El principal resultado de la implementación del Plan de recuperación,
crecimiento y prosperidad económica ha sido el incremento de la escasez de los
productos cuyos precios se actualizaron. La hiperinflación desactualizó en un
tiempo muy corto los valores nominales establecidos, dificultando la reposición
de inventarios de materias primas y del producto final. Así, el exceso de
demanda de las mercancías comercializadas al nuevo precio máximo acordado esta
llevando a nuevos ejercicios de racionamiento: venta de productos por comuna,
distribución de bienes por sectores, y relanzamiento de los consejos comunales
de producción y abastecimiento como garantes de la repartición de los bienes y
servicios escasos.
De esta manera, queda claro el empeño gubernamental de ir hacia la
automatización del acceso a los bienes y servicios de primera necesidad que se
intercambian en la economía, mediante bolsas y cajas CLAP, carnet de la patria,
compras programadas para combustible y medicinas, asignación de mercancías por
sectores y mediante unidades comunales. Con esta forma de gestionar la economía
se busca hacer cumplir los principios establecidos en la Ley de Costos y
Precios Justos, respetar el precio máximo de venta al público acordado,
eliminar la escasez y el desabastecimiento de productos básicos, además de
asegurar la participación de la comunidad como agente en la distribución de los
bienes que se producen y comercializan en Venezuela.
En este sentido, el sector público nacional intenta sustituir al mercado
tanto en la fijación de precios como en el rol de abastecer a la sociedad de
las mercancías que necesita. Con ello, el acto de abastecer deja de ser
realizado por unidades productivas con fines de lucro y criterios de propiedad
bien definidos para ser responsabilidad exclusiva de las empresas públicas y la
organización comunal.
La principal dificultad de esta forma de participación del gobierno en la
economía surge de la falta de claridad en relación con lo que representa un
proceso de abastecimiento: aquellas actividades que permiten la identificación
y compra de los bienes y servicios que una sociedad necesita para avanzar,
donde se incluye la elaboración de mercancías, la logística y la cadena de
suministro. Utilizando dicho principio, cada empresa pública debe prever la
demanda de sus consumidores y asegurar la entrega de productos a los
distribuidores con el fin de evitar el agotamiento del inventario y la
aparición de escasez. Cuando esta definición de abastecimiento no se considera,
la actividad empresarial pública se realiza bajo el criterio de someter a una
distribución ordenada los bienes escasos, es decir, racionar. De esta manera,
las empresas del Estado venezolano en lugar de privilegiar la producción
eficiente de mercancías para asegurar el abastecimiento de los mercados y
evitar la escasez, participan de la acción de limitar el consumo de bienes y
servicios mediante la distribución de raciones por grupos de individuos.
El racionamiento como forma de intervención del sector público en la economía
ha llevado al incremento de la burocracia, la informalización de las
actividades económicas y la profundización de la desigualdad, debido a que no
ha estimulado el aumento de la producción y ha permitido que los ciudadanos más
próximos al gobierno reciban una mayor porción del nivel de producto obtenido
en detrimento del resto de la sociedad. En lugar de racionar, deben generarse
los incentivos necesarios para recuperar los mercados, facilitar la inversión
privada e impulsar la elaboración de mercancías que aseguren el abastecimiento
eficiente de bienes de primera necesidad.
@ajhurtadob