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Mérida (27/09/2018).- Este jueves 27 de septiembre el
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA),
presentó su informe anual denominado “Violación de derechos humanos y
emergencia humanitaria en Venezuela, con especial referencia a la región
andina”.
El ODH-ULA compiló en su informe las violaciones de
derechos humanos ocurridas entre enero a septiembre de 2018 las cuales se
evidenciaron en la erosión de la institucionalidad democrática; la erosión del
estado de Derecho; la subordinación del poder judicial al poder ejecutivo y la
politización del sistema de justicia.
También fueron evidentes estas violaciones en
campañas de desprestigio y criminalización; en la usurpación de competencias a
gobernadores electos y restricciones a la participación política en la Región
Andina; en ataques contra defensores de los derechos humanos; en el desacato
judicial con apoyo de órganos del Estado; en la impunidad y violación del
derecho a la reparación, entre otras situaciones que dejan ver la crisis
humanitaria por la cual atraviesa Venezuela.
El rector de la ULA, Mario Bonucci, acompañó al
equipo del ODH-ULA en la exposición pública que dejó al descubierto cómo el
Estado venezolano, a través de la justicia, el cerco financiero y paupérrimos
salarios, quiere acabar con la libertad académica y la autonomía universitaria.
La falta de justicia para las víctimas de la
represión del año 2017 también fue expuesta en el informe anual en el que se
destaca que de las 16 víctimas mortales de las manifestaciones ciudadanas del
año pasado, sólo hay detenidos por dos asesinatos.
Están impunes hasta la fecha 14 muertes de ciudadanos
merideños, incluyendo funcionarios policiales, así como el caso de Daniel
Infante, estudiante de la ULA, quien recibió un disparo en la cabeza mientras
estaba a las puertas del edificio donde reside y quedó en estado vegetativo.
Pide dejar actuar al derecho internacional
Por otra parte, el Observatorio de la ULA documentó
las consecuencias de la destrucción de la institucionalidad y el aparato
productivo del país, lo que ha conllevado a la emergencia humanitaria a la que
se le suma el deterioro de los servicios públicos, el colapso de los sistemas
de salud y educación, entre otros.
En este nuevo informe el ODH-ULA recomendó al Estado
venezolano garantizar el acceso a una justicia imparcial competente autónoma e
independiente para todos los ciudadanos, respetar fielmente el mandato
constitucional contenido en el artículo 62 sobre la participación ciudadana,
así como lo establecido en los artículos 23 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos y 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos relativos al
derecho de participación, y respetar la autonomía de los municipios y estados
federales.
Asimismo la institución universitaria exigió al
Estado que, para resolver en lo inmediato esta grave situación económica y
social, permita urgentemente la apertura de un canal humanitario, tal como lo
contempla el Derecho Internacional de asistencia humanitaria, mediante el cual
la población pueda ser asistida por los países, instituciones y otras ONG sobre
derechos humanos que han ofrecido su ayuda.
El informe en su totalidad puede ser consultado en el portal www.uladdhh.org.ve.
Prensa ODH-ULA