El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, derogó este sábado el
estado de excepción por grave conmoción interna, decretado en seis
provincias de las veinticuatro del país en el marco de las protestas
lideradas por los indígenas por la carestía de la vida.
Con
la suscripción del decreto 461 dio por terminada la medida que incluía a
las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e
Imbabura, donde se habían concentrado las protestas encabezadas por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
El estado de excepción había sido decretado por Lasso desde el
pasado sábado 18 de junio inicialmente para tres provincias (Imbabura,
Pichincha y Cotopaxi) que luego amplió el martes 21 de junio a otras
tres (Tungurahua, Chimborazo y Pastaza).
Con
esa decisión, el Gobierno “ratifica la disposición de garantizar la
generación de espacios de paz en los cuales los ecuatorianos puedan
retomar paulatinamente sus actividades”, señaló la Secretaría General de
Comunicación de la Presidencia.
La derogación
del decreto por el que se declaró el estado de excepción era una de las
peticiones de la Conaie para abrirse al diálogo.
El
anuncio de la terminación del estado de excepción se dio horas después
de un primer acercamiento entre el líder de la Conaie, Leonidas Iza, y
representantes del Ejecutivo, en un encuentro convocado por el
presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.
Asimismo,
la decisión se conoció mientras el pleno de la Asamblea Nacional
desarrollaba una sesión virtual para tratar, como único punto, un pedido
de destitución del presidente Lasso, quien el viernes denunció un
intento de golpe de Estado en su contra.
La
petición de la destitución del gobernante la realizaron asambleístas
afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017) bajo la causal de grave
conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto costo de
la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.
La
ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la
destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la
presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo
presidente para exponer sus alegaciones.
Luego
del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del
mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente
a 92 de los 137 asambleístas.
La sesión tiene lugar durante el día trece de movilizaciones convocadas, principalmente por la Conaie.
El
movimiento indígena exige el cumplimiento de un pliego de diez
demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los
combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera
necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la
actividad petrolera y minera en la Amazonía.
Con información de EFE