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Por Jorge Pérez

La trampa regulatoria de la cleptocracia: “La nueva Ley Eléctrica de Venezuela” por Jorge Pérez



La trampa regulatoria de la cleptocracia: “La nueva Ley Eléctrica de Venezuela” por Jorge Pérez

Durante años, la diáspora técnica, los gremios de la ingeniería, las universidades y los profesionales que consagramos nuestra trayectoria al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hemos venido alertando, exigiendo y sustentando la urgente necesidad de una transformación estructural en el marco institucional y regulatorio venezolano. Lo hemos hecho a través de foros especializados, entrevistas en medios de comunicación, artículos de opinión y propuestas técnicas formales: recuperar, estabilizar y modernizar la infraestructura eléctrica del país no es un asunto de retórica ni de paños calientes, sino de arquitectura jurídica confiable, viabilidad financiera real y rigor técnico.

Tras los acontecimientos del pasado 3 de enero y la extracción de Nicolás Maduro, el país albergó la legítima expectativa de una rectificación histórica de fondo. Sin embargo, la estructura del poder demostró con rapidez una amarga realidad: aun cuando se llevaron a «Alí Babá», el aparato y los intereses de «los 40 ladrones» permanecieron intactos en el ejercicio del control público. La verdadera transición hacia el desarrollo exigía entre otras, comenzar con una nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, blindada técnicamente y sometida a una consulta nacional abierta, para luego ser complementada con una batería de leyes especiales sobre mercados energéticos mixtos, energías renovables, descentralización, eficiencia y redes inteligentes.

Lejos de atender ese reclamo sensato, en abril pasado el régimen interino sacó intempestivamente «debajo de la manga» un proyecto de reforma parcial redactado a contrarreloj en los despachos ministeriales. Desde ese momento en que se aprobó a espaldas del país en primera discusión, nos mantuvimos en estado de máxima alerta, siguiendo paso a paso cada modificación, cada texto engavetado, cada supresión calculada y cada artículo introducido entre sombras hasta consumar, en este mes de noviembre, su sanción definitiva en segunda discusión sin la difusión ni el debate público que un tema de seguridad nacional demandaba.

Habiendo seguido y contrastado meticulosamente cada fase del expediente parlamentario, el resultado legislativo final confirma nuestras peores previsiones: estamos ante una reforma engañosa que apela a un barniz cosmético de modernidad para blindar, en el fondo, la discrecionalidad política y el centralismo estatista más recalcitrante.

La Fachada de la Modernización y sus Vicios de Fondo

En el papel, el texto definitivo sustituyó los 42 artículos originales por una redacción integral de 119 artículos. Incorporó términos propios de los mercados internacionales que antes eran tabú para la burocracia oficial: el reconocimiento del Valor Agregado de Distribución (VAD), los peajes de acceso abierto a redes, la medición inteligente, la viabilidad de contratos bilaterales libres de compraventa de energía (PPA), la incorporación de baterías de almacenamiento (BESS) y la admisión de cláusulas de arbitraje comercial directo para mitigar el riesgo expropiatorio.

No obstante, cuando se somete el articulado al bisturí técnico-político, se devela la trampa estructural: la ley fracasa deliberadamente en establecer las tres garantías básicas que cualquier inversionista u operador de primer orden internacional exige antes de comprometer capital en infraestructura eléctrica:

  1. La simulación del Operador Independiente: En lugar de crear un Coordinador o Administrador de Mercado técnico, autónomo y despolitizado (como el CEN en Chile, XM en Colombia o PJM en EE. UU.), el Artículo 18 crea el «Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico» como un simple órgano desconcentrado del Ministerio, cuyo director general es nombrado y removido discrecionalmente por el Ministro de turno. El despacho de las plantas y la asignación de las líneas no responderán a un orden estricto de mérito económico de costos marginales, sino a las órdenes políticas del mismo jerarca que tutela a la empresa estatal competidora.
  2. Un Regulador sin blindaje ni autonomía técnica: La Superintendencia del SEN (Artículos 15 y 16) nace viciada en su cúspide: el Superintendente y la totalidad de su Directorio son de libre nombramiento y remoción de la Presidencia de la República. No existen concursos de credenciales ni períodos fijos protegidos. Además, la fijación de la tarifa final aplicable al usuario y la cuantía de los subsidios quedan atadas a la conveniencia del Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas (Artículos 13 y 73), lo que condena a las empresas distribuidoras al estrangulamiento financiero cada vez que el fisco decida no transferir los diferenciales de subsidio prometidos.
  3. La distorsión del arraigo comunitario sobre la operación técnica: Lejos de limitar al Estado a su rol natural de rector y planificador de políticas macro, el texto introduce a los consejos comunales y mesas técnicas de energía con atribuciones directas para «fiscalizar la calidad del servicio» (Artículo 40) y avala figuras regresivas como la «medición colectiva» por hasta dos años (Disposición Transitoria Primera). En los hechos, esto desprofesionaliza la auditoría de redes, institucionaliza las pérdidas no técnicas y legaliza la incobrabilidad, destruyendo la viabilidad comercial indispensable para operar redes de distribución con estándares mundiales.

A lo anterior se suma la ambigüedad que rodea a la cláusula de reversión del Artículo 31 —que obliga a transferir a CORPOELEC todos los bienes incorporados al término del contrato libre de gravámenes—, difiriendo el cálculo de compensaciones y el Valor Nuevo de Reemplazo a reglamentos futuros que nadie conoce.

¿Apertura Internacional o Traje a la Medida para el Blanqueo Cleptocrático?

Ante este panorama regulatorio salta a la vista una pregunta ineludible: si los redactores de la ley sabían perfectamente que este andamiaje ahuyenta al capital institucional serio, a los operadores globales de libre mercado (Iberdrola, Enel, AES, Duke Energy, NextEra) y a las bancas multilaterales que operan bajo estrictas normas de cumplimiento antisoborno y gobernanza corporativa, ¿para quién se diseñó realmente esta ley?

La respuesta es tan cruda como evidente: la ley no busca captar inversión extranjera de primer orden, sino formalizar y legitimar el botín de los nuevos ricos forjados al amparo de la pseudorrevolución.

Estamos presenciando una mutación que emula con precisión el manual de la oligarquía rusa post-soviética: ante la inminencia de cambios políticos irreversibles en Venezuela y el cerco judicial y financiero internacional que asfixia a los capitales ilícitos, los operadores de la cleptocracia (testaferros) necesitan con urgencia pasar de contratistas oscuros a «empresarios formales con títulos jurídicos».

El precedente de figuras como Alejandro Betancourt —quien tras protagonizar los monumentales desfalcos de la emergencia eléctrica de 2009-2012 con la sobrefacturación termoeléctrica, mutó de la noche a la mañana en un operador con empresas de reciente registro hasta erigirse en el nuevo zar petrolero de facto— es el espejo exacto de lo que hoy pretenden replicar a escala general en el sector eléctrico.

Lo estoy advirtiendo hoy, la ley aprobada es el vehículo perfecto para esa operación de reciclaje patrimonial:

  • El salvoconducto del Artículo 23: Su tercer párrafo faculta a CORPOELEC a entregar centrales termoeléctricas y redes en esquemas de Asociación Público-Privada (APP/ROM), cediendo su tenencia y explotación económica a operadores mixtos o privados. Pero añade una línea hecha a la medida: la firma de estos contratos no transferirá pasivos laborales, ambientales, contractuales o fiscales acumulados con anterioridad. Es decir, se les entregan los activos públicos a precio de remate, saneados de las deudas y del desastre operativo que ellos mismos provocaron.
  • Blanqueo de capitales dentro del país: Los capitales acumulados mediante la corrupción, el diferencial cambiario y el saqueo institucional —que hoy no pueden circular en el sistema financiero global por sanciones y alertas antilavado— encuentran en el SEN un mecanismo idóneo de bancarización interna a través de contratos dolarizados y tarifas no reguladas en el enclave petrolero e industrial (Artículos 49, 61 y 78).
  • Blindaje jurídico de facto: Mediante los títulos habilitantes que otorgará el Ministerio (Artículo 26) y las cláusulas de arbitraje comercial (Artículo 29), estos testaferros y oligarcas locales pretenden consolidar «derechos adquiridos» para atar de manos a un futuro gobierno democrático o forzar multimillonarias demandas indemnizatorias si se intenta sanear el sector.

Quienes han saqueado al SEN en estas dos últimas décadas son los mismos que hoy pretenden comprarlo en pedazos bajo un manto de falsa salvación nacional. Se llevaron a Alí Babá, pero los 40 ladrones redactaron una ley para repartirse la cueva.

Por una Verdadera Refundación del Sistema

Esta reforma apresurada no es el instrumento que levantará a Venezuela de su postración energética. Es un remiendo pragmático para formalizar la captura del Estado y perpetuar el control hegemónico de una casta económica parasitaria.

La reconstrucción genuina del SEN exigirá desincorporación vertical efectiva, un Operador de Red y de Mercado verdaderamente independiente (ISO/RTO), una Comisión Reguladora colegiada y con autonomía funcional, la despolitización absoluta de las redes eléctricas y un marco de competencia transparente donde solo prevalezcan la eficiencia técnica, la seguridad jurídica y el beneficio del usuario.

Como constancia y aporte de nuestro compromiso indeclinable con el futuro del país, en los próximos días estaremos haciendo llegar a la opinión pública, a los sectores productivos nacionales, a la academia y a los organismos internacionales el documento técnico formal contentivo del Diagnóstico Estructural y Evaluación Regulatoria Integral de la Ley Aprobada, el cual recoge minuciosamente las inconsistencias, los riesgos patrimoniales y las advertencias que aquí sintetizamos. No permitiremos que la retórica disfrace de modernización lo que en el fondo no es más que la perpetuación del centralismo cleptocrático que arruinó a Venezuela.