Grupo Parlamentario Libertad divulga proyecto de Ley de Amnistía: claves y reacciones

El Grupo Parlamentario Libertad, encabezado por diputados de los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT), Unión y Cambio y Lápiz, hizo público el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobado por la Asamblea Nacional (AN) este 5 de febrero en primera discusión. 

La plenaria y especialmente los diputados de dicha fracción fueron fuertemente criticados en redes sociales por levantar la mano en la sesión del Parlamento a favor de la iniciativa legal del Ejecutivo, sin que siquiera se conociera el contenido completo (13 artículos) y solo la exposición de motivos, pese a la importancia de la normativa legal.

“Hacemos público el proyecto de Ley de Amnistía, con el cual iniciaremos el trabajo legislativo de la Comisión Especial designada para tal fin, de la cual formamos parte. Aspiramos a que Venezuela pueda avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional, a partir de la aprobación de esta ley, cumpliendo con los pasos constitucionales  correspondientes: la consulta pública, la segunda discusión parlamentaria y, finalmente, el ejecútese por parte de la Presidencia de la República”, anunció el diputado (UNT) Luis Florido, pasado el mediodía de este 6 de febrero, en su cuenta de la red X. 

El parlamentario acompañó el mensaje con fotos del texto completo que irá a consulta pública, de la mano de una comisión especial de 19 diputados, encabezados por Jorge Arreaza (Psuv). 

“Con diálogo, justicia y compromiso, podremos dar este paso histórico por la paz y la unión de todos los venezolanos”, agregó Florido.

Desde 1999 hasta 2026

El artículo 1 establece que la ley tiene por objeto conceder una “amnistía general y plena” en favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, en el marco de los sucesos de violencia por motivos políticos que se indican en la normativa, a los fines de “promover la paz social y la convivencia democrática”. 

El artículo 7 de la iniciativa legal del interinato confirma que estarán excluidas de la aplicación de la amnistía, tal como lo adelantaron voceros gubernamentales como el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos relacionados con: 

1. Violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Homicidio intencional.

3. Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a 9 años de prisión.

4. Delitos contra el patrimonio público (corrupción). 

“Exigimos máxima transparencia y amplitud a la comisión que tendrá a cargo el proceso de consulta.  Mientras tanto, seguimos preocupados por la redacción de dos aspectos en la exposición de motivos: el espíritu de una ley de esta naturaleza no es atribuir a un sector la culpa y, por otro lado, insisten en plantear la amnistía como un acto de clemencia soberana”, reaccionó el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, ante la divulgación del texto.

Hechos que excluyen 

En el artículo 6 de la propuesta consignada ante la AN por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, se incluye una lista de 10 hechos que el chavismo toma como contexto para conceder amnistía a quienes estuvieron involucrados en dichos acontecimientos. De allí que el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, hiciera énfasis en la primera discusión de la normativa, que las listas eran de hechos, no de personas, y que a partir de allí se evaluaría cada caso.  

Esos hechos son: 

1. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 (contra el gobierno de Hugo Chávez), incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
2. Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
3. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo de 2004.

4. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en agosto de 2004.

5. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo de 2007.

6. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.

7. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014 (protestas antigubernamentales) 

8. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto de 2017 (masivas protestas antigubernamentales en todo el país, que arrojaron más de 100 muertes)

9. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril de 2019 (llegada del gobierno interino de Juan Guaidó).

10. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024 (protestas post electorales del 29 y 30 de julio, cuando el CNE declaró ganador a Nicolás Maduro sin presentar las pruebas).

“Debemos advertir que se trata de un texto sumamente incompleto y potencialmente peligroso. Limita de manera estricta su aplicación a diez momentos específicos, vinculados a hechos calificados como violencia política. Excluye a quienes han sido condenados bajo la Ley Simón Bolívar y la Ley contra el Odio, entre otros instrumentos de represión vigentes, las causas de jurisdicción militar, cualquier derogatoria del marco legal represivo que permitió y sigue permitiendo la persecución por razones políticas”, alertó la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano. 

La exdiputada advirtió que, de persistir esta redacción, queda abierta la puerta para nuevas detenciones, incluso después de una eventual aplicación de la amnistía.

Amnistía no automática 

El artículo 8 de la normativa establece que se “extinguen de pleno derecho” todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles que se encuentren en trámites judiciales y procedimientos, incluyendo solicitudes de extradición, relacionadas exclusivamente con los hechos objeto de la amnistía. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas.

Los tribunales de control o juicio competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, de acuerdo con el artículo 9, verificarán los supuestos de la amnistía en cada caso y decretarán el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo.

Asimismo, deben cesar las medidas de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas.

Al respecto, Solorzano también alertó que la amnistía no es automática porque su aplicación debe ser solicitada y queda sujeta a verificación judicial, lo cual implica “discrecionalidad en manos del mismo sistema que ejecutó la persecución». 

Subrayó igualmente que la ley, como está planteada en el proyecto, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación integral para las víctimas.

“En consecuencia, resulta insuficiente para avanzar hacia una solución integral que garantice justicia, reconciliación y la plena restitución del Estado de derecho y libertad para los presos políticos, con garantía de no repetición”, enfatizó la abogada.

Este 6 de febrero, durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Caracas, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a Jorge Arreaza, quien dirige la comisión especial que llevará a consulta pública la ley, que en el articulado se incluyera reparación a las víctimas, pero refiriéndose solo a quien el chavismo considera como tal, por ejemplo, Orlando Figuera, asesinado en las protestas de 2017.  

Cabello hará seguimiento 

El proyecto de ley ordena a los órganos de policía, policía de investigación (Cicpc) y autoridades militares dar por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos a que se refiere la ley (artículo 10). 

De igual forma, ordena la eliminación de los registros y antecedentes (artículo 11) relacionados con las personas objeto de amnistía de los archivos policiales y militares, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o de la persona interesada.

El seguimiento a la aplicación y cumplimiento de la ley estará a cargo del Ministerio del Interior y Justicia según el artículo 12, que dirige Diosdado Cabello.  /EC