“Las estructuras de represión siguen intactas”: denuncian ONG venezolanas ante la CIDH
Mario D’Andrea, de Civilis, reportó al menos 1.405 niños, niñas y adolescentes afectados en el país, con cifras que incluyen heridos, desaparecidos, desplazados internos y fallecidos.
Activistas de DDHH presentaron el “Termómetro de Justicia y Verdad”
En el marco del 196.° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se celebró este jueves la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La sesión, transmitida en vivo a través del canal oficial de la CIDH, contó con la participación de un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana, mientras que el Estado no se hizo presente.
La audiencia reunió a representantes de ONG venezolanas como Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Caleidoscopio Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Justicia Encuentro y Perdón, Lateral, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Provea y Voto Joven, entre otros.
La comisionada Gloria De Mees, relatora para Venezuela, abrió la sesión destacando la ausencia del Estado y advirtió que, aunque en la prensa se reportan reformas y diálogos, la información aportada por las organizaciones “sugiere que muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas” y que “los derechos humanos no pueden medirse por anuncios sino por resultados”.
Uno de los puntos centrales fue la presentación del Termómetro de Justicia y Verdad, herramienta elaborada por consenso de 20 organizaciones venezolanas. Beatriz Borges, directora de Cepaz, explicó que el instrumento se basa en “el seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales y en el monitoreo constante de la situación después del 3 de enero de 2026. Está integrado por cuatro pilares temáticos, quince indicadores y diez recomendaciones orientadas a evaluar el avance hacia la recuperación del Estado de derecho”.
Las organizaciones enfatizaron la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Martha Tineo, de Justicia Encuentro y Perdón, señaló que este grupo “atraviesa todos los estratos sociales e incluye mujeres separadas de sus hijos, funcionarios, sindicalistas, ciudadanos comunes, extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad”. También denunció la impunidad en casos como el de Fernando Albán, con al menos 18 personas fallecidas bajo custodia estatal.
Mario D’Andrea, de Civilis, reportó al menos 1.405 niños, niñas y adolescentes afectados en el país, con cifras que incluyen heridos, desaparecidos, desplazados internos y fallecidos.
Prioridades para el país
Entre las prioridades planteadas destacan la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos (a pesar de la existencia de una ley de amnistía), la derogación o reforma del marco normativo que restringe el espacio cívico y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Las organizaciones observaron con cautela la instalación, este 8 de agosto, de una comisión mixta anunciada por autoridades interinas, la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de Estados Unidos, advirtiendo que su valor dependerá de resultados concretos y verificables.
Asimismo, se recordó que Venezuela mantiene su desvinculación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no ha cumplido sentencias ni resoluciones pendientes. El llamado a la CIDH incluyó un seguimiento urgente al proceso de transición, la incorporación del Termómetro de Justicia y Verdad en su monitoreo, y la exhortación al Estado para que extienda invitaciones formales a la Comisión durante 2026.
La audiencia forma parte de un período de sesiones que también abordó temas de otros países de la región, reafirmando el papel de la CIDH como espacio de denuncia y seguimiento de la situación de derechos humanos en las Américas.
