Mérida, Noviembre Viernes 20, 2026, 05:09 pm
La defensa del presidente Nicolás Maduro presentó un memorando de 72 páginas ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para solicitar la desestimación definitiva de la quinta acusación sustitutiva en su contra. El escrito, consignado el 9 de noviembre por los abogados Barry J. Pollack y Anna Estevao, sostiene que el mandatario goza de inmunidad soberana extranjera y no puede ser sometido a juicio en EEUU.
La jueza Analisa Torres, quien asumió el expediente tras el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein, autorizó el 16 de noviembre mantener bajo sello ciertos anexos del material probatorio, mientras circula una versión testada del documento principal. Asimismo, el tribunal pautó para el 17 de diciembre la audiencia destinada a debatir los argumentos sobre la inmunidad.
De acuerdo con reseñas de agencias de noticias, los representantes legales invocan tanto la inmunidad de jefe de Estado en ejercicio al momento de su secuestro el 3 de enero, como la protección por actos oficiales. El recurso pide que el caso se cierre “con perjuicio” para impedir que la Fiscalía federal vuelva a formular los mismos cargos.
El memorando señala que la propia Fiscalía reconoce que Maduro asumió la Presidencia por sucesión constitucional en 2013 y continuó ejerciendo las atribuciones del Ejecutivo después de 2019. Para la defensa, ese ejercicio efectivo del poder basta para activar la inmunidad diplomática, independientemente de los cuestionamientos políticos emitidos por Washington.
El texto recuerda que la Casa Blanca mantuvo canales de comunicación directos con el mandatario venezolano tras la ruptura de 2019. Entre esos acercamientos cita la visita del enviado especial Richard Grenell a Caracas en enero de 2025 y una conversación telefónica con Donald Trump a finales de ese mismo año.
De igual forma, los abogados destacan que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó las credenciales del Gobierno venezolano en cada período de sesiones desde 2019. En diciembre de 2025, únicamente Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay respaldaron la objeción presentada por EEUU contra la delegación.
En el plano institucional interno, el documento refiere que tras los hechos del 3 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asignó la encargaduría de la Presidencia a Delcy Rodríguez sin declarar la falta absoluta. La defensa califica como “ilógica, en el mejor de los casos” la postura estadounidense de reconocer y restablecer nexos con Rodríguez, dado que ella fue designada vicepresidenta tras los mismos comicios que Washington desconoce.
El equipo jurídico sostiene que la inmunidad se evalúa en la fecha del arresto y recalca que Venezuela nunca renunció a esa prerrogativa, tal como lo denunció el embajador Samuel Moncada el 5 de enero ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Respecto a la inmunidad funcional, argumentan que la acusación no atribuye conductas privadas al mandatario, sino acciones vinculadas a sus cargos previos como diputado, canciller, vicepresidente y jefe de Estado.
Entre los señalamientos de la Fiscalía figuran la presunta venta de pasaportes diplomáticos, reuniones con integrantes de las Farc en el Palacio de Miraflores y la creación de un Comando Antigolpe en consejo de ministros. Sobre el delito de conspiración para cometer torturas, añadido el 6 de octubre, los litigantes apuntan que dicha figura exige actuar con autoridad pública, lo cual confirma su condición de funcionario estatal.
Finalmente, el escrito advierte que la imputación por tortura se basa en “acusaciones recicladas” incorporadas más de nueve meses después de la detención, cargos de los cuales tanto Maduro como la diputada Cilia Flores se declararon inocentes. Los abogados exhortaron a la jueza Torres a fallar con criterio judicial independiente frente a la posición del Ejecutivo estadounidense y advirtieron sobre el precedente que implicaría juzgar a un jefe de Estado extranjero en tribunales nacionales.
Con información de Últimas Noticias