El Gobierno peruano evacuó este sábado a 418 turistas que se encontraban
varados en la ciudadela de Machu Picchu debido a las manifestaciones
gubernamentales. Los afectados han sido trasladados a la ciudad de
Cusco.
"Esta tarde se logró el traslado de 418 visitantes
nacionales y extranjeros, desde Machupicchu pueblo hasta la capital del
Cusco" por vía férrea, señaló la cartera de Turismo.
El
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo precisó en un comunicado que
el traslado de los visitantes afectados, de los que 148 son extranjeros,
se realizó en dos trenes que los llevaron hasta la estación de
Piscacucho, donde los esperaban buses para transportarlos a Cusco.
En
la misma jornada, las autoridades anunciaron el cierre del sitio
arqueológico y del camino que conduce a la ciudadela inca, alegando
motivos de seguridad ante las protestas antigubernamentales que se han
desatado por todo el país, dejando decenas de muertos.
Cebe
recordar que el gobierno había anunciado el cierre por "tiempo
indefinido" del ingreso a la ciudadela inca alegando motivos de
seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina
Boluarte.
La decisión se había tomado luego de que el servicio
ferroviario entre Cusco hasta Machu Picchu el único medio disponible
entre ambos puntos, se suspendiera por daños a la vía férrea
presuntamente provocados por manifestantes.
En tanto, centenares
de personas volvieron a reunirse en la noche del sábado en el centro de
Lima, sobre todo en torno al Congreso, y se generaron nuevos incidentes,
aunque de dimensiones menores.
La Unión Europea (UE) alzó su voz
sobre la crisis y lamentó "el gran número de víctimas mortales" y llamó
al gobierno y a la oposición "a tomar medidas urgentes para restaurar
la calma".
El sábado también falleció un manifestante que estaba
gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las
protestas en Ilave, en la sureña región de Puno, informó a la AFP
Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de esa localidad, quien llamó a la
policía a no hacer "uso desproporcional de la fuerza".
Imágenes
viralizadas en las redes sociales muestran a policías disparando al
cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, pequeña ciudad a
3.800 m de altitud cercana al lago Titicaca, en la frontera con
Bolivia.
La represión en Ilave, desató la ira de la población que
incendió la comisaría al amanecer del sábado, de acuerdo con medios
locales.
Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas
del orden dejaron 10 heridos en esa ciudad, indicaron fuentes
hospitalarias.
En Lima, la policía ingresó a la fuerza a la
Universidad Nacional de San Marcos rompiendo una enorme reja con un
vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes indígenas y
estudiantes que ahí pernoctaban.
Estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria a rechazar la intervención policial.
"Tengo
familiares aquí dentro, no sabemos qué les puede pasar. No sé de que se
les acusa", dijo a la AFP Luz María Ramirez, de 62 años, quien llegó
desde Andahuaylas, epicentro de las movilizaciones en diciembre.
Abogados
que llegaron al lugar denunciaron que no se les permitió su presencia.
Los manifestantes habían pernoctado en la universidad a pesar de la
negativa de la institución.
La universidad dijo que la Policía
actuó "de oficio" porque los ocupantes no cumplieron la supuesta promesa
de retirarse el jueves.
El ministro del Interior, Vicente
Romero, afirmó en el Canal N de televisión que la intervención se
dispuso "dentro de la flagrancia" tras reportes de autoridades
universitarias de la comisión de delitos por algunos de los ocupantes.
Agregó que los detenidos enfrentan acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz.
Un
portavoz de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo que los detenidos
son unos 200, que fueron llevados a la Prefectura de Lima.
La
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a
"asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y
garantías del debido proceso" y recalcó que llevar a los detenidos "ante
autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la
protección de los derechos de todas las personas".
La Defensoría
del Pueblo denunció no se le permitió ingresar a la universidad durante
la intervención. Lo mismo sucedió con parlamentarios de oposición.
Hasta
la Prefectura llegaron personas a expresar apoyo a los detenidos. "Es
un abuso lo que están haciendo. Les dicen terroristas, pero son
campesinos que han venido a hacer sus reclamos", dijo a AFP Dalia
Sánchez, una desempleada de 64 años.
Las autoridades alegan que
las marchas son promovidas por movimientos y grupos sociales radicales
de izquierda que han movilizado a campesinos indígenas del sur.
Las
protestas iniciaron tras la destitución y detención del presidente
Pedro Castillo el 7 de diciembre después de que intentara disolver el
Parlamento controlado por la derecha, que estaba a punto de sacarlo del
poder por presunta corrupción.
El izquierdista Castillo, un
exmaestro rural de origen indígena, fue sustituido por su vicepresidenta
Boluarte, cuyo gobierno impuso un estado de emergencia por las
protestas en un tercio de las regiones del país y la capital.
La
crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la
capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo y que vieron en
su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
AGENCIAS