La estabilidad no se decreta por Freddy Marcano
Venezuela continúa enfrentando una realidad que no puede ocultarse detrás de anuncios oficiales ni de decisiones destinadas a transmitir una sensación de normalidad.
Mientras se habla de estabilización política y de recuperación económica, millones de ciudadanos siguen lidiando con salarios insuficientes, servicios públicos precarios y dificultades para cubrir sus necesidades más elementales. En ese contexto, anunciar el adelanto de la Navidad puede generar una imagen de celebración, pero también plantea una pregunta necesaria: ¿cómo hablar de alegría y normalidad cuando todavía no se han resuelto los problemas que condicionan la vida cotidiana? La estabilidad de un país no se mide por el calendario de sus celebraciones, sino por la capacidad del Estado para responder a las necesidades de su gente.
La situación salarial constituye una de las expresiones más dolorosas de esta realidad. Trabajadores activos, jubilados y pensionados enfrentan dificultades para cubrir alimentación, transporte, medicamentos y otros gastos indispensables. El trabajo, que debería garantizar autonomía y dignidad, ha perdido buena parte de su capacidad para sostener a las familias. Esta situación no se resuelve con anuncios generales de recuperación económica ni con expectativas sobre nuevas inversiones. Requiere una política salarial seria, transparente y sostenible, que permita recuperar progresivamente el poder adquisitivo, proteja las pensiones y vincule la generación de riqueza con mejores condiciones de vida. La economía comienza a tener sentido social cuando sus resultados llegan al hogar de quien trabaja y de quien, después de años de servicio, merece vivir con dignidad.
A esta situación se añade el deterioro sistemático de servicios básicos como la electricidad y el agua. Las interrupciones del suministro de ambos y las fallas de infraestructura alteran la vida cotidiana, frenan el comercio, entorpecen la educación y comprometen la salud pública. Lejos de ser contratiempos aislados, constituyen brechas estructurales que profundizan la desigualdad entre quienes pueden costear soluciones privadas y quienes dependen por completo de los servicios estatales Estos no son inconvenientes aislados: son problemas que limitan las oportunidades y profundizan las desigualdades entre quienes pueden resolverlos por medios propios y quienes dependen exclusivamente de los servicios públicos. La recuperación del país exige inversión, mantenimiento, planificación y rendición de cuentas. También exige explicar qué se está haciendo, cuánto se destina a cada prioridad y cuándo podrán los ciudadanos comprobar una mejoría. Un servicio público no se recupera porque se anuncie su recuperación, sino cuando funciona de manera regular y responde a las necesidades de la población.
Por eso, el adelanto de la Navidad para noviembre, más allá de su intención simbólica, debe analizarse en el contexto de las prioridades nacionales. Las celebraciones forman parte de nuestra cultura y de la necesidad colectiva de encontrar momentos de esperanza, pero no pueden convertirse en sustituto de las soluciones pendientes, ni en una forma de dilatar la situación. La gente necesita razones concretas para celebrar: poder comprar los alimentos, contar con electricidad y agua en sus hogares, acceder a los medicamentos y tener la tranquilidad de que el ingreso familiar alcanzará para cubrir lo indispensable. La política debe comprender esa diferencia entre producir una percepción de normalidad y transformar las condiciones que hacen posible una vida digna. Cuando los anuncios avanzan más rápido que las soluciones, la distancia entre el discurso oficial y la experiencia ciudadana termina convirtiéndose en un problema de confianza.
Esta discusión se relaciona directamente con la estabilización política y la reinstitucionalización del Estado. Después de los cambios ocurridos desde el 3 de enero, Venezuela necesita recuperar la gobernabilidad, pero también establecer reglas claras, instituciones que respondan a la ley y mecanismos de control sobre quienes administran los recursos públicos. La continuidad de la gestión estatal no garantiza, por sí sola, una transformación institucional. Para que la estabilidad sea duradera, las decisiones deben ser transparentes, las prioridades deben explicarse y los compromisos deben poder verificarse. Esto implica publicar planes concretos para recuperar los servicios, establecer una ruta responsable para la mejora salarial, informar sobre el uso de los recursos y fortalecer las instituciones encargadas de supervisar su ejecución. La reinstitucionalización no es un asunto reservado a los especialistas: también se expresa cuando un ciudadano puede exigir respuestas y encontrar un Estado que cumpla sus obligaciones.
Venezuela necesita pasar de los anuncios a los resultados. La estabilización debe traducirse en bienes para el ciudadano de a pie: salarios que recuperen su capacidad de compra, servicios públicos que funcionen, instituciones confiables y decisiones sometidas al escrutinio de todos los involucrados. Para ello se necesita definir metas verificables, plazos razonables, recursos identificados y rendición de cuentas, junto con una política económica y social que coloque a las personas en el centro de la recuperación. No se trata de negar la complejidad del momento ni de exigir que todos los problemas se resuelvan de inmediato, sino de reclamar prioridades claras y avances comprobables. La verdadera normalización comenzará cuando la gente deje de organizar su vida alrededor de las fallas y la incertidumbre. Hasta entonces, la pregunta seguirá siendo la misma: ¿estamos construyendo las condiciones para recuperar el país o acostumbrándonos a convivir con sus problemas? Esa diferencia marcará el sentido de la estabilidad y la profundidad de la transición que Venezuela necesita.
IG, X: @freddyamarcano
