La realización del referéndum consultivo del pasado tres de diciembre tuvo numerosas opiniones, comentarios y análisis. Los comentarios corrieron en los medios de comunicación social y en las redes sociales. Pero faltan publicaciones despojadas de toda animosidad y parcialización, especialmente si entendemos que se trató de una opción participativa, prevista en el texto constitucional. Parcialización de lado y lado.
Soy partidario de la intervención en todos los procesos que impliquen emitir opinión a través del voto. En las asambleas de ciudadanos y en cuanto evento se promueva para asumir el manejo de mecanismos democráticos, en que ser haga valer, realmente, la opinión de los ciudadanos.
Por eso, no me acerco al coro de los abstencionistas, que, aunque respetable como opinión, siempre entiendo que el voto es igualmente un compromiso con una idea que, si no ganara, es parte del dinamismo de la sociedad y es una forma de intervenir en los asuntos públicos. Además, el voto en Venezuela es un derecho, no es una obligación.
El referendo, para decirlo más hispanamente, fue convocado en medio de una plena y total ausencia de culturización sobre una materia que, siendo tan lejana en el tiempo y hasta en la geografía, para la mayor parte del país, no del común manejo, cotidianamente. No se puede pretender que, por invocar la soberanía, toda la ciudadanía iba a estar motivada, alegre y entusiasta para ir a los centros electorales.
Debo decir que todos los centros, y otros más, nuevos, fueron activados para facilitar la presencia de los electores, por lo que la organización llegó a términos eficientes, en medio de una propaganda que fue eso, siempre difusión de conceptos y no una cuidada estrategia que involucrara el conocimiento o, en mi criterio, a la cultura de las mayorías venezolanas.
La disputa territorial es un tema recurrente durante mucho tiempo. Todos los gobiernos involucrados tuvieron incidencia y todos no han sido asistidos de una animación nacional como para procurar una solución. Es por ello que la situación pudo haberse ventilado con éxito en el pasado.
Ahora, este gobierno consideró conveniente hacer la consulta y no obstante las precariedades de las que hablan en materia financiera, se hizo el evento con cobertura total territorialmente hablando.
La consulta se planteó con inusitada rapidez. Esto sirvió para despertar sospechas de orden político, lo que obligó a los promotores a buscar refugio y apoyo en numerosas organizaciones sociales y, especialmente, grupos políticos, que, al final, se adhirieron, pero que no entraron en campaña de movilización de electores.
Tan valioso mecanismo de participación no resultó acogido por las mayorías nacionales, como debió ser, porque la credibilidad en los convocantes quedó destruida por la forma como se hizo la convocatoria, en que también influyó el hecho de que muchos actores, al expresarse, llevaron a la convicción de que se trataba de un asunto de la ciencia jurídica, es decir para profesionales del derecho.
No. Es una materia para todos los venezolanos, sin distinción de nivel educativo. Nuestros intereses son asunto de todos los hombres y mujeres de la patria, no solo del gobierno. Por ello, luego de diez días de la consulta, siguen pendientes de revisión y aceptación las lecciones que se derivaron de un evento asediado por la apatía colectiva.
Pero no podemos quedarnos en críticas que solamente abordan el tema electoral, porque sería mezquino. Los enormes intereses extranjeros detrás del Esequibo, merecen una explicación. En mala hora nuestra dirigencia política, sea oficialista y opositora, pusieron en manos extranjeras las decisiones en el país. Venezuela, hundida en una tragedia económica y con instituciones debilitadas, es presa fácil para los intereses de las grandes potencias y sus brazos financieros e industriales, y esto no puede ser simplemente una propaganda temática, sino un tema que realce y unifique a los venezolanos, en función de los intereses de nuestro país. Lamentablemente, la brecha en la política, por ahora eso lo impide.
