Más de 190.000 fallas eléctricas en Venezuela entre enero y noviembre
Más de 190.000 fallas eléctricas en Venezuela entre enero y noviembre
Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por Apagones, lamentó que las autoridades venezolanas no han atendido esta problemática de forma eficiente y que, con pañitos calientes, se ha profundizado en los últimos meses. Señaló que Zulia es el más afectado por las flucturaciones
En Venezuela ocurrieron 192.310 fallas eléctricas entre enero y noviembre de este año, según el monitoreo del Comité de Afectados por Apagones. Las autoridades, de acuerdo con la presidenta de la organización Aixa López, no han atendido esta problemática de forma eficiente y, con pañitos calientes, se ha profundizado en los últimos meses.
“No se ha atendido este problema de manera conjunta, sino con pañitos calientes y la situación sigue habiendo fallas, bajones y apagones en todo el país”, dijo López en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy para Onda La Superestación.
Puntualizó los casos de los estados Carabobo, donde las personas pueden estar sin servicio eléctrico hasta 8 horas diarias, o Guárico, donde los cortes alcanzan las 14 horas. La gente, para tener un día normal, debe tener planta eléctrica en las fábricas y hogares para prestar buen servicio a los ciudadanos.
“Esta situación no ha mejorado en nada en el interior del país”, afirmó.
Fallas “suben de forma bárbara”
La presidenta del Comité de Afectados por Apagones advirtió de que ha habido un aumento exponencial de los apagones.
“Los apagones van subiendo de una forma bárbara, el sistema eléctrico no mejora. (Hemos contabilizado) 192.310 fallas eléctricas. Teniendo los meses de octubre y noviembre con muchísimas fallas registradas”, señaló López.
Agregó que los estados andinos también se han visto muy afectados por la problemática, pero que Zulia es la entidad que “no ha salido del reinado” con más fallas en todo el país.
Los racionamientos son “un disfraz”
Aixa López aseguró que los racionamientos aplicados en algunos estados del país “son un disfraz”para tapar las deficiencias del servicio.
“Es simple y llanamente para darle legalidad a los apagones y bajones porque deberían ser en un bloque de cuatro horas, pero son seis, siete, ocho horas. Nosotros registramos, una vez finaliza el supuesto racionamiento, que sobrepasa el número de horas que debería estar un estado de acuerdo al esquema que debe cumplirse”, manifestó.
Insistió en que los estados del interior del país están mucho más afectados. Aunque aclaró que eso no significa que Caracas esté más privilegiada porque actualmente ocurren fallas con mayor frecuencia, pero más bajones que apagones.
“Las parroquias San Juan, La Candelaria y El Recreo tienen muchísimas fallas, pero no a los niveles de los que vemos en el interior, que pueden llegar a seis horas. En Caracas pueden alcanzar media hora, dos horas, tres horas. En Miranda tenemos muchas fallas, pero se presentan más en los municipios El Hatillo y Baruta”, dijo.
“Creo que el gobierno nacional debe sentarse porque esto tiene que terminar. Porque las fallas en lugar de disminuir van aumentando mes a mes y la gente está padeciendo y sufriendo”, añadió.
Escuchado en las sanciones y en supuestos saboteos de la oposición venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro se ha quitado responsabilidad por la crisis en el Sistema Eléctrico Nacional.
Sistema eléctrico entre las prioridades
Con el acuerdo alcanzado en semanas pasadas entre el chavismo y la oposición, se liberarán 3.000 millones de dólares protegidos en países del mundo.
Está contemplado que esos recursos, que los administrarán las Naciones Unidas, se invertirán en obras de electrificación, de agua, de educación, de salud y para mitigar los daños causados por las lluvias en el país. Así lo han anunciado las partes involucradas.
Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en las conversaciones, sin embargo, dijo en una entrevista reciente que no quiere crear falsas expectativas porque esa cantidad es insuficiente comparada con las necesidades del país. También aclaró que la ejecución tomará, al menos, tres años y que se garantizará la transparencia en los procedimientos de licitación y de contratación.
