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Tropiezos en la Celac por Jesús Rondón Nucete

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Ilustración: Juan Diego Avendaño


Alberto Fernández invitó a los jefes de gobierno de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países bajo regímenes autoritarios, a asistir a la Cumbre de la Celac que se celebró en Buenos Aires. Sobre N. Maduro dijo que estaba “más que invitado”. Aunque este no concurrió, por el rechazo casi unánime a su presencia en el país anfitrión que sufrió terribles dictaduras militares, el incidente revivió la discusión sobre el reconocimiento de los regímenes que no respetan los principios sobre los cuales se restableció la comunidad internacional a partir de 1945. Lo han tenido en los hechos por las realidades de la posguerra.

La existencia de un Estado no depende del reconocimiento de otros. Deriva de un hecho natural, de la evolución social. Más bien, facilita su incorporación a la comunidad internacional. Pero, se acostumbra el reconocimiento de su gobierno (que no envuelve el de su sistema político). Durante siglos el asunto no se discutió. Parecía asunto propio de cada entidad política y de aquellas con las cuales se relacionaba. Se producía de facto. Se imponía, sin proclamarlo, el principio de la universalidad de las relaciones entre los Estados. Pero, con el surgimiento de nuevos estados (en América desde finales del siglo XVIII y en África durante la segunda mitad del siglo XX) adquirió importancia el acto del reconocimiento (que no siempre fue expreso). Dejaba constancia de la independencia frente a una potencia colonial y del ascenso del nuevo ente a la soberanía (y al ejercicio de los derechos y obligaciones que conlleva).

Más tarde, se consideró conveniente el reconocimiento del poder imperante en los Estados, con el objeto de evitar la anarquía en las relaciones internacionales y desanimar los actos de fuerza contra gobiernos legítimos (o admitidos como tales). Surgieron, entonces, varias posibles actitudes que se tradujeron en doctrinas que aplicaron las cancillerías interesadas. En América, son conocidas las llamadas “Doctrina Tobar” (1907), según la cual no se debía otorgar el reconocimiento de los regímenes de facto mientras no fuesen legitimados por la voluntad popular; y la “Doctrina Estrada” (1930), que por considerarlo un acto intervencionista lo sustituía por la continuidad o suspensión de las relaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de mantener la paz (tenida como objetivo supremo) y la aceptación de la supremacía de las realidades históricas sobre los valores y principios (la real politik), llevó a la admisión en los organismos internacionales de todos los regímenes.

El presidente de Argentina al invitar a los jefes de gobierno de los países mencionados no calificaba su condición (ni su comportamiento). Lo hizo sí en declaraciones periodísticas. Porque, debe aclararse, que la asistencia a la Cumbre de la Celac (como a reuniones de ese tipo) no implica reconocimiento de los estados o gobiernos que concurren. Es esa norma de derecho internacional que se aplica en las organizaciones en las que no se exige para su participación la adhesión a principios o valores identitarios. En realidad, la Comunidad es sólo un mecanismo que promueve la integración y el desarrollo “en el marco de la solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política” de los países latinoamericanos y caribeños (lo que supone la liberación de la tradicional tutela de Estados Unidos y Europa). Pero, el instrumento se ha mostrado poco eficaz por la falta de unidad y la carencia de órganos permanentes.

Todos los Estados gozan de igualdad soberana: son iguales en derechos y obligaciones, independientemente de sus diferencias. Aquella comprende, entre otros elementos: “el derecho a elegir y desarrollar libremente su sistema político, económico, social y cultural”. Pero, ese derecho tiene sus limitaciones derivadas de sus obligaciones ante la comunidad internacional y los otros estados y frente a las personas, cuyos derechos, definidos en la Declaración Universal (Res. 217A.1948), protegen las normas. Por eso, hoy no solo se admite la intervención de la comunidad internacional ante actos de un estado contra otro(s) sino también ante situaciones que afectan a las personas. Esto último se considera un deber (de protección humanitaria). De esas disposiciones, se deriva la sumisión del estado a las normas jurídicas, lo que, a veces, olvidan los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (cuya responsabilidad primordial es mantener la paz y la seguridad internacionales).

Hubo un tiempo en que se creía posible –y necesario– afirmar la vigencia de principios universales sobre la actuación internacional de los Estados (como proclamaron las revoluciones liberales para el ámbito interno). En realidad, esa idea movió a los fundadores (como Francisco de Vitoria y Hugo Grocio) del derecho internacional. Pero, tal consideración duró poco. Existía, en efecto, desde antiguo una visión “realista” de las relaciones entre aquellas entidades. No hay principios y normas universales y permanentes, sino propios de cada país, conformes a su historia y cultura. Se encuentra no sólo en el pensamiento de gobernantes ambiciosos (César o Napoleón) sino en autores clásicos (desde Tucídides a Maquiavelo y Hobbes). En tiempos recientes fue desarrollada, entre otros, por Rudolph Kjellén (1916) y Hans J. Morgenthau (1948). Y la han practicado muchos de los gobernantes de nuestro tiempo. La llaman “realpolitik” (el término es del canciller Bismarck). Anima a Vladimir Putin.

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevas organizaciones de Estados. Hasta entonces se formaban, por acuerdo entre los gobiernos, organismos que servían para el encuentro (temporal o permanente) de sus representantes en busca de solución a los problemas y situaciones que enfrentaban. Los Congresos de Westfalia, de Viena o de Berlín, como la Sociedad de las Naciones, fueron de ese tipo. Los Estados participantes conservaban su soberanía y no se obligaban a adoptar un régimen político determinado. La fundación de las Naciones Unidas (1945) representó un cambio importante: sus miembros adhieren a principios que consideran necesarios para asegurar paz, objetivo principal de la organización, dotada de un órgano de acción. Además, afirman “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana”, y se comprometen a “promover el progreso social y a elevar el nivel de vida” de la población.

También, aparecieron nuevos tipos de asociaciones estatales, con una mayor integración entre sus miembros. La más exitosa parece ser la Unión Europea. No es una simple alianza de países de una determinada área geográfica, de diversas estructuras (federal o centralizada) y sistemas de gobierno (monarquías o repúblicas presidenciales o parlamentarias). Aunque comenzó (1952-1957), como una organización de cooperación económica (mercado común) para reducir la posibilidad de conflictos, se convirtió en una organización política (Tratados de Maastricht y Lisboa), con capacidad de decisión y dotada de órganos propios que actúan sobre las materias que les han sido encomendadas por los miembros. Está fundada sobre valores y principios esenciales, que identifican a los pueblos de Europa: el humanismo, el respeto a los derechos humanos, el ejercicio efectivo de la democracia representativa, el libre mercado, la solidaridad social. No se ha llegado a ese estadio en la evolución de las relaciones interamericanas.

Los precursores (especialmente Miranda y Vizcardo) imaginaron una América Hispana como “una sola nación en libertad”, un Estado independiente de principios liberales. “Una idea grandiosa”, según Simón Bolívar, que “no es posible, porque climas, situaciones, intereses, caracteres (la) dividen”.  Por eso, él mismo convocó a un Congreso de Plenipotenciarios de los nuevos Estados en Panamá para discutir sobre temas de interés común. Debería “servir de consejo en los conflictos, de punto de contacto en los peligros, de intérprete de los tratados públicos y de conciliador de nuestras diferencias”. Con todo, no fue sino en 1889 cuando pudo reunirse en Washington una asamblea de los países del hemisferio y hasta 1948 cuando surgió la OEA. A pesar de la insistencia de algunos miembros (como Venezuela) tardó todavía algún tiempo en proclamarse como objetivo primordial la promoción y defensa de la democracia, “esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos”.

América Latina no avanza en su unidad. Ninguna región del globo (salvo China) comparte tantos elementos comunes: “un origen, una lengua, unas costumbres y una religión”, recordaba Simón Bolívar en 1816. Su primer Congreso continental se reunió en 1826; y su primera organización regional se estableció en 1948. Varios han sido los proyectos, como los intentos de realización. Entonces ¿por qué no se logra? Tal vez se deba a la ausencia de valores y prácticas políticas comunes (que aún se discuten).  No carecían de ellos los colonos del Norte. Era precisamente lo que les unía y les permitió fundar una gran nación.

@JesusRondonN





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