Exigen al Ministerio Público datos sobre aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela

La solicitud de Espacio Público, AlertaVenezuela y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB está dirigida al fiscal general, Larry Devoe. Señalan que ha transcurrido más de un mes de la entrada en vigencia de la norma sin que se conozca información detallada sobre su ejecución

Las organizaciones Espacio Público, AlertaVenezuela y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB introdujeron este miércoles una solicitud ante el Ministerio Público para exigir información sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, promulgada el 20 de febrero en Venezuela.

El documento, consignado en la sede de la Fiscalía en Caracas y registrado con el número 2099, está dirigido al fiscal general Larry Devoe. En él, las organizaciones señalan que ha transcurrido más de un mes desde la entrada en vigencia de la ley sin que se conozcan datos oficiales sobre su ejecución, pese a tratarse de un asunto de interés público, informó Monitoreamos.

Cuatro bloques de información

La solicitud plantea cuatro bloques de información.

El primero se refiere al número de boletas de excarcelación emitidas y ejecutadas, cantidad de personas beneficiadas con medidas cautelares y desglose por estados de casos en los que se identificaron procesos policiales arbitrarios posteriormente amnistiados.

En segundo lugar, las ONG piden detalles por centros de detención, incluida la lista de penales donde se han efectuado excarcelaciones bajo esta ley y el número de beneficiarios en cada uno.

También solicitan datos sobre cuántas peticiones de amnistía han sido declaradas improcedentes o inadmisibles por los tribunales, junto con un resumen de las razones jurídicas que sustentan esas decisiones.

Exigen asimismo información sobre denuncias relacionadas con retrasos u omisiones, tanto en la ejecución de boletas de excarcelación ya aprobadas como en la falta de respuesta judicial en los plazos establecidos.

Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, la Fiscalía dispone de un máximo de 20 días hábiles para responder a la solicitud.

Advirtieron que el incumplimiento de este plazo puede acarrear responsabilidades disciplinarias, penales, civiles y administrativas, según el artículo 14 de esa misma normativa.

Con información de El Nacional