Mérida, Noviembre Lunes 11, 2024, 03:26 am
Las nuevas cifras sobre feminicidios en Venezuela muestran que el crimen organizado es uno de los principales motores de violencia contra las mujeres, y de estas las más vulnerables son las lideresas comunitarias, las parientes de delincuentes y quienes trabajan en economías ilícitas.
Durante el 2022, la ONG venezolana Utopix registró 236 feminicidios en el país, y 68 feminicidios de mujeres venezolanas en el exterior. Solo cuatro estados, Miranda, Carabobo, Zulia y Bolívar, aportaron cerca de la mitad de los feminicidios registrados en Venezuela.
Aunque la mayoría de los homicidios fueron perpetrados por quienes eran o habían sido parejas de las víctimas, la violencia asociada al crimen organizado es el segundo factor de los feminicidios en Venezuela y el resto de Latinoamérica.
En total, durante 2022, se vincularon 30 homicidios a bandas criminales en el país, concentrados en Miranda, Carabobo, Táchira y Zulia. En Colombia y Perú, donde se registraron la mayoría de feminicidios por fuera del país, al menos cuatro tuvieron conexión directa con el crimen organizado.
Aunque se tipificaron los feminicidios como delitos distintos dentro de la ley promulgada por Venezuela en 2014 sobre “El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, no hay reportes oficiales sobre el número de mujeres asesinadas por la violencia en el país, lo que deja a grupos como Utopix dependiendo del seguimiento a las notas de prensa. Los feminicidios que no son informados por los medios de comunicación pueden ser excluidos, lo que lleva a afirmar que el número real de muertes puede ser mayor, según Aimee Zambrano, coordinadora de monitoreo de feminicidios para Utopix.
El crimen organizado contribuye a los feminicidios de varias maneras.
Las bandas criminales muchas veces amenazan o agreden a las mujeres por su relación con miembros de bandas rivales o fuerzas de seguridad, de manera que el blanco son parejas o familiares, como una forma de enviar mensajes a sus enemigos.
"Lo que vemos es que el cuerpo de las mujeres termina siendo un botín de guerra entre bandas", señaló Zambrano.
Varios casos ocurridos a lo largo del año pasado siguen ese patrón. En septiembre, la esposa de un presunto extorsionista en La Cañada de Urdaneta, estado de Zulia, fue asesinada por pistoleros en su casa. Meses antes, en mayo, la madre de un miembro de una pandilla carcelaria, también llamados pranes, conocido como “El Rayao”, en Morón, Carabobo, fue asesinada por los enemigos de su hijo. Al parecer, ninguna de estas mujeres tenía que ver con las actividades criminales de sus parientes.
Otras veces, las disputas territoriales entre bandas criminales ponen en posición de vulnerabilidad a las mujeres que ejercen liderazgo comunitario, pues son blanco de grupos que buscan imponer el miedo para afianzar su control social. En diciembre de 2022 se registró un caso de esos en el estado de Miranda, donde asesinaron a una mujer que hacía parte del comité local de distribución de alimentos subsidiados después de acusarla de dar información a la policía, según medios locales.
"Cometen estos crímenes precisamente como una manera de intimidar a estas mujeres que están haciendo todo un trabajo comunitario", comentó Zambrano. “Es una forma de intimidar a todo lo que es el tejido social”.
Sin embargo, las mujeres más vulnerables son las que participan en economías ilícitas, pues estas representaron el mayor porcentaje de feminicidios ligados al crimen organizado durante el año.
En el estado de Amazonas, una mujer que trabajaba en un campamente de minería ilegal fue una de las cinco personas muertas en una masacre cerca de la frontera con Brasil, según notas de prensa.
En la frontera colombo-venezolana, mujeres que trabajaban como “carretilleras”, pasando mercancías por trochas ilegales también fueron blanco de grupos armados. En abril, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue acusado del secuestro y asesinato de una venezolana en la frontera entre Colombia y Venezuela, por no pagar extorsión al grupo, y en diciembre, hallaron muerta a una mujer que trabajaba como “carretillera” en un cruce ilegal.
Las venezolanas que trabajan para organizaciones criminales en Colombia también corren un alto riesgo. Una venezolana vinculada al microtráfico fue asesinada en la ciudad de Bucaramanga, y otra más fue abatida por sicarios en Soledad, Atlántico, porque al parecer cobraba extorsiones para el grupo Rastrojos Costeños.
Así mismo, las trabajadoras sexuales son víctimas comunes del crimen organizado. En Perú, venezolanas que ejercen trabajo sexual son blancos comunes de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, que las extorsiona. Una mujer fue asesinada y otra fue herida en un ataque que, según la policía, tenía que ver con una disputa territorial entre Los Gallegos y una banda peruana, mientras que otra trabajadora sexual fue asesinada presuntamente por negarse a pagar extorsión a un grupo criminal no identificado.