Mérida, Agosto Viernes 14, 2026, 01:06 am
Las organizaciones Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) cuestionaron que la situación de los presos políticos no haya sido incluida entre los acuerdos alcanzados por el gobierno venezolano y un sector de la oposición, aunque calificaron como un avance el compromiso de renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La crítica surgió un día después del cierre del primer ciclo de conversaciones entre ambas partes, que durante una semana mantuvieron reuniones a puerta cerrada en Caracas. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, la reforma del Poder Judicial puede abrir una oportunidad para recuperar la institucionalidad, pero no debería desplazar decisiones que consideran urgentes.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, cuestionó directamente la ausencia de los presos políticos en la agenda de negociación.
“Lamentamos que en las negociaciones que se han llevado a cabo recientemente no se haya incluido lo de los presos políticos, porque no vemos ninguna justificación”, declaró a EFE.
Daniels sí respaldó el acuerdo para renovar el TSJ y vinculó la transformación del máximo tribunal con la necesidad de recuperar el Estado de derecho en Venezuela. A su juicio, los problemas de la “falta de Estado de derecho” tienen relación con una institución que “solo ha estado al servicio del poder y que no ha hecho nada para proteger los derechos ciudadanos”.
El representante de Acceso a la Justicia consideró que el cambio puede ser significativo si el nuevo proceso permite seleccionar magistrados que actúen con independencia.
“En este sentido, consideramos un gran avance que se vaya a renovar y esperamos que dicha renovación se haga escogiendo magistrados, ahora sí, independientes e imparciales y aunque parezca increíble sería también algo muy positivo que finalmente podamos tener magistrados sin antecedentes penales”, apuntó.
JEPVzla coincidió en que la renovación del TSJ representa un paso hacia la recuperación de las instituciones. La organización sostuvo que el acuerdo puede contribuir a la reinstitucionalización del país, siempre que el proceso garantice la independencia del Poder Judicial.
“Sin duda es indispensable contar con un Poder Judicial independiente, transparente y capacitado que garantice el cumplimiento sagrado de asegurar un Estado de derecho solido y cumpla con su mandato de administrar justicia”, explicó.
Sin embargo, la organización advirtió que la transformación del máximo tribunal no tendrá efectos inmediatos. La revisión de normas, la conformación de comisiones, la evaluación de candidatos y los procedimientos de postulación requerirán tiempo y podrían tardar meses “en dar frutos reales”.
Por ello, JEPVzla insistió en separar la reforma institucional de aquellas decisiones que pueden ejecutarse de manera inmediata, entre ellas la liberación de personas privadas de libertad por razones políticas.
“A diferencia de un cambio legislativo, avanzar en estos puntos no exige procesos burocráticos ni rediseños institucionales, sino decisiones de aplicación inmediata que se pueden tomar de forma directa”, subrayó.
El gobierno y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 acordaron el miércoles iniciar un proceso para reformar la Ley Orgánica del TSJ, ampliar el comité de postulaciones judiciales y abrir un nuevo procedimiento para renovar y designar a todos los magistrados del máximo tribunal.
La presidenta de la Asamblea Nacional electa de 2015, Dinorah Figuera, quien encabezó la representación opositora en las conversaciones, aseguró este jueves que continuará trabajando para conseguir nuevas excarcelaciones en los “próximos días”.
El asunto permanece pendiente en la mesa mientras el acuerdo sobre el Poder Judicial entra en su fase de ejecución. /EN