Exiliados venezolanos solicitan a congresistas estadounidenses un TPS urgente tras los terremoto

Organizaciones de exiliados venezolanos en Estados Unidos han solicitado de manera urgente a miembros del Congreso impulsar la designación de un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS) para sus compatriotas. La petición surge como respuesta a la grave emergencia humanitaria provocada por los dos potentes terremotos que azotaron recientemente a Venezuela.

Ante este escenario, la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) envió una carta a los congresistas James P. McGovern y Chris Smith, copresidentes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

En la misiva, VEPPEX expuso que la masiva destrucción de infraestructura y la pérdida de vidas han desbordado la capacidad de respuesta del Estado venezolano, agravando la crisis humanitaria, económica y política que el país ya arrastraba.

Bajo estas circunstancias, la organización enfatizó que retornar a Venezuela no es una opción segura para los miles de ciudadanos que se encuentran en territorio estadounidense.

En el documento, los activistas argumentaron que otorgar el TPS sería una medida humanitaria coherente con la tradición de protección de Estados Unidos ante desastres naturales. Por ello, instaron a la Comisión a respaldar públicamente la redesignación de este estatus y a presionar al Departamento de Seguridad Nacional y a la Casa Blanca para su activación.

Los exiliados pidieron además que esta recomendación sea incluida en las conclusiones de la audiencia programada para el miércoles 15 de julio de 2026, luego de que los miembros de la Comisión se reúnan este martes para evaluar la situación de los derechos humanos tras los sismos.

Gestiones ante el Gobierno Federal

Esta iniciativa en el Legislativo se suma a la solicitud formal que VEPPEX, junto a la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), presentó directamente al presidente Donald Trump. .

Ambas organizaciones tramitaron una petición de medidas de protección migratoria apenas dos días después de los terremotos con el objetivo de frenar las deportaciones; sin embargo, hasta la fecha, los activistas aún no han recibido una respuesta oficial por parte del Ejecutivo.