Crónicas de Historia Universitaria (49)
La Universidad de Los Andes y la Academia de Jurisprudencia de Mérida (1889) por Alí Enrique López Bohórquez (*)
La Universidad de Los Andes, siendo hija de la Ciudad y no de la
Iglesia merideña, pues fue creada por la Junta Superior Gubernativa el 21 de
septiembre de 1810, por mucho tiempo mantuvo una estrecha relación con Mérida.
Se convirtió en el epicentro de sus actividades, compartió responsabilidades
sociales, educativas, económicas, culturales y urbanísticas, proponiendo y
ejecutando soluciones de distinta naturaleza a problemas que se iban
presentando a lo largo y ancho del territorio merideño, y proyectando muchas de
sus actividades culturales en diversos sectores de las ciudades andinas, en las
que desarrolla sus programas de enseñanza e investigación. Esos tiempos de
estrechas relaciones se fueron perdiendo en los cinco últimos lustros, hay que
reconocerlo, como consecuencia de posiciones políticas derivadas tanto de
autoridades universitarias como de autoridades gubernamentales del Estado, a
nivel local, regional y nacional. Se podría construir un largo listado de la
relación y la participación de la Universidad de Los Andes en Mérida, de
provecho tanto para los universitarios como para los ciudadanos, no solamente
de Mérida, sino también de Trujillo y Táchira, así como de las ciudades de
Estados andinos y llaneros donde existen extensiones médicas desde hace cierto
tiempo.
Relación y participación que bien podrían ser explicadas a través de dos
consideraciones de Mariano Picón Salas acerca de la institución universitaria merideña.
La primera en 1955, en el discurso “En la Universidad de Los Andes”, cuando
dijo que: “el destino de Mérida se asocia
desde entonces [21 de
septiembre de 1810] e
indisolublemente al de esta casa de estudios. Que ha sido, tal vez, nuestra
mayor empresa histórica”
(Mérida, 29 de marzo de 1955). La segunda en 1958, en el “Mensaje a los
merideños (en el IV Centenario de la ciudad)”, que escribió y no pudo dar en la
ciudad por razones de salud, en el que señaló: !Qué bien sería que en Mérida, junto a los abogados y
los médicos se formasen también los ingenieros, los físicos, los químicos, los
investigadores científicos de toda índole que necesita -aún para desenvolverse económicamente- esta
parte del oeste venezolano venezolano! Desde la defensa de la naturaleza azotada por un
tratamiento empírico y devastador, la lucha contra la erosión, el cambio de los
suelos y cultivos, las obras hidráulicas para transformar en electricidad y
energía la vasta agua realenga que se precipita en torrentes desde la
Cordillera, es parte de la tarea regional que habrá de pedirse a los
universitarios merideños…”
(Sobre estos dos discursos, véase Alí Enrique López Bohórquez: “Mariano Picón
Salas y la Universidad de Los Andes”, Actual.
Revista de la Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Los Andes,
III Etapa, Nº 46 (Mérida, abril-junio de 2001, pp. 202-209).
Se sabe de instancias educativas, sanitarias y científicas con participación
de la universidad en beneficio de la ciudad y sus alrededores. Por ejemplo, el
Liceo Libertador (Instituto de educación secundaria designado con ese nombre en
1942) tuvo su origen en el Liceo Mérida o Liceo Universitario establecido en
1915, bajo la dirección y administración de las autoridades y profesores
universitarios. Indudable fue la gestión de la Universidad para la creación de
servicios hospitalarios en la ciudad en el siglo XX, gracias a la preocupación
de destacados médicos de la Facultad de Medicina: el Hospital Los Andes (1936),
de donde surgieron necesidades e ideas para la creación de la Maternidad de
Mérida, el Hospital Sanitario Antituberculoso (1950) y finalmente el Hospital
Universitarios de Los Andes (1973). Destacan en esas realizaciones los doctores
Humberto Ruiz Fonseca, Eloi Dávila Celis, Pedro Guerra Fonseca, Antonio José
Uzcátegui Burguera, Carlos Edmundo Salas y Pedro Rincón Gutiérrez. El CEAPULA fue creado como propuesta educativa
para hijos de los profesores universitarios por el historiador Carlos Emilio
Muñoz Oráa, bajo el auspicio de la APULA, concretada en terrenos de la ULA en
1968. El Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (IUTE, 1981), actual
Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kleber Ramírez” (2000), tuvo
como proyectista inicial al Dr. William Lobo Quintero, profesor de la Facultad
de Ingeniería. Estrechos vínculos hubo entre la Universidad y FUNDACITE desde
su establecimiento en Mérida en 1989, formando parte permanente de su
Directiva. CIULAMIDE (Circuito de la Universidad de Los Andes para el Manejo
Integral de los Desechos Sólidos) surgió en la Facultad de Ciencias, luego
aprobado por el Consejo Universitario como actividad general de la institución
(1994-1995). No menos importante fue la participación de universitarios en los
proyectos del Centro de Investigaciones Astronómicas “Francisco J. Duarte”,
ubicado en Llano del Hato (CIDA, 1975), en el diseño del Museo de Ciencia y Tecnología
de Mérida (1992-1995) y en la creación de la Academia de Mérida (1992), la que
aunque con adscripción gubernamental regional, siempre ha mantenido una
singular relación con la ULA, pues la mayoría de sus miembros forman parte del
personal docente y de investigación de distintas Facultades.
Los hechos mencionados son sólo una pequeña muestra de esa relación en
el tiempo de la Universidad de Los Andes con la Ciudad de Mérida en lo que a
educación y ciencia se refiere en el siglo XX. Ahora vamos a retroceder en el
tiempo, hasta el último cuarto de la centuria decimonónica, cuando una de las
autoridades de la ULA, el Rector Caracciolo Parra y Olmedo (1887-1900), quien entendiendo
la necesidad de la relación que debía existir entre la institución
universitaria y la ciudad, hizo propuestas de transformación a lo interno de la
Universidad con proyección en la sociedad merideña, como fue el caso de la
creación de la primera Biblioteca de la Universidad (1888) con el propósito
también de que prestara servicios a la ciudadanía en general; un Gabinete de
Historia Natural, un Jardín Botánico, un Acuario, un Observatorio Astronómico y
la replantación del Monte Zerpa (1890). Este último hecho pudiera ser
considerado como el antecedente más remoto del actual Servicio Comunitario que
deben realizar los estudiantes como requisito para la obtención de sus
respectivos grados, pues el Dr. Parra y Olmedo convocó a catedráticos, alumnos,
empleados y vecinos a colaborar en la replantación de un territorio ubicado en
las inmediaciones de la ciudad. Ello con la finalidad de sembrar árboles que
con el tiempo dieran maderas para fábricas de muebles y edificios, así como la
leña requerida entonces por los hogares, pues esa materia prima debía ser
importada de otros lugares lejanos de la ciudad.
Las actuaciones del doctor Caracciolo Parra y Olmedo en la Universidad
de Mérida abarcan de 1837 a 1883 y en la
Universidad de Los Andes entre 1883 y 1900. Después de asumir su segundo
rectorado, el 5 de noviembre de 1887, por nombramiento del Presidente Guzmán
Blanco dio inicio a un amplio programa para mejorar la crítica situación de la
Universidad, que a su vez incidiera en la Ciudad. Nacido en Trujillo en 1819,
echó raíces casándose con la hija de una de las prominentes familias de la
ciudad, procreando una extensa descendencia de trece hijos merideños. Conocía
muy bien la institución universitaria. Había realizado estudios de Filosofía y
Derecho Civil, obteniendo los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor entre
1837 y 1843. Fue incorporado como Catedrático titular de Economía Política y
Legislación Universal, Civil y Criminal hasta su jubilación; sirviendo de
interino, en distintos momentos, en Derecho Canónico, Derecho Práctico, Derecho
Civil y Leyes Nacionales. Ejerció además los cargos de Secretario y Miembro de
la Junta de Gobierno de la Universidad, Presidente de la Facultad de Ciencias
Políticas y Vicerrector, antes de ser electo por el Claustro Pleno de Doctores
para un primer rectorado, correspondiente al período 1863-1865. Cabe señalar
que antes de su ingreso al estudio y durante sus funciones de profesor y
directivo, Caracciolo Parra cumplió funciones políticas, administrativas,
legislativas, judiciales y de asesoramiento eclesiástico. En fin, fue un hombre
de la Universidad y de la Ciudad (Acerca de la vida y actuación de Caracciolo
Parra y Olmedo, remitimos a Eloy Chalbaud Cardona: El Rector Heroico (Mérida, Universidad de Los Andes / Publicaciones del Rectorado, 1965. Colección
Ilustres Universitarios, 1; y a Alí Enrique López Bohórquez: “Caracciolo Parra y Olmedo: Rector de las
reformas y la autonomía en la Universidad de Los Andes” en Jean Carlos
Brizuela, Yuleida Artigas Dugarte y José Alberto Olivar (Editores): La Venezuela Perenne. Ensayos sobre el
aporte de venezolanos en dos siglos. Valencia, Asociación de Profesores de
la Universidad de Carabobo, 2014, pp. 115-136).
De los tantos asuntos que relacionan a la Universidad de Los Andes con
Mérida, durante el segundo rectorado de Caracciolo Parra, en esta Crónica vamos
a referirnos a una que tuvo mucha resonancia en la ciudad en los campos del
Derecho y la Jurisprudencia. El 4 de junio de 1889, el Rector Parra dirigió
comunicación al Dr. Raimundo Andueza Palacios, entonces Ministro de Instrucción
Pública de Venezuela, participándole sobre su proyecto de crear en Mérida una Academia de Jurisprudencia, anexa a la
Universidad de Los Andes, solicitando también la aprobación por parte del Presidente
Juan Pablo Rojas Paúl, y aceptando cualquier observación de fondo y forma a esa
necesaria institución académica para los estudiantes, profesores y
profesionales del derecho. En razón de que no hubo una respuesta inmediata, por
no agradar al Ministro o por desinterés gubernamental, Parra y Olmedo, el 8 de
octubre del mismo año, escribió nuevamente al Ministro Andueza, anunciándole
que para no retrasar el proyecto había decidido que la Academia no fuera una
dependencia universitaria y que actuara como un ente particular. En tal
sentido, el 15 de octubre de 1889 procedió
a inaugurar la Academia de Jurisprudencia, en su condición “Rector de la Universidad de Los Andes y Decano de los Abogados y
Académicos de este Claustro”, con entera independencia de la Universidad y
gobierno con las leyes que la misma establecería, como quedó señalado en el
primero de los 22 Artículos que conformaron el decreto de creación. Un texto
comprensivo de la Membresía, Atribuciones, Distribución del trabajo, Deberes
del Secretario, Disposiciones generales, Precedencias y Ceremonias.
Los Miembros de la Cátedra
fueron divididos en tres categorías: todos los jurisconsultos graduados en
Venezuela o en el Extranjero que tuvieran residencia fija en la ciudad, a fin
de que pudieran asistir a las reuniones, denominados Activos; pero también los residentes fuera de Mérida, pero dentro
del país, que manifestaran su deseo de ser incorporados ala Academia, quedando
estos designados como Adscritos;
además de los hombres célebres de ciencias, que serían incorporados con su
previo asentamiento, bajo la calificación de Honorarios. Cada categoría tenía sus respectivos procedimientos de
escogencia: asistencia al acto de instalación y sucesivas sesiones; la
participación a la Dirección la aspiración de incorporación; y por votación
secreta, mediante propuesta de uno o varios de los miembros activos. Las Atribuciones de la Academia establecidas
evidencian las necesidades y los propósitos del doctor Caracciolo Parra para
llevar adelante la institución, los que quedarían señalados de manera más
precisa en el Reglamento que se elaboraría al efecto. Sin embargo, en el
Decreto de creación de la Academia se señalaron las principales, que en la
actualidad sería una buena contribución, particularmente, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, si fueran emprendidas: 1.- Dar opinión acerca
de importantes asuntos en materia jurídica, sometidas por corporaciones,
empleados y particulares, de manera breve, precisa y doctrinal. 2.- Elaborar
proyectos que se remitirían a la Administración Pública del país, en lo referente
a la Constitución y demás leyes de los Estados. 3.- Presentar observaciones a
sentencias o providencias emanadas de cualquier empleado u órgano
jurisdiccional inconvenientes o contrarios a la legislación vigente. 4.-
Mantener contacto con otras asociaciones del extranjero de la misma naturaleza,
para aprovechar los adelantos de la ciencia jurídica. 5.- Examinar la
conveniencia de codificar, mediante una compilación de artículos o mandatos,
las leyes que debieran regir las relaciones internacionales. 6.- Contribuir a
unificar la legislación internacional en materia de Derecho público, privado y
comercial, poniendo en armonía las legislaciones por sus múltiples y
complicadas relaciones de estatutos dispersos, de utilidad para los países que
aceptaran dicha compilación.
El Rector Parra y Olmedo tuvo la previsión de establecer la Distribución del trabajo, ante objetivos
y propósitos que exigían dedicación doctrinal, clasificando en cuatro las
tareas de los Miembros Activos o de primera clase, en estas materias:
Legislación, Economía Política; Derecho Público y Privado y Derecho de Comercio
Internacional; Derecho Patrio en todas sus manifestaciones; y de las decisiones
del Sistema Judicial. Con la posibilidad de nombrarse comisiones especiales
cuando una materia especial que requiera de un tratamiento particular. Esas
tareas también podían ser encomendadas a los Miembros Adscritos, con obligación
de su cumplimiento. Los asuntos tratados por las distintas secciones o
comisiones serían debatidas en las correspondientes reuniones para su
aprobación o rechazo. Para cada caso se formarían los debidos expedientes, pero
también de los informes y discursos dados en el instituto, para sí dar origen a
su archivo particular. Los Deberes del
Secretario de la Academia eran de suma importancia en lo que respecta al
Libro de Actas, con el registro de lo tratado en cada sesión; la formación del
expediente de lo considerado en cada una de ellas y del Índice Alfabético Anual
con las conclusiones acordadas, con los respectivos epígrafes, número y año. De
igual manera, llevaría un Libro de Matrícula con los nombres de los
Jurisconsultos que asistieran tanto a la instalación como a las sucesivas
reuniones del instituto, y de todo lo relacionado con cada uno de los Miembros,
cualquiera fuera su categoría, tanto de los presentes como de los ausentes.
En las Disposiciones Generales
se indicaron diversos asuntos: que las reuniones serían mensuales, en día y
horas específicas, previa convocatoria a las ordinarias y extraordinarias por
parte del Director; la amonestación a la que podía ser objeto el miembro que observara
conducta irregular de carácter social como en el ejercicio de la profesión de
abogado, pudiendo ser expulsado en caso de reincidencias. Los Académicos debían
prestar el siguiente juramento: “Por la noble profesión del Abogado y por amor
a la Justicia prometo cumplir con mis deberes.
Asimismo, se establecieron las Precedencias
y ceremonias, relativas éstas al asiento de los miembros en las sesiones,
la concurrencia de los funcionarios, locales, regionales, nacionales y
distinguidas personas. Finalmente, el Rector fijó la instalación de la Academia
de Jurisprudencia para el día 28 de octubre de 1889, colocándose “…bajo los
auspicios de la venerada memoria del Libertador y demás próceres de la
Independencia.” Aunque se fijó ese día, la instalación de la Academia de
Jurisprudencia tuvo lugar el día 27 de octubre, para lo cual se levantó el Acta
correspondiente. Esta contiene los pormenores del caso; asistentes y ausentes,
mayormente Catedráticos y Autoridades de la Universidad de Los Andes, en particular
los de la Facultad de Ciencias Políticas, en su mayoría Miembros Activos de la
Academia, abogados de la ciudad y funcionarios públicos invitados, con la
presencia particular del Presidente del Estado Carlos Rangel Garbiras.
La primera actividad fue el discurso de instalación por parte del Dr.
Caracciolo Parra y Olmedo, para luego precederse a la elección secreta de la directiva, siendo
obviamente electo el Rector como Director, casi por unanimidad; como
Subdirector el Dr. Eusebio Baptista y como Secretario el Dr. Manuel Troconiz.
Para cada cargo se presentaron varios candidatos. Concluida y verificada la
votación, los electos y los miembros de la Academia prestaron el referido
juramento. Acogido el proyecto de Decreto, antes expuesto, se acordó el
nombramiento de la Comisión que debía redactar el correspondiente Reglamento,
la cual quedó constituida por los doctores Gabriel Picón Febres, Juan
Nepomuceno Pagés Monsant y Abel Santos, para ser presentado en la primera de
las sesiones. El discurso de clausura del acto estuvo a cargo del doctor y
profesor de la ULA Eusebio Baptista. Para el 2 de febrero de 1890 dicho
Reglamento no había sido presentado, por lo que el Dr. Parra manifestó que no
existiendo todavía una definición del número de asistentes a las reuniones y
que ante la necesidad de que la Academia iniciara sus funciones, propuso y se
aprobó que “…con la asistencia del Director y del Secretario, que es miembro de
la Academia, pueda haber sesiones; y que cuando el secretario esté impedido
para concurrir pueda nombrar un interino.”
En el Tomo 1 del Anuario de la
Universidad de Los Andes. Desde 1790 a 1890 (Mérida, 1891, pp. 181-214) se
incluyeron documentos correspondientes a la dinámica funcional de la Academia
de Jurisprudencia correspondiente a los años de 1889-1891, bajo el título de
“Anuario de la Academia de Jurisprudencia”. En lo que respecta a las Sesiones,
en esta publicación periódica se registraron minutas de las realizadas el 19 de
diciembre de 1889 y las seis efectuadas en 1890. En la primera de ellas se
autorizó al doctor Parra a dirigirse a los Directores de Academias Extranjeras
para informar acerca de la recién instalada en Mérida-Venezuela y las
características de sus atribuciones, con la finalidad de establecer relaciones
científicas, ofreciéndoles la condición de Miembros Honorarios. En sesiones
posteriores se trataron artículos del Proyecto de Constitución que entonces se
debatía en Venezuela, en lo que respecta al derecho al sufragio; composición
del Poder Ejecutivo Nacional; extradición; situación jurídica de los extranjeros
dentro del país; incompatibilidad para aceptar cargos legislativos y ejecutivos
en una misma persona para un mismo período; lo concerniente a las relaciones
internacionales; comercio y libre navegación de ríos con las naciones que
aceptaran la reciprocidad; la revisión de tratados públicos; la unificación de
la legislación civil y comercial de los países americanos; y la excitación a
represalias respecto de las personas que pecaban contra los principios de
justicia y humanidad. En la sesión del 28 de octubre de 1890, entre otros
asuntos tratados, se dio noticia de la donación a la Biblioteca de la Academia,
que era la misma de la Universidad, de documentos y trabajos científicos
remitidos por la Sociedad de Legislación Comparada de París, por lo que se le
confirió la calificación de Miembro Honorario. En distintas sesiones se fueron
haciendo diversas membresías de personalidades de Corporaciones Científicas de
varios países de América y Europa, con importantes correspondencia sobre temas
referidos con el estudio del Derecho.
Además de las Actas de las Sesiones de aquellos años, en ese primer
número del Anuario universitario se
incluyeron los siguientes documentos: Decreto de creación, Comunicaciones al
Ministro de Instrucción Pública, Acta de Instalación, Notas de participación de
la instalación y las respectivas contestaciones, Comunicaciones dirigidas a
varias Academias, Correspondencias con la Sociedad de Legislación Comparada de
París, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y la
Universidad de Paris. En algunas de ellas se da cuenta del movimiento
legislativo en Venezuela. De igual manera el Libro Cuestionario de la Academia,
la lista de los Miembros Honorarios y Adscritos. El último de los documentos es
una nota de José Maluquer y Salvador, abogado de Costa Rica, incluida en la Revista Hispanoamericana (Costa Rica,
enero-abril de 1890), que señala: “En la ciudad de Mérida, capital de dicho
Estado …, por iniciativa del Doctor Parra, Rector de la Universidad, se
inauguró a fines del último año una Academia de Jurisprudencia. En sus
estatutos hallamos, por lo que se refiere al derecho nacional, la obligación
remarcable de presentar observaciones acerca de toda sentencia judicial o
decisión administrativa que se consideren contrarias a las disposiciones
vigentes. Por lo que respecta al Derecho internacional, la nueva Academia se
propone contribuir a la unificación de las leyes que regulan en todos los
Estados las relaciones internacionales y discutir la conveniencia de codificar
sus preceptos.” Y agrega: “Digno de alabanza es que se haya constituido en uno
de los Estados venezolanos una asociación de Abogados que señala a su Instituto
fines de tanta importancia y que se consagra al desinteresado cultivo de la
ciencia jurídica. Aquella Academia Emeritense se ha dirigido a varias
corporaciones extranjeras, deseosa de entablar provechosa correspondencia
científica, y tenemos datos para afirmar que se le han dirigido comunicaciones
asegurando que serían recibidos sus trabajos con el mayor aprecio…”
Así, como se ha señalado, la Academia de Jurisprudencia, mantuvo importante
relación con corporaciones de la misma naturaleza a través de reiteradas
comunicaciones con las citadas Sociedad de Legislación Comparada de París, la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, y también con la Unión
Internacional de Jurisprudencia y Economía Política Comparadas de Berlín, la
Academia Universal de Ciencias y Artes Industriales de Bruselas y la Sociedad
Geográfica de Madrid. Comunicaciones que no fueron solamente de salutación,
sino también de intercambio de opiniones acerca del estado de la legislación y
la jurisprudencia en Venezuela y de esos países. De manera que en ese
intercambio académico estuvo presente no solamente lo concerniente a la
Academia de Jurisprudencia de Mérida, sino también su identificación con la
Universidad de Los Andes, aprovechando siempre el Rector Parra de solicitar a
esas y otras corporaciones la donación de libros para la Biblioteca de la
Universidad que había sido fundada por él en 1888. Un último aspecto queremos
referir acerca de la preocupación del Rector Caracciolo Parra y Olmedo por la
realización de actividades y la creación de instituciones que favorecieran el
desarrollo de la Universidad y de Mérida, como fue el caso de su preocupación,
junto con otros universitarios, para que se instalara en el Estado Los Andes un
Colegio de Abogados, con sede en la capital merideña. Hecho que ocurrió el 9 de
octubre de 1894, en un todo de acuerdo con la Ley del 30 de junio de ese año
sobre Abogados y Procuradores. Nuevamente el reconocimiento al Dr. Parra como
su primer Presidente, en razón de
haber sido el gestor principal para que existiera una asociación de los
profesionales que ejercían la abogacía en el territorio del Estado Los Andes y
particularmente en Mérida. Además de Parra y Olmedo, fueron electos como Primer Vicepresidente Foción Febres
Cordero; Segundo Vicepresidente Pedro
de Jesús Godoy; Tesorero José de
Jesús Dávila; los Vocales Lope María
Tejera, Rafael Antonio Uzcátegui, Abel Santos, Gonzalo Bernal y Víctor Manuel
Ramírez C.; y como Secretario Ángel
M. Godoy. Con excepción de los dos últimos, el resto de los miembros de esta
directiva estaban vinculados a la Universidad de Los Andes.
La Academia de Jurisprudencia de Mérida, otra idea del Dr. Caracciolo
Parra y Olmedo, tuvo un efecto momentáneo, pues no se le dio continuidad en el
tiempo, pero dio dos resultados relacionados con la Universidad de Los Andes y
la ciudad de Mérida. Las comunicaciones del Rector con las mencionadas
corporaciones académicas, y otras de naturaleza universitaria, dieron a conocer
no solamente dicha Academia, sino también de la existencia de una Universidad
en el occidente andino venezolano, para entonces con más de nueve décadas de
historia. Siempre en proceso de construcción, con limitaciones y dificultades,
pero también con la búsqueda de seguir transformándose a través de una mejor
formación de profesionales, primero; y, después, andando el tiempo, con la
proyección de sus actividades de enseñanza, investigación y extensión en favor
de la sociedad merideña y de los Andes en general. Por otro lado, aquella
Academia de Jurisprudencia fue una experiencia de mucho significado al
instalarse el mencionado Colegio de Abogados de Mérida, del cual fue Caracciolo
Parra su primer promotor. Sus escritos e interpretación de su obra
universitaria y ciudadana, dispersos en archivos y libros de distintos autores,
deberían ser compilados para evidenciar que en la historia de la Universidad de
Los Andes han existido autoridades, no todas, que han hecho una notable
contribución para su transformación y proyección social como lo exige la ley
correspondiente, para confirmar lo dicho por Mariano Picón Salas de que “el destino de Mérida se asocia” a su
Universidad desde su creación en 1810, lo “que
ha sido, tal vez, nuestra mayor empresa histórica”.
Mérida, 1 de
noviembre de 2025
(*) Coordinador de la Cátedra
Libre de Historia de la Universidad de Los Andes. Premio Nacional de Historia
Francisco González Guinán (1989). Premio Nacional de Historia (2019). Premio
nacional de Cultura (2024).
