2023 preelectoral, gasto social público e inflación por Isaías Márquez

Durante el año venidero, cuando expira el período presidencial del mandato tan cuestionado de Nicolás Maduro Moros. De acuerdo con la CRBV eligiremos a un nuevo presidente, lo cual conlleva desde ahora, tal y como sabemos, inversiones ambiciosas en campaña electoral. En efecto, por la teoría de los ciclos político económicos, el gobierno incrementará el gasto público social con miras a ganar votos y asegurarse una reelección potencial para otros períodos. Asimismo, es común que a este impulso siga un ajuste durante el primer año de ejercicio y el consiguiente proceso inflacionario, aspectos todos que en el caso puntual que nos ocupa ya vienen desde poco antes de 2015 mediante la entrega de bonos al voleo y “atención muy especial” a situaciones de contingencia por fenómenos extremos, tal y como los habidos en Mérida, Las Tejerías, El Castaño y algunas zonas del Distrito Capital hacia fines de 2022.

Tenemos las experiencias de comportamiento del gasto público social 1999-2009, dentro del cual destaca el lapso 2006-2009 como el de mayores erogaciones sociales per cápita en la historia fiscal venezolana por la participación de los mecanismos extrapresupuestarios, tales como: Fonden y el gasto social directo de Pdvsa en la promoción de un centralismo “indirecto” que refuerza las decisiones sobre los recursos públicos a disponer el Ejecutivo.

Y, será así como los presupuestos generales del Estado pretenderán combatir los efectos inflacionarios mediante un aumento de gasto público social y una apuesta por las inversiones de transnacionales petroleras a objeto de mejorar la competitividad del país, que se financiarán naturalmente, mediante una mayor recaudación tributaria y con la aportación de algunos fondos de organismos internacionales.

Al cierre de 2022 la AN oficialista sesionó para consideración del informe que presenta la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la APN.