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Myanmar: política y economía por Alberto José Hurtado B.

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Alberto José Hurtado B.


La política y la economía están estrechamente relacionadas. Aunque muchos funcionarios, políticos y académicos, insisten en priorizar una sobre otra, son áreas fundamentales para el funcionamiento de una sociedad que no deben verse ni atenderse por separado, debido a las terribles consecuencias que trae el desequilibrio de la economía sobre la estabilidad política, y viceversa.


En este orden, Myanmar es un buen ejemplo. En los últimos diez años la economía de este país asiático se benefició de importantes reformas económicas y políticas, logrando un crecimiento anual superior al 7%, reducción de la pobreza y un aumento significativo de la inversión extranjera. Pero la inestabilidad política generada por el golpe militar del pasado febrero amenaza con revertir, o a puesto en riesgo, una década de escalonado progreso económico.


Al respecto, los mayores impactos económicos generados por la falta de acuerdos políticos acerca del mejor sistema de gobierno para el país y el objetivo común que como sociedad todos deben perseguir, han sido: a) cierre de la mayoría de los sectores productivos debido a que millones de trabajadores del sector público y privado se han negado a trabajar hasta que se restablezca la democracia; b) interrupción de los servicios de transporte y la Internet, alejando a las comunidades de los mercancías necesarias para satisfacer las necesidades más básicas, así como de la información e interacción con el resto del mundo; c) escasez de efectivo, como consecuencia del cierre de los bancos y restricciones a la movilidad de fondos; y d) violación de la propiedad privada, en el intento del gobierno militar de reactivar la economía obligando a las empresas a retomar sus actividades.


Así, la activa participación de trabajadores portuarios, camioneros y funcionarios de varias agencias gubernamentales en contra del golpe de Estado ha paralizado el comercio internacional. De igual forma, el gobierno militar ha impuesto cierres periódicos y límites a las conexiones a la Internet para tratar de sofocar la oposición política, provocando dificultades operativas para las empresas, los hogares, y las propias agencias gubernamentales, y ha incrementado la preocupación mundial sobre el respeto de los derechos humanos de la población del país que manifiesta su inconformidad ante los acontecimientos políticos que se están dando.


Además, con el cierre de los bancos durante los días de mayores manifestaciones, la mayoría de los hogares y empresas experimentaron escasez de efectivo. Este problema persiste incluso después de que el gobierno militar obligó a los bancos a reabrir. Los negocios minoristas y de servicios cerraron o redujeron drásticamente sus actividades, pero incluso los negocios que ahora han reabierto tienen dificultades para acceder al efectivo para pagar a los trabajadores y proveedores. Todo lo cual amenaza la estabilidad del sector bancario y financiero, debido a la pérdida de confianza que genera la gestión del sistema bancario bajo el gobierno militar y que lleva a la población a demandar dólares, euros o yenes para preservar el poder de compra de sus ahorros.


Finalmente, el cierre de muchas empresas y la caída de las actividades comerciales ha minimizado las oportunidades de empleo y los ingresos de los trabajadores. Comienza a predominar la incertidumbre laboral que lleva a los empleados a aceptar trabajos mal pagados e inseguros, debido a que la viabilidad de la actividad productiva esta amenazada por la crisis política.


Todo país debe tener como objetivos prioritarios la estabilidad política y el equilibrio de la economía. Insistir en uno de ellos solo lleva al caos.


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