Recordó Arellano que las invasiones son ilegales y por el contrario, tienen sanciones penales, motivo por el cual rechazan estas acciones por parte de un grupo de personas quienes usando niños no solamente están violando un área habitacional, sino generando la tala, deforestación de recursos ambientales y daño del ecosistema.

"Nosotros apostamos por el desarrollo urbanístico y la construcción de viviendas de interés social pero de forma organizada, nuevamente elevamos la denuncia ante los organismos competentes para que nos escuchen y apoyen esta defensa por el derecho a la propiedad de manera legal, derecho establecido en el artículo 115 de la Constitución", expresó.

Destacó Nelson Arellano que las invasiones son un delito tipificado en el Código Penal Venezolano en su artículo 471 A y se penaliza entre 5 a 10 años de prisión. Reiteró su llamado a los organismos competentes para que escuchen a las familias de La Motosa y Camino Real que salieron a defender su derecho de propiedad, de urbanismo y de una planificación debidamente organizada, y en contra de la anarquía.

Como representante de la empresa, ratificó el rechazo a estas acciones totalmente ilegales, "no estamos de acuerdo con estas invasiones ni aceptamos bajo ningún tipo de parámetros estas acciones violentas, pues afectan no sólo la propiedad privada sino el urbanismo de La Motosa y Ciudadela Camino Real", sentenció.

Agregó que como es el proceso, interpusieron la denuncia ante la Fiscalía, sin embargo, "sólo amplificaron la denuncia incial del año 2023 contra la invasión en la Mano de Dios, ya tenemos tres años en una lucha y no tenemos respuesta en esta situación que se acrecienta más".