Es la pregunta más repetida por todos los venezolanos. Los precios son
una variable clave en la dinámica económica de cualquier nación, su estabilidad
facilita la adecuada toma de decisiones, da certeza acerca de los
acontecimientos por ocurrir y garantiza que los agentes actúen bajo criterios
de optimización; mientras que el desconocimiento del valor de las cosas y el
uso de la ley para definir el precio de los productos ocasiona la segmentación
de los mercados: oficiales y paralelos, racionamiento y multiplicidad de
precios para una mercancía. Así, la generalización de controles de precios
llena de incertidumbre la economía, refuerza el papel de los mercados paralelos y otorga poder de
mercado a los actores capaces de infringir la ley.
Luego del uso recurrente de políticas de precios máximos, donde se
insistió en el reconocimiento de los encadenamientos que se dan en los procesos
productivos, la identificación de los costos de producción, la definición de un
margen de ganancia y el establecimiento del precio justo, la economía
venezolana ha llegado al escenario de máximo nivel de incertidumbre acerca del
valor de los productos. Al respecto se han desarrollado dos posiciones que
mantienen grupos de agentes económicos que insisten, cada uno por su cuenta, en
lograr el máximo beneficio por sus actividades.
Una primera posición sigue con la idea de que la economía es una línea
cuya evolución solo puede ser alterada por la modificación de las variables que
la determinan; el control de estos parámetros garantiza la adecuada evolución
de la actividad económica, y cualquier anormalidad solo exige la actualización
del valor dado a las variables que condicionan el comportamiento de los
productores, consumidores e inversionistas. Dentro de este enfoque, la solución
a todos los problemas económicos del país pasa por lograr nuevos acuerdos con
los actores de la economía para definir nuevos valores tanto para precios como
en cantidades. El cumplimiento de estos acuerdos asegura la estabilidad del
sistema de precios, mientras que conductas alegadas de lo establecido impiden
el correcto funcionamiento de la economía. Los defensores de esta posición
insisten en establecer precios máximos calculados mediante el análisis de la
estructura de costos de las empresas y respetando el margen de ganancia
establecido por ley. La dinámica así propuesta ha generado un exceso de demanda
de los productos comercializados a precios acordados, desincentivos a la
producción y aparición de mercados paralelos.
Y la segunda posición resulta de asumir los riesgos de evadir la ley para
atender la escasez generada por la primera posición. Los actores reconocen la
oportunidad de obtener rentabilidad al comprar productos a precios acordados
para luego venderlos a precios más altos. Aparece el arbitraje y la
especulación como resultado de la elevada incertidumbre que esta detrás de
realizar una actividad ilegal. Quien participa de esos mercados busca recuperar
la inversión, asegurar rendimientos y garantizar los recursos que compensen
infringir la ley. Amparados en esto los agentes económicos definen el precio
más alto posible para sus productos, sin importar los costos asumidos en el
proceso de producción, el precio de la competencia o la capacidad de compra de
los consumidores.
Entre ambas posiciones, y aún por descubrirse, esta la solución óptima
para la definición del valor de mercado de los bienes y servicios que se
comercializan en la economía nacional. Para ello se requiere la libertad para
la toma de decisiones, así como claras reglas de juego que devuelvan la
confianza a los participantes de una transacción.
@ajhurtadob