Defensa de Maduro y Cilia Flores en EE. UU. alega falta de recursos para costear abogados

En un nuevo capítulo del proceso legal que enfrentan en el Distrito Sur de Nueva York, la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores presentaron un documento ante el juez federal Alvin Hellerstein reiterando que sus clientes no poseen los fondos necesarios para financiar su representación legal.

La solicitud busca que el tribunal permita al Gobierno de Venezuela sufragar los honorarios o, en su defecto, desestimar los cargos por narcotráfico.

Barry Pollack y Mark E. Donelly, representantes de la pareja, incluyeron declaraciones juradas donde ambos manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras detalladas si el tribunal lo requiere.

Esta movida jurídica ocurre a pocos días de la audiencia clave programada para el próximo 26 de marzo.

Defensa de Maduro y Cilia Flores

El nudo crítico de la defensa de Maduro y Cilia Flores radica en las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Hasta el momento, el Departamento del Tesoro de EE. UU. no ha autorizado que el Estado venezolano realice los pagos a los bufetes privados, lo que los abogados califican como una «interferencia estatal» en el derecho constitucional de los acusados a elegir su propio equipo legal.

Según el escrito enviado al juez Hellerstein, la negativa de la OFAC vulnera dos pilares fundamentales de la Constitución estadounidense:

• La Sexta Enmienda: Que garantiza el derecho a elegir una defensa de confianza.
• La Quinta Enmienda: Referente al debido proceso legal.

La defensa argumenta que la propuesta del Gobierno de asignarles defensores de oficio no representa una solución válida, ya que obligar a los acusados a aceptar abogados que no eligieron constituye una violación directa a sus derechos fundamentales.

Argumentos de inconsistencia en las sanciones

Los juristas señalaron que la OFAC ha permitido en situaciones previas que terceros sancionados paguen honorarios legales de otras personas bajo la misma condición, por lo que consideran que la restricción actual es inconsistente y discriminatoria.

Bajo esta premisa, la defensa de Maduro y Cilia Flores sostiene que el proceso está «inconstitucionalmente defectuoso».

La petición final al tribunal es contundente: el sobreseimiento de la causa (desestimar los cargos), alegando que el tribunal no puede permitir que el caso avance mientras se violen los derechos de los implicados a una defensa de su elección.

Con información de EFE/El Nacionalista