financieros de la banca nacional que permitan generar recursos adicionales.

2.    La asignación racional de los recursos ordinarios que permita la cobertura de los costos fijos “normados” para funcionar (gasto de personal, materiales y servicios). Para el caso tendrían que diseñarse varias fórmulas que permitan estimar tanto la financiación de la gestión universitaria como los recursos por matrícula y costes por estudiante.

3.    La creación de un fondo de subvenciones para la investigación y el establecimiento de otras retribuciones salariales para los investigadores. Se propone en este punto crear un Fondo de Desarrollo Científico con indicadores de desarrollo y progreso científico, de cooperación y asociación, entre otros criterios.

4.    El establecimiento de un fondo de subvenciones para las providencias estudiantiles. Este fondo podría emplear diferentes modalidades, a saber:

a.    Subvenciones que otorga directamente el Estado y las universidades para contribuir a sufragar los costes de manutención y residencia de los estudiantes de escasos recursos (principalmente estratos sociales IV y V).

b.    Fórmulas de financiación basada en insumos para los gastos de operatividad y mantenimiento del servicio de transporte, comedor y atención médica.

5.    La producción de indicadores académicos, económicos y de impacto social. Para poder establecer cualquier sistema integral de financiamiento público es indispensable conocer las estadísticas del sector universitario y de los diferentes órganos del Estado involucrados en la gestión del sistema de educación superior.

6.    La correcta utilización de los recursos y la permanente evaluación y auditoria de la gestión universitaria.

 

Adicionalmente, la CE 2016 consideró que era “esencial contar con una nueva Ley de Universidades y si es posible con una Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, ya contemplada en la Ley de Educación Universitaria del 2009”.

DEMOCRACIA UNIVERSITARIA Y GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL

El ejercicio de la democracia universitaria y la gobernabilidad institucional constituyen temas medulares de la actual situación universitaria en virtud de lo cual se convierte en una prioridad que la universidades autónomas realicen sus elecciones de autoridades, consejos universitarios, decanos, gremios, cajas de ahorro, sindicatos, etc.

Aquí el origen de las controversias se centra en el problema que generó la Ley Orgánica de Educción (LOE) del año 2009 que en su artículo 34 favorece una “participación igualitarista, no equitativa” de todos los sectores y actores de la comunidad universitaria, desconociendo los principios y actores reconocidos en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

En este sentido, la CE 2016 propuso:

1.    La reforma parcial del artículo 34 de la LOE con el fin de ajustarlo a lo establecido en el artículo 109 de la CRBV.

2.    La reforma parcial del artículo 30 de la Ley de Universidades vigente que identifica a quienes conforman el claustro para elegir a las autoridades universitarias con el propósito de incorporar al claustro a los profesores instructores que hayan concursado y elevar el porcentaje del peso de la participación estudiantil al 50%.

3.    La reforma parcial del artículo 25 de la Ley de Universidades con el propósito de que en los Consejos Universitarios participen representantes del personal administrativo y obrero. “Al menos un representante del personal administrativo y obrero quien ejercerá sus funciones por un año y será electo entre los integrantes de ese sector de los trabajadores universitarios”.

4.    Que cada universidad en su reglamento electoral interno establezca los mecanismos expeditos para hacer operativos estos mandatos legales.

 

CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Sobre estos temas la CE 2016 centró su interés en la situación de conflicto generado por el desconocimiento de los derechos laborales y socioeconómicos de los universitarios. En tal sentido, se consideró necesario:

1.    El respeto del derecho a la contratación colectiva que tienen los trabajadores universitarios y denunciar la estafa laboral que ha significado la adopción de las Convenciones Colectivas Únicas (CCU).

2.    Denunciar el desconocimiento de las leyes y tratados internacionales sobre el derecho a la libre asociación de los trabajadores así como de las legítimas organizaciones gremiales y sindicales.

3.    Investigar la creación de sindicatos paralelos patronales.

4.    Denunciar el desconocimiento de los pasivos laborales y el abandono del Sistema de Seguridad Social que debería amparar a los trabajadores universitarios.

5.    Denunciar el incumplimiento del pago de las pensiones del Seguro Social a los universitarios.

6.    Proponer al Ejecutivo Nacional que para garantizar el derecho que tienen los trabajadores universitarios a su pensión se emita un decreto único que resuelva los casos que presenten las universidades con sus trabajadores.

7.    Evaluar el impacto del irrespeto de la progresividad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores a través de las contrataciones colectivas y decretos ejecutivos de aumento y otros beneficios socioeconómicos.

 

SERVICIOS Y PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES

Sobre estos temas se constató el panorama de absoluto abandono de la atención al sector estudiantil y por eso se propuso que la AN elaborara un marco normativo permanente para la atención y protección social del estudiante Venezolano en todos sus niveles, asumiendo el mandato constitucional de garantizar acceso a la educación de calidad a todos, pero igualmente la permanencia y culminación satisfactoria de la formación en el sistema educativo, garantía esta que sólo es posible con una adecuada protección del estudiante.

INSEGURIDAD EN LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS

 

Esta problemática contempla diversos aspectos que afectan no sólo la integridad física y psicológica de los integrantes de la comunidad, sino también la preservación de los bienes e infraestructura de las universidades. Al respecto, la CE 2016 propuso dos estrategias complementarias:

1.    La estructuración de un sistema integral de seguridad, de acuerdo a las características y entornos específicos de cada campus universitario. Un sistema de tal naturaleza debería incluir y articular los siguientes elementos de acción:

a.    Registros sobre las amenazas y sobre las defensas existentes.

b.    Mecanismos de difusión de información y opiniones.

c.    Mecanismos de participación responsable de la comunidad universitaria en las denuncias, el control, el apoyo solidario y el manejo adecuado de situaciones de emergencia.

d.    Procesos de evaluaciones periódicas y participativas de la situación de seguridad.

e.    Existencia de una dirección de seguridad y un cuerpo de vigilantes, formados y comprometidos con una perspectiva compartida sobre la seguridad.

f.     Mecanismo de articulación con la fuerza pública, para su participación legal en el recinto universitario.

g.    Usos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) para optimizar los procesos y respuestas del sistema.

h.    Debe diseñarse un sistema integral de seguridad para las universidades.

2.    El desarrollo de un Proyecto de Investigación-Acción que permita implementar un Sistema Integral de Seguridad fundamentado en la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. Los principales objetivos de tal sistema serían:

a.    Contribuir al diseño de estrategias de seguridad integral con la participación de la comunidad universitaria.

b.    Impulsar la construcción de un modelo colectivo de seguridad integral en las universidades.

c.    Incentivar la participación de la comunidad universitaria en la defensa de sus derechos y en la protección y resguardo de los bienes de todos.

Adicionalmente, la CE 2016 propuso:

1.    Revisar el marco jurídico nacional relacionado con la preservación de la seguridad en los recintos universitarios.

2.    Exigir al Estado venezolano la garantía de la seguridad de la comunidad universitaria, sujeta a la asignación de los medios y recursos necesarios que requieren las casas de estudio del país.

3.    Recomendar a las universidades la estructuración de un Sistema de Seguridad Integral en el contexto de sus necesidades, estimando los costos para su diseño e implementación.

4.    Atender desde la AN los sistemas de seguridad integral propuestos por las universidades del país para la adjudicación de los recursos necesarios.

LEY ORGÁNICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Sobre este tema la CE 2016 consideró que una nueva reforma de la LOCTI era necesaria para corregir, entre otros problemas, la crisis que ha generado la absoluta centralización de recursos en un organismo burocrático como el FONACYT. Además, la reforma de la LOCTI debería: (1) impulsar la productividad nacional y (2) rescatar las capacidades en CTI de las empresas, universidades, centros de investigación y organismos del Estado. Para el logro de estos objetivos se propone el desmontaje del control ideológico por medio de la (a) eliminación de condicionamientos relacionados al Plan de la Patria, (b) definición de prioridades nacionales de ciencia y tecnología sin sesgos ideológicos, c) transparencia pública de los aportes y el manejo de los recursos, y (d) promoción de la relación efectiva Estado-Academia-Industria.

Como observación final no queda más que indicar que la superación de la compleja problemática universitaria exige, además de nuevas normas, un gran acuerdo nacional que convierta a las universidades en el motor que haga posible la construcción de un mejor país.





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