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Fiscalía abre investigación a MCM por incitar nuevas sanciones contra el país

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El Ministerio Público (MP) informó este viernes 22 de noviembre, mediante un comunicado, que en el marco de la aprobación de la denominada «Ley Bolívar» por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha decidido iniciar una investigación contra María Corina Machado, para ser imputada por su promoción y apoyo a dicha decisión.

«El Ministerio Público informa al país que, en el marco de las recientes acciones criminales desplegadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con ocasión a la aprobación de un proyecto de Ley que busca aumentar el catálogo de sanciones ilegales contra el pueblo venezolano, y además pretende mancillar el nombre de nuestro Libertador Simón Bolívar, violando gravemente la Constitución, las Leyes y la Soberanía, por lo que atendiendo a estos hechos donde sectores de la extrema derecha liderados por María Corina Machado y otros han manifestado su apoyo a la misma, ha decidido iniciar una investigación contra la mencionada indiciada para ser imputada, por su promoción y apoyo a dicho adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano», señala el comunicado de la Fiscalía.


En ese sentido, se ha decidido iniciar una investigación contra María Corina Machado, “por su promoción y apoyo a ese adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano”.

La Fiscalía se vale de un tuit en el que Machado responde al congresista estadounidense Mike Waltz, del Partido Republicano. Waltz adjuntó un pantallazo de una noticia del New York Times y escribió a continuación: “@MariaCorinaYA sigue siendo un faro de esperanza para los venezolanos que rechazaron a Maduro y su autoritarismo socialista. Estoy orgullosa de que la Cámara de Representantes haya aprobado mi proyecto de ley, la Ley BOLÍVAR, para impedir que el gobierno federal haga negocios con cualquiera que tenga vínculos comerciales con el régimen de Maduro”.

Machado reaccionó de esta manera, en inglés: “Gracias, congresista @michaelgwaltz, por apoyar el coraje y la voluntad del pueblo venezolano. El régimen de Maduro no silenciará la verdad. Agradecemos su liderazgo y a todos los miembros de la Cámara de Representantes que defendieron y aprobaron la Ley BOLÍVAR. Es un paso crucial para exigirle cuentas al régimen de Maduro. Esperamos continuar la lucha por la libertad en Venezuela, trabajando juntos para lograr una transición rápida a la democracia y un futuro brillante para la región”.

Tarek William Saab se ha valido de ese intercambio en redes sociales para iniciar este proceso contra la líder opositora. La detención de Machado elevaría la tensión hasta niveles desconocidos hasta ahora y supondría un desafío a Estados Unidos, que reconoce ya a Edmundo González como presidente electo y considera que Machado, que ha conseguido aglutinar a la oposición después de años de fracturas y división, es la principal figura política de Venezuela.

La administración de Joe Biden, que fue la que negoció la celebración de elecciones presidenciales, ha sido la que ahora le ha dado a Edmundo González trato de jefe de Estado y la que está por venir, la de Donald Trump, estará integrada en calidad de secretario de Estado por Marco Rubio, un republicano de origen cubano que se ha mostrado inflexible con los gobiernos autoritarios de izquierdas de la región. Se espera que Rubio aumente todavía más el cerco sobre chavismo.

Maduro ya ha dicho, en varias ocasiones, que se posesionará como presidente el próximo 10 de enero, pese a que no hay evidencias de que sea el verdadero ganador de las elecciones. Las principales naciones del mundo tienen claro que el chavismo hace suya una victoria que no lo es tal, como demuestran las actas recogidas por la oposición, que no es que digan que Edmundo González ganó, sino que demuestran que lo hizo con un gran margen de diferencia. De acuerdo a encuestas recientes, el 93% de los venezolanos consideran que el oficialismo ha cometido un fraude.

La Ley Bolívar fue presentada por Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz. Conocida oficialmente como Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, impide cualquier negocio o contratación por parte del Gobierno de Estados Unidos de personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Gobierno de Maduro o con “cualquier Gobierno sucesor de Maduro en Venezuela, que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos”.

El País




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