Tras los sorpresivos eventos del tres de enero de 2026, la Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana entró en reforma parcial y por consiguiente fue aprobada. Luego, los daños administrativos y financieros de las dos últimas décadas, sus resultados golpearon técnicamente las refinerías, taladros y pozos, pero ahora todo da un giro inesperado. Estados Unidos, con el secuestro del presidente venezolano, se propone tomar con sus corporaciones petroleras todo el control de la cadena de extracción, comercialización y financiarización de la industria petrolera venezolana.
Con la serie de sanciones iniciada a partir del 2015, se limitó técnica y financieramente a PDVSA. Sin recursos suficientes se le dificulta llevar el crudo hasta la superficie y de allí cumplir con la acostumbrada dinámica de compromisos nacionales e internacionales.
Para Venezuela, la extracción de cada barril de petróleo tiene un costo de quince dólares. Por esto soberanamente buscó una salida y aprobó la Ley Antibloqueo. Esto le permitió cubrir el aumento de su estancada producción, la cual había caído en agosto del 2019 a trescientos mil barriles diarios. La solución fue migrar a un financista petrolero y de allí salió el conocido Modelo Chevron.
Por varias razones, las transacciones acordadas a partir de la Ley Antibloqueo se mantuvieron en reserva, conociéndose sus acuerdos ahora con la aprobación parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las nuevas negociaciones serán financieras y regirán la entrada a una veintena de corporaciones extranjeras, las cuales manejan la cadena de producción del petróleo en Venezuela.
La lucha por la independencia y soberanía de nuevo deberá esperar algunas décadas. Por mucho tiempo será imposible desarrollar formas distintas en toda la cadena petrolera sin tener la presencia y decisiones del control norteamericano. Esto será así hasta que dentro de la industria petrolera nacional se cree otra mirada que nos permita controlar nacionalistamente el comercio equilibrado de nuestros recursos según nuestros intereses.
A partir de ahora ―2026― este nuevo tiempo podría tardar unos treinta años, tiempo acostumbrado en Venezuela para los grandes cambios en petróleo. Actualmente se ha retrocedido, pero queda la experiencia la cual podría reducir los tiempos acostumbrados.
Ahora comenzará a definirse financieramente el Modelo Chevron, concesionado desde la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y Garantía de los Derechos Humanos, aprobada el 9 de octubre del 2020 con la cual se otorgaron poderes excepcionales.
Desde su aprobación se permitió fomentar la inversión nacional a través de la inversión extranjera. Esto de la inversión internacional es lo normal para cualquier país.
Pero la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos establece diferencias con la Ley Antibloqueo, aun cuando la primera toma el espíritu de la segunda. Anteriormente con la Ley Antibloqueo el ejecutivo pudo tomar decisiones puntuales sin la aprobación legislativa, ahora con la reciente Ley Orgánica de Hidrocarburos se incluyen a las transnacionales como parte necesaria para el nuevo despegue financiero del país.
Anteriormente el Estado se reservaba su régimen de reserva y confidencialidad con estas transacciones financieras, ahora los recursos serán depositados ―primeramente― en el Fondo Catar: establecida la orden por parte de EE. UU. Venezuela queda sujeta a poder utilizar este dinero sólo en áreas exigidas y sus compras serán dirigidas exclusivamente hacia empresas norteamericanas.
Resumiendo, la Ley Antibloqueo representó un intento del gobierno venezolano tras adaptarse a un entorno económico adverso, pero también planteó serias preocupaciones. Ahora, siguiendo el Modelo Chevron el mismo será replicado por todas las transnacionales petroleras. Su principal consecuencia es que el financiamiento será a cambio del control de la cadena productiva del petróleo venezolano.
