Ante la intensa situación en Perú, los dos
poderes siguen interpelándose para adelantar las elecciones generales o
renunciar, pero nadie da un paso adelante.
Por su parte, la
presidenta dio un discurso este domingo en el que pidió al Congreso que
asuma la “responsabilidad histórica” de aprobar el adelanto electoral
para 2023, en lugar de a mediados de 2024, como estaba previsto.
“Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad: nos vamos
todos”. Con esas palabras asume el grito que se ha extendido ya por el
país, en el que los ciudadanos exigen “que se vayan todos”: el Gobierno y
el Congreso.
El pasado viernes se dio ese debate en el Pleno y
fue rechazado por una amplia mayoría. Solo hubo 45 votos a favor y 65 en
contra.
Boluarte, sin embargo, no da muestras de planear
una renuncia por ahora. Un hecho que tampoco desembocaría en elecciones
inmediatas, ya que el presidente del Congreso, José Williams, asumiría
la presidencia del país.
En caso de que el Congreso llegara a
aprobar la nueva fecha de los comicios, la primera vuelta se celebraría
en octubre y la segunda en diciembre de este año.
Mientras
tanto, los manifestantes mantienen desde las calles su presión al
Gobierno, que cada vez se siente con menos margen de maniobra. Durante
el primer mes y medio, las protestas se mantuvieron en las regiones del
interior, sin alterar demasiado la vida de Lima, la capital que
concentra a un tercio de la población del país. Pero desde hace 10 días,
los enfrentamientos por la represión policial se trasladó a las calles
de la capital. La crisis cobró la vida ya a 58 personas, la última este
sábado en Lima, por el disparo de un proyectil.
La
desaprobación de la presidenta es del 76% y el índice de aprobación del
Congreso apenas es de un 7%, según la última encuesta del Instituto de
Estudios Peruanos (IEP). En ese mismo sondeo, un 56% aseguró que las
fuerzas del orden se excedieron en la represión de las protestas,
mientras un 26% avaló la actuación policial.