Mérida, Febrero Domingo 09, 2025, 04:07 pm
El problema se plantea fundamentalmente, por el incumplimiento de pagos que se produjo en 2017 con Pdvsa, equivalente a unos USD 200 millones, cuando el régimen chavista ordenó arbitrariamente, (11/2017) la suspensión, que pretendió manipular, como buen sofista, bajo el concepto de refinanciación del pago, (por maula, tal y como quizá lo hubiese llamado el extinto dr Uslar Pietri) las condiciones económicas e institucionales reducen dramáticamente, la capacidad del gobierno para iniciar un proceso de renegociación de la deuda ; pues, hasta tanto no honre esta, no sería posible que Venezuela tenga acceso a los mercados financieros internacionales, lo que coadyuvaría al impulso de nuestra economía, cuyos acreedores podrían intentar acciones legales por default ya que aumenta o propicia los riesgos de acciones legales contra Venezuela a un corto plazo, tal y como ya hemos visto con la situación de Citgo. Pues, desde un punto de vista jurídico, la “deuda pública venezolana” abarca a todas las obligaciones patrimoniales del Estado venezolano; es decir, toda obligación que conlleve el pago de sumas dinerarias puesto que estaría en juego o socavaría la estabilidad económica y aspiraciones democráticas de Venezuela, - por la permanencia de Citgo- , con actitudes muy bien definidas y perfiladas por el binomio descollante Machado Parisca-González Urrutia, ya de aceptación generalizada sobremodo, entre la población votante venezolana, según encuestas formales de instituciones creederas; quizá, razón la cual los congresistas estadounidenses han solicitado del presidente Biden la salvaguarde de Cito, único activo extraterritorial de Pdvsa. Ínterin, toda acción por vía ejecutiva continúa inexorablemente, latente, a menos que el cambio político venezolano en expectativa fructifique con creces.
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