El Decreto N° 23 de "Larrazábal 2.0" por Giovanni Marquina
La narrativa oficial de la transición democrática en Venezuela suele refugiarse cómodamente en el romanticismo de los grandes salones de Miraflores, en el carisma de Wolfgang Larrazábal o en el refinamiento jurídico de Edgar Sanabria. Sin embargo, la verdadera estocada que sepultó la herencia institucional de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez no ocurrió en la capital. Se ejecutó en la provincia profunda, en los pasillos de las prefecturas y en las plazas de los pueblos del interior, camuflada en una drástica pieza de cirugía política, como fue el Decreto N° 23 de la Junta de Gobierno de 1958.
Aquel instrumento disolvió de un solo plumazo los concejos municipales perezjimenistas para fundar las llamadas Juntas Administradoras Municipales.
Para comprender la dimensión de ese "dedazo" centralizado y supuestamente moralizador, la fuente bibliográfica matriz son los tomos de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela de 1958. Comenzando formalmente en la Gaceta Oficial N° 25.567 del 23 de enero de 1958, donde se promulgó el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, a partir de allí, bajo la figura de Decretos de la Junta, se publicaron los nombramientos de gobernadores, presupuestos regionales y las directrices centralizadas para escoger a los miembros de las juntas locales como eran los Distritos, hoy Municipios, entrelazándose con políticas públicas de impacto como las campañas de alfabetización y profundas reestructuraciones del Estado.
Este monumental esfuerzo institucional quedó registrado en el Tomo IV de la obra "Historia Gráfica de Venezuela, la junta militar y la junta de gobierno", publicada en 1972 por el autor José Rivas Rivas, un meticuloso historiador, compilador y analista documental venezolano, cuya prolífica carrera se dedicó a preservar la memoria política contemporánea del país a través de la prensa y las fuentes oficiales.
Lejos de ofrecer relatos sesgados, Rivas Rivas se distinguió por un riguroso enfoque hemerográfico y archivístico, reuniendo con precisión bandos oficiales, decretos y listas de nuevos funcionarios que asumieron el poder en las distintas provincias de la república entre enero de 1958 y febrero de 1959. Sus tomos demuestran cómo el andamiaje abstracto de la Gaceta Oficial se tradujo en una realidad palpable para el ciudadano común.
El ejemplo perfecto de la aplicación de este manual ocurrió en el antiguo Distrito Tovar, que en ese entonces no era la geografía fragmentada de hoy, sino una potencia territorial y económica que abarcaba la totalidad del Valle del Mocotíes y se extendía con ambición agraria hacia las tierras calientes del Sur del Lago, lo que se llamaba el caserío de El Vigía.
Al caer el régimen, el nuevo Gobernador Provisional de Mérida nombrado desde Miraflores, el Dr. Vicente Duque Sánchez, asumió bajo esta nueva legalidad central la tarea de extirpar los tumores políticos del perezjimenismo en Tovar sin que colapsaran los servicios públicos. Para conformar la Junta Administradora del Distrito Tovar, se desplazó a los antiguos funcionarios dictatoriales y corruptos, donde se nombró a un cuerpo colegiado compuesto por notables civiles de la sociedad tovareña, educadores, caficultores, comerciantes y líderes de partidos que regresaban de la clandestinidad o el exilio de COPEI, AD y URD.
Aunque los registros diarios de los nombres exactos de esa Junta Transitoria de 1958 forman parte de los tomos resguardados en el Archivo Histórico Municipal de Tovar, cronistas e historiadores locales como Alfonso Ramírez y Héctor Molina destacan que la dirección civil transitoria en Tovar estuvo respaldada por líderes sociales, educadores de gran peso moral en la subregión como los herederos de las corrientes de la maestra Ananiás Avendaño y personalidades respetadas de la agricultura del Mocotíes.
Aquellas juntas tuvieron que sanear las cuentas del imponente Palacio Municipal inaugurado apenas en 1950 por el régimen, para auditar la profunda corruptela que había gobernado complacientemente por la dictadura central y preparar al pueblo para volver a votar en libertad en diciembre de ese año.
Viendo el panorama actual, el fantasma de ese calco histórico resulta inevitable y profundamente irónico. Al observar la ingeniería institucional que se cocina tras bastidores entre Washington y Caracas, cabe preguntarse: ¿estamos presenciando el guión de Larrazábal? A tenor de la agenda en Washington y de los comunicados a contrarreloj en Caracas: ¿estamos a las puertas de repetir, calcados, los decretos de 1958? Resulta fascinante ver cómo el libreto de la "Fase 3" entre el fraude electoral de los archivos desclasificados de la CIA, denunciado por el presidente de los EE.UU Donald Trump y el tutelaje del Secretario de Estado Marco Rubio revive el viejo manual de la cirugía institucional.
Si este pacto entre las "dos Asambleas" avanza, ¿repetirán la dosis del Decreto N° 23, disolviendo de un plumazo todas las gobernaciones y alcaldías del país? Si el guión se va a repetir exactamente 68 años después, que sirva al menos para lo justo, barrer la inagotable podredumbre regional y municipal, extirpar a los corruptos de turno por cleptocracia y su destructiva mala praxis política.
Queda flotando la gran pregunta del millón de dólares: ¿cuándo nos presentarán a la nueva camada de "notables" ungidos a dedo desde Miraflores? Al final, en este eterno e inagotable teatro de la provincia venezolana, lo único que se renueva es el elenco de la Gaceta Oficial. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue obligado a pagar la misma función de circo barato, financiando con impuestos asfixiantes, el alto costo de la vida, para recibir, a cambio, la misma ración de pan y circo.
