Aprueban 95 artículos de la reforma parcial de la Ley del Sistema Eléctrico
Diputado Pedro Infante destacó la importancia de la ley. Foto archivo.
El diputado Pedro Infante felicitó a los parlamentarios por el grado de conciencia asumida en el debate.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión 95 artículos del proyecto de ley de la reforma parcial del Sistema Eléctrico Nacional, dejando diferidos para la próxima sesión los otros restantes, ya que el proyecto de ley consta de 115.
En los artículos aprobados se establecen con precisión los derechos, deberes y tipologías de los suscriptores en todo el país. A efectos de la ley, se considera usuario a toda persona natural o jurídica que haga uso del servicio, quedando divididos formalmente en dos grandes categorías. Por un lado, los usuarios generales comprenden a quienes reciben la electricidad bajo las condiciones técnicas que dictamina la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional y mediante las tarifas fijadas por el Ejecutivo Nacional conforme al régimen de subsidios. Por otro lado, los usuarios especiales son aquellos expresamente autorizados por la misma Superintendencia para acordar tarifas de energía y potencia directamente con las empresas operadoras, construir sus propias líneas de transmisión o distribución, o utilizar las redes existentes a cambio de un peaje pactado entre las partes.
El marco normativo hace un hincapié particular en el régimen de deberes que asumen las personas usuarias, enfatizando la necesidad de velar por el correcto funcionamiento e integridad del sistema eléctrico. En este sentido, se establece la obligación de suscribir un contrato, abonar puntualmente la energía efectivamente consumida según las tarifas correspondientes y abstenerse de revender, ceder o traspasar el suministro a terceros o inmuebles no estipulados en dicho documento.
Asimismo, la ciudadanía deberá permitir el acceso del personal debidamente autorizado e identificado tanto a los puntos de medición como de suministro, resguardar el buen estado de los medidores evitando daños o manipulación de precintos, mantener las instalaciones eléctricas internas alineadas con las normativas técnicas vigentes y someterse al régimen de sanciones o a la desconexión de la red cuando así sea ordenado legalmente.
Adicionalmente, el reglamento contempla medidas estrictas para la preservación de la infraestructura nacional y la eficiencia energética. Los usuarios deberán reportar cualquier cambio de uso que implique variaciones sustanciales en su consumo de potencia, al tiempo que asumirán la responsabilidad de colaborar en la protección de las instalaciones destinadas al servicio, informando o denunciando formalmente cualquier hecho que vulnere la red.
Cultura del ahorro energético
Para impulsar la cultura de ahorro energético, todos los suscriptores deberán cumplir con las directrices dictadas por la Superintendencia; mientras que, de forma específica, los grandes consumidores que mantengan una demanda superior a 2 megavatios quedarán legalmente obligados a diseñar y ejecutar un plan de uso racional y eficiente de la energía eléctrica dentro de sus instalaciones.
También la ley aborda la gestión del alumbrado público en calles y espacios urbanos, estableciendo un esquema de corresponsabilidad y financiamiento concurrente entre el Poder Público Nacional y las municipalidades. Con la finalidad de asegurar la optimización de los espacios comunes y la seguridad ciudadana, los municipios asumirán la obligación financiera de cancelar la energía consumida dentro de sus delimitaciones geográficas.
Para ello, la empresa operadora calculará la demanda global de las luminarias por medición efectiva o estimación técnica y emitirá las facturas institucionales para su cobro y liquidación oportuna, abriendo también la posibilidad de acordar convenios directos de modernización y sostenimiento operativo entre los gobiernos locales y las distribuidoras habilitadas.
La Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional tendrá la responsabilidad de revisar de manera anual los costos vinculados a las distintas actividades del sector, asegurando así que sus valores reales se mantengan al día.
Deberá, asimismo, identificar los costos económicos eficientes en cada una de las fases de la cadena del servicio: generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización, marco fundamental para la posterior fijación de las tarifas del servicio en el país.
Buenos aportes
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, quien condujo el debate, señaló que la jornada fue muy positiva tomando en cuenta los aportes de las dos bancadas.
«Creo que aquí todos tenemos conciencia de que estamos discutiendo una ley que es importante para el país, para la gente. Tenemos que hacerlo y mantener el esfuerzo con conciencia», y agregó que «estamos haciendo una buena ley. Yo quiero felicitar a todas las diputadas y diputados que han tenido la disciplina y la conciencia, disciplina consciente de estar aquí hoy discutiendo esta ley tan importante para nuestra gente», concluyó.
