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Comunicado: La ULA no reconoce el sistema Patria

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COMUNICADO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES


 COMUNICADO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, ULA MÉRIDA, Regionales,

El presente Comunicado, es una decisión monolítica de la Universidad de Los Andes (ULA), representada en la unanimidad de su Consejo Universitario, Gremio de docente (Apula), sindicatos y asociaciones de empleados y obreros (Siprula, Aeula y Soula), así como en la Federación de Centros de Estudiantes (FCU), caracteriza este momento de criterio unificado ante las pretensiones del Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) de implantar una modalidad de pagos de sueldos y salario ajena y violatoria de la esencia autonómica universitaria. Es importante destacar la participación más allá de esta representantividad que, mediante una encuesta en línea impulsada por el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, los ulandinos rechazaron en un 94 por ciento el sistema Patria como vía de pago.


A continuación el documento que asienta y expresa para este momento histórico el pensamiento de los universitarios.


A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL, A LA OFICINA

DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UIVERSITARIO (OPSU)


El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de sus atribuciones legales, se dirige  a la opinión pública nacional y a la OPSU, para rechazar categóricamente las pretensiones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), de modificar el procedimiento para el pago de sueldos y salarios de los universitarios, trasladándolo a la denominada “Plataforma Patria”.

La postura de la Universidad de Los Andes fue decidida de manera unánime por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria del 9 de marzo de 2021,  contando con el respaldo público, expreso, documentado y presencial de la gran mayoría de los gremios y sindicatos que hacen vida en la institución. Este rechazo categórico se basa en el señalamiento de una serie de argumentos de tipo legal, así como en la enunciación de una lista de casos que demuestran que la intervención del Ejecutivo Nacional, por intermedio del MPPEUCT, cuando ha asumido el control y administración directa de algunos servicios universitarios, ha ocasionado su deterioro, su deficiente funcionamiento e incluso su cierre, aun cuando estos funcionaban satisfactoriamente bajo la administración universitaria en consonancia con lo principios autonómicos que así lo estipulan.

La Constitución Nacional, pacto social supremo que encabeza el orden jerárquico normativo en el Sistema Jurídico Venezolano, reconoce en su Artículo 109 la Autonomía Universitaria como principio y jerarquía, asignando a las universidades la responsabilidad de darse sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente del patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. 

El ejercicio del Artículo 109 constitucional se materializa en la Ley de Universidades, que establece en su Artículo 9 que las universidades disponen de Autonomía organizativa para dictar sus normas internas; académica para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión; administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo; y Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio. En consecuencia, el Consejo Universitario  es el único órgano con la competencia constitucional y legal necesaria para aprobar una migración hacia una plataforma de pago distinta. Por lo cual, la pretensión injerencista de la OPSU, en caso de ejecutarla, sería nula, írrita, por violar flagrantemente tales principios constitucionales y legales.

Las pretensiones de realizar los pagos a través de la “plataforma patria” representan más que un simple cambio de procedimientos. Se trata de una acción intervencionista que incrementa el control de las universidades por parte del gobierno nacional, dejando abiertas las puertas a manejos discrecionales bajo criterios netamente político - partidistas, pues se desconocen los lineamientos o competencias que se estaría atribuyendo la OPSU y el ministerio con esta acción.

Si las universidades autónomas venezolanas acceden a esta decisión se estarían haciendo cómplices de una nueva violación a la autonomía financiera y económica  constitucional y legalmente reconocida, que puede convertirse en un mecanismo de grave intromisión que limite la libertad  académica y la libertad de cátedra, por  cuanto dejaría a la discrecionalidad y control del Ejecutivo Nacional el pago de salarios y demás beneficios socio-económicos, así como otros aportes que con muchas dificultades se han mantenido por las universidades para procurar su seguridad social. A ello se le suma que el MPPEUCT ha publicado unos lineamientos en los cuales establece las “carreras prioritarias” que, en función de un supuesto Sistema Productivo, discriminan de facto áreas del conocimiento que son esenciales para el desarrollo pleno y armónico de la ciudadanía y de la nación.

La experiencia precede las acciones, por lo que quienes hacen vida en el golpeado y humillado sistema universitario venezolano, no pueden esperar resultados distintos si se siguen aplicando las mismas acciones; ya se conocen las consecuencias que acarrea la intromisión del gobierno en la administración de componentes esenciales de carácter socioeconómico:

- Los comedores universitarios entraron en una espiral de insuficiencias luego de que el Ministerio asumiera el envío de los insumos necesarios para el funcionamiento, arrebatando funciones a las universidades con procedimientos desorganizados e inconstantes, afectando principalmente a los estudiantes que dependían del servicio para su alimentación, hasta que se materializó su eliminación.

- El transporte estudiantil fue empujado a la paralización al no ser atendido mediante la asignación presupuestaria de la OPSU, convirtiendo este patrimonio en chatarra por la imposibilidad de hacer su reposición y mantenimiento.

- Los programas de salud y planes funerarios fueron centralizados en el SISMEU en 2017, un servicio marcado por su ineficiencia que ha dejado a los universitarios desprotegidos.

- La asignación de dotaciones de uniformes para obreros y vigilantes quedó en el olvido, y las últimas entregas se hicieron de manera desorganizada, excluyendo parte del personal.

- Las becas estudiantiles, otrora sinónimo de estímulo y reconocimiento, no sólo se convirtieron en motivo de burla por sus montos insignificantes, sino que se dejaron de pagar, para luego aparecer con las mismas imposiciones del portal patria, sin traer mejoras relevantes para la menguada calidad del bienestar estudiantil, desconociendo que el régimen de becas que durante muchos años implementó nuestra institución eran parte de todo un sistema de atención, beneficio y acompañamiento  estudiantil  individualizado, que además del pago del recurso financiero formaba parte de una atención socioeconómica, psicológica y vocacional integral, orientada a estudiantes con niveles de ingresos precarios, o que requirieran ayuda en otros aspectos para mejorar su prosecución y éxito escolar.

- La aplicación forzosa del Decreto 6649 que impidió, entre otras cosas, el mantenimiento y la reposición del equipamiento necesario para la actividad docente, administrativa y técnica de la Universidad. Con esta lista de fracasos debemos preguntarnos como institución ¿quién garantiza que los miserables sueldos universitarios serán pagados de manera eficiente? Se presume que serán las mismas instancias que envían los gastos de funcionamiento tardíos y devaluados, imposibilitando el funcionamiento de la universidad, afectando la calidad de vida de los universitarios, la formación de la sociedad y el futuro de la nación.

Adicionalmente, la Universidad seguirá siendo el ente que por ley, asumirá la responsabilidad de contratación de todo su personal y será el receptor de todas las quejas y reclamaciones que, con todo derecho, deberán ejercer los universitarios ante las fallas que acuse  este sistema por su incumplimiento, sin tener ningún control, ni responsabilidad, ni posibilidad de corrección por cuanto lo tendrá el Ejecutivo Nacional directamente.

Frente a estas pretensiones injerencistas e írritas del Ejecutivo Nacional, por intermedio del MPPEUCT, el Consejo Universitario ha acordado lo siguiente:

1.- Introducir una demanda legal ante la Corte de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras razones, porque se estaría obligando a las universidades  a violar la Constitución Nacional.

2.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes dirigirá sendas comunicaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues existe una violación a la autonomía universitaria, del derecho al trabajo, derecho a la educación y derecho a tener un sistema de seguridad social que responda a las necesidades de los ciudadanos.

3.- Los gremios y sindicatos, unidos en el rechazo a esta medida, han acordado hacer denuncia por ante la Organización Interamericana del Trabajo (OIT), pues el cambio de sistema de pago, hacia un sistema evidentemente político-partidista, se constituye en un proceso de despido indirecto y discriminatorio, debido a que instrumentalizan la plataforma del Sistema Patria como mecanismo obligatorio de pertenencia al mismo, por cuanto que  las personas que no están registradas en él quedarían excluidas del sistema de pagos, tal como ha ocurrido con el proceso de entrega de bonos creados por el gobierno.

Desde la Universidad de Los Andes exhortamos a todos los universitarios venezolanos a hacer suya la Autonomía Universitaria, la cual no solamente es un derecho y un deber constitucional para las casas de estudio, sino una filosofía de vida para quienes hacen vida en ellas.

El rescate y supervivencia de las universidades autónomas no debe ser visto como un asunto de los universitarios, pues de ello depende la formación de los hombres y mujeres que construirán una mejor sociedad para todos los venezolanos.


 Mérida, 13 de marzo de 2021


Mario Bonucci Rossini

Rector


José Andérez Álvarez

Secretario






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