EL PACTO DE GOBERNABILIDAD CTV-FEDECÁMARAS-IGLESIA DE 2002 por Luis Loaiza Rincón

El 5 de marzo de 2002, Jesús Urbieta (director del Instituto Nacional de Estudios Sindicales), Carlos Ortega (presidente de la CTV), Pedro Carmona Estanga (presidente de Fedecámaras) y Luis Ugalde (representante de la Conferencia Episcopal Venezolana) firmaron un documento que se conoció como el “Pacto de Gobernabilidad CTV-Fedecámaras y la Iglesia”.

 En él se indicaba que, ante la incertidumbre creciente, los claros signos de ingobernabilidad, los riesgos que corría la estabilidad democrática y la negativa oficial a propiciar los entendimientos necesarios para que el país avanzara, la CTV, Fedecámaras y la Iglesia Católica tomaban la iniciativa de “diseñar las estrategias para producir respuestas y soluciones a mediano y largo plazo y lograr consensos de los diversos sectores y actores principales para llevarlo a cabo”.

 Los proponentes partían de un diagnóstico desalentador: decepcionante desempeño económico, social e institucional durante las últimas dos décadas; caída del ingreso; estancamiento del empleo formal, profundización de la pobreza; deserción escolar y deterioro sostenido de las instituciones públicas y privadas. Resaltaban que la masiva pobreza era el principal problema del país y que la estrategia para su superación debía constituir el eje inspirador de políticas públicas cuyo contenido sustantivo fuera la base de un acuerdo nacional sostenible a mediano y largo plazo.

 De igual forma, el documento contenía un reclamo a los partidos y un reconocimiento a la sociedad civil y a los medios de comunicación. A los primeros se les indicaba que una sociedad moderna y democrática era impensable sin partidos políticos, por lo cual debían actualizarse programáticamente, democratizarse y adoptar nuevos esquemas de relacionamientos con la sociedad civil. Esta, a su vez, se reconocía como la mejor garantía para controlar y exigir a los gobiernos el rescate de los objetivos y la eficiencia del Estado. Los medios eran “las voces vigilantes del desempeño gubernamental y privado” y en esta coyuntura juegan “valientemente un papel central en la formación de la conciencia crítica de la sociedad”.

 Este pacto se articuló alrededor de 10 propuestas: 1) Superar la pobreza, 2) Acordar un plan inclusivo y de unidad nacional, 3) Impulsar un modelo político civil, democrático y constitucional, 4) Defender un contexto pacífico y tolerante, 5) Fijar el papel de la Fuerza Armada Nacional en el contexto de una sociedad democrática, 6) Alcanzar la eficiencia, productividad y transparencia de las políticas públicas, 7) Restablecer el equilibrio y complementariedad entre Estado y Sociedad, 8) Articular los factores ligados al capital y al trabajo, 9) Revisar la inserción internacional del país, 10) Reforzar la ética, los valores y la educación.

 En su momento algunos consideraron que esta iniciativa resultaba ingenua por no tomar en cuenta la efectiva disposición del poder. Un mes después sobrevino una cadena impensable de acontecimientos: El 7 de abril Chávez despidió a los trabajadores de Pdvsa, el 9 se llamó a una huelga general que al día siguiente se declaró indefinida para forzar la renuncia de Chávez, el 11 se realizó una extraordinaria marcha que debía terminar en PDVSA Chuao, pero finalmente se llevó a las inmediaciones de Miraflores. Ese día hubo 18 muertos y casi 70 heridos. El 12 de abril se consumó el golpe contra Chávez conformándose un “Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional”, presidido por Pedro Carmona Estanga. También se disolvió la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, se suspendió al fiscal general, al contralor general y a los gobernadores y alcaldes electos. El 14 de abril Chávez fue liberado y repuesto en la presidencia de la República.

 Veinte años después, la búsqueda de un gran acuerdo de gobernabilidad sigue siendo válido. No obstante, si se atienden las lecciones de la historia, se tendrá claro que un pacto de esa naturaleza jamás funcionará con exclusiones.