Para el momento de irrumpir el movimiento
reformista universitario de Córdoba de 1918, en el país solamente existían dos
Universidades: La Universidad Central
de Venezuela, establecida con el nombre de Universidad de Caracas por Real
Cédula de Felipe V del 22 de diciembre de 1721 y la Universidad de Los
Andes, creada con el título de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida
de los Caballeros por decisión de la Junta
Superior Gubernativa de Mérida del 21 de septiembre de 1810. A pesar de los
cambios ocurridos con el advenimiento de la República, primero en
1811 y después en 1821 y 1830, esos dos institutos de educación superior
conservaron una fuerte tradición colonial, derivada de las normas que para su
funcionamiento impuso la monarquía española al conjunto de universidades
establecidas en Hispanoamérica desde 1551 (Perú y México) hasta la finalización
de la dominación española en América. A una educación teórica de notable
influencia teológica, con predominio de los estudios jurídicos, filosóficos y
eclesiásticos, con limitados estudios de las ciencias físicas y naturales, con
excepción de la Medicina,
se sumaba la intervención directa del Estado en la mayoría de las actuaciones
académicas y administrativas de aquellas instituciones. Aunque se dictaron a
partir de 1826 y 1843 Códigos de Instrucción Pública y leyes particular en
materia de Universidades, esos instrumentos legales no modificaron el carácter
elitesco, escolástico, dogmático y autoritario del sistema universitario
colonial. Aspectos que, en su conjunto, estuvieron presente en las críticas
expuestas por el Manifiesto de “La juventud argentina de Córdoba a los hombres
libres de Sudamérica” del 21 de junio de 1918 y demás documentos que fueron
surgiendo a medida que se profundizaba el movimiento y se extendía a otras
universidades de América Latina.
En el proceso histórico de los institutos
de educación superior en América Latina y el Caribe han existido dos tipos de
reforma universitaria. Una, la impuesta por el Estado a través de un conjunto
medidas legales para reorientar los estudios (creación o supresión de carreras,
escuelas, facultades) o modificaciones de la infraestructura institucional
(construcción de edificios, bibliotecas, servicios estudiantiles, etc.). Ello
como consecuencia de un problema específico académico o administrativo, no
ajeno a la situación política del país o de la ciudad en la que funcionaba cada
Universidad en un determinado momento. Otra, como resultado de una acción
propia de la institución, por decisión de sus autoridades o por la decisión de
sus profesores y/o estudiantes orientada a la transformación
académico-administrativa de la Universidad.
Ejemplos de ello es el movimiento reformista universitario de
Córdoba de 1918 o la llamada renovación universitaria de Venezuela de
1969-1970. Es al primer tipo de reforma universitaria al que vamos a referirnos,
con ejemplos concretos para demostrar la ausencia de las reformas
universitarias de Córdoba en la
Universidad de Los Andes, como también aconteció en la Universidad Central
de Venezuela, particularmente durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Para
ello tendremos como premisa el hecho de que fue desde el gobierno central, y
sus órganos ejecutores en materia de educación superior, de donde se originaron
las transformaciones ocurridas durante los años del régimen gomecista. Al
respecto, remitimos a un estudio más exhaustivo que publicamos con el título de
“Ausencia
de las Reformas de Córdoba en las Universidades de Venezuela (1918-1935)” en Educere. La Revista Venezolana
de Educación, 41 (Mérida, abril-junio de 2008, pp. 337-350).
A diferencia de lo que aconteció en la Universidad Central
de Venezuela, en la
Universidad de Los Andes el desafío al gobierno gomecista no
se manifestó en ningún momento. Como en el resto del país, en Mérida, Gómez supo mantener el orden con el
nombramiento en los cargos de gobierno regional y local de fieles seguidores de
su férrea política dictatorial, lo cual no fue diferente en lo que a la Universidad se refiere,
en cuanto a la designación de sus autoridades y catedráticos. La Iglesia también fue un
factor de dicho orden, considerando la reconocida tradición católica de la
sociedad merideña desde los tiempos coloniales. No debe olvidarse que aquel
jefe del poder ejecutivo era de origen andino. El instituto universitario merideño
no solamente fue el refugio de los ucevistas que debieron emigrar a Mérida a
continuar o culminar sus estudios durante los cierres de 1912-1922 y 1928, sino
también el centro fundamental de la educación superior de los estados
fronterizos con Mérida: Trujillo, Táchira, Zulia y Barinas. El 15 de enero de
1909, el Ministro de Instrucción Pública Samuel Darío Maldonado propuso al Dr.
Ramón Parra Picón para el rectorado de la Universidad de Los
Andes. El nombramiento tuvo lugar cuatro días después, y en esa fecha el mismo
funcionario le autorizó “para reorganizar la Universidad de Mérida
de la manera más cónsona con el estado de nuestra civilización y de nuestro
progreso actual”. Ello con la finalidad también de que acabara “de una vez en
ese Instituto con ese cáncer de las contemporizaciones que desmoraliza[ba] la Instrucción Pública,
la única base cierta y segura del engrandecimiento patrio y de la edificación
científica de lo porvenir.” Reorganización que exigía también “de los mejores
elementos, es decir de los hombres de activa acción intelectual.” Estas
sugerencias involucraban entonces aspectos de orden académico y disciplinario,
que implicaría cambios en la estructura de la docencia y la investigación, así
como en el control de las actuaciones de profesores y alumnos. Acompañarían en
el gobierno universitario al Dr. Parra los doctores Pedro Luis Godoy y Gabriel
Picón Febres, hijo, como Vicerrector y Secretario, respectivamente. Jesús
Rondón Nucete señala que las nuevas autoridades de la Universidad eran
profesores de la misma y no venían de afuera, vinculados a la sociedad
merideña, por lo que “…no podían representar grandes cambios. La Institución era muy
pequeña, con algunos profesores (que no podían ser reemplazados fácilmente) y
pocos alumnos…” (Jesús Rondón Nucete: Primeros
años del gomecismo. Mérida, Ediciones del Vicerrectorado Académico / Universidad
de Los Andes, 2003, p. 66. El autor hace una síntesis de aspectos fundamentales
de universidad merideña entre 1909 y 1917).
En efecto, en la Universidad de Los
Andes, para el inicio del gobierno de Juan Vicente Gómez (1908) funcionaban la Facultad de Ciencias
Políticas, un Curso Preparatorio y un Curso Filosófico, con un total de veinte
cátedras, veintidós profesores y cincuenta y cinco alumnos. Desde el Código de
Instrucción Pública de 1843, la
Universidad se había reorganizado con las Facultades de
Ciencias Políticas, Ciencias Eclesiásticas, Ciencias Filosóficas o de Humanidades.
La Escuela de
Medicina no iniciaría sus actividades hasta 1854 y a partir de 1894,
constituida ésta como Facultad, la incorporación a la misma los estudios de
Farmacia. Sin embargo, para 1908 los cursos de Farmacia y Medicina no existían,
pues fueron clausurados en 1905, por disposición del presidente Cipriano
Castro, para no ser reabiertos hasta 1918 y 1928, respectivamente. La Facultad de Ciencias
Eclesiásticas no tenía actividad en razón de no contar con alumnos. Al año
siguiente se reabrió con dos cátedras para que asistieran los alumnos del
Seminario, instituto orientado a la formación de los sacerdotes de la Diócesis de Mérida. El 13
de abril de 1909, el Dr. Parra solicitó al gobierno la reapertura de los
estudios médicos, en razón de las dificultades de los estudiantes merideños
para seguir los cursos en la Universidad Central y para dar más amplitud a la
enseñanza en la ULA,
reducida en los últimos años únicamente a la Facultad de Ciencias
Políticas. El asunto fue sometido a la consideración de la Junta Revisora del
Código de Instrucción Pública para que resolviera lo conveniente. No hubo
respuesta inmediata y el problema se fue prolongando en el tiempo, pues la
decisión no se tomaría hasta 1928.
En aquella fecha también se dio
una comunicación del Ministerio de Instrucción Pública que disponía la adopción
en la Universidad
de Los Andes del plan de estudios establecido por Decreto del Ejecutivo del 4
de enero de 1909, para la
Facultad de Ciencias Políticas de la UCV, determinándose el
nombramientos de los profesores para la de Mérida, escogidos de la terna que
había enviado el Rector. Lo mismo se hacía con los docentes para los Cursos
Filosófico y Preparatorio que se dictaban en la Universidad. Ello
evidencia que el gobierno central no solamente intervenía en la designación de
sus autoridades sino también de los catedráticos para la reducida enseñanza
universitaria. De esa manera continuaría la situación de la Universidad de Los
Andes entre 1910 y 1914. Para adaptar sus actividades docentes y
administrativas a las disposiciones del Código de Instrucción Pública de 1905,
el Consejo Universitario elaboró y puso en vigencia, previa aprobación del
Ministerio de Instrucción Pública, un “Reglamento” el 6 de marzo de 1913. Este
comprendía aspectos generales de la Universidad, Facultades y los Cursos Preparatorio
y Filosófico, conocido también como del Bachillerato, además de lo referente a
autoridades, profesores, alumnos, preparadores, empleados, biblioteca, consejos
universitario y de facultades, enseñanza, exámenes y grados, disciplina, salón
de actos públicos, apertura y culminación de cursos, ceremonial, honores
póstumos, derechos universitarios y las disposiciones complementarias y finales
correspondientes. La Facultad
de Ciencias Filosóficas no funcionaba para 1913, pues no aparece en el referido
Reglamento, como tampoco en el “Estatuto de la Universidad de Los
Andes” sancionado el 12 de marzo de 1915.
En este nuevo Estatuto
solamente se señaló la existencia la
Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Ciencias
Eclesiásticas y un Liceo (Liceo Mérida o Liceo Universitario, desde 1942 Liceo
Libertador). En el mismo se indicaron las materias que debían “leerse” en cada
escuela, así como las características de los cargos de Rector, Vicerrector,
Secretario, Bibliotecario, Profesores, empleados subalternos y régimen docente:
Funciones, sustitución, designación de las autoridades por el Ejecutivo
Federal, títulos requeridos para su nombramiento; concursos de oposición de los
profesores, dictado de cátedras, destitución, remuneración, jubilación;
selección de los empleados por el Rector, Consejo de las Escuelas y Liceo, el
Rector como Director del Liceo Universitario, Consejo de Profesores y Consejo
Universitario. En cuanto al régimen docente, se estableció un conjunto de
normas estrictas referidas a la enseñanza, las clases, alumnos, inscripción,
certificado de suficiencia en instrucción secundaria o título de bachiller,
matriculación, exámenes, acreditación y expediente como estudiante, pérdida de
la inscripción, sanciones disciplinarias, número de alumnos por cátedras y el
carácter público de las aulas universitarias, pero facultándose a las
autoridades para excluir a quienes perturbaran las labores de la institución.
Llama la atención que este Estatuto de la Universidad de Los
Andes se sancionara antes que se dictara la referida Ley de Instrucción
Superior del 19 de junio de 1915, pero en su contenido se aprecia el espíritu
de las Escuelas Superiores que se instaurarán para la Universidad Central
de Venezuela, sólo que la situación y condiciones de la universidad andina eran
diferentes al instituto caraqueño. Nos referimos a la simpatía que tenía el
gobierno de Juan Vicente Gómez en Mérida y el tamaño de la Universidad en cuanto
a sus facultades, escuelas, cátedras, profesores, alumnos y personal subalterno.
El Liceo y las Escuelas de la Universidad de Los
Andes fueron dependencias sometidas a un
proceso de organización mediante resoluciones ministeriales separadas del 9 y
10 de febrero de 1917, ordenadas por el Presidente Provisional Victoriano
Márquez Bustillo. Por organización se entendía exclusivamente la designación
del personal docente de la
Universidad, indicándose las respectivas cátedras. Ello
evidencia que, a pesar de las disposición de los concursos de oposición de los
referidos Estatutos, el gobierno central se atribuía la función designar a los
catedráticos universitarios. Cabe referirnos ahora al carácter académico del
instituto de educación superior andino para 1917, un año antes de las reformas
de Córdoba. Al respecto dice Jesús Rondón Nucete, que la crisis universitaria
permitiría “…transformar sus estructuras, muy arcaicas, y, sobre todo, tomar
contacto con la modernidad y con la ciencia, hasta entonces casi ausentes de
sus claustros. En verdad, en los mismos no había espíritu crítico; no se
conocían los nuevos métodos de enseñanza ni se realizaban labores de investigación;
y se ignoraba casi por completo lo que ocurría en áreas del saber distintas a
las humanísticas. Los estudios se limitaban a los de filosofía, derecho y
ciencias eclesiásticas, que se impartían generalmente según las lecciones de
los maestros clásicos. Los merideños poco sabían de los progresos científicos y
tecnológicos…Por último, no existía relación con otros centros universitarios y
de investigación, como no fuera la de alguna comunicación social.” (Rondón
Nucete incluye cuadros sobre alumnos y profesores de la Universidad entre 1909
y 1916. Op. Cit., pp. 67-71). Es
decir, en Mérida estaban dadas las condiciones para que se produjera una
transformación como la propuesta por el movimiento estudiantil de Córdoba. Sin
embargo, la situación se mantuvo invariable por mucho tiempo y, consideramos,
que en cierta medida, todavía se espera por una verdadera transformación
académica y administrativa.
Vamos ahora a demostrar la ausencia de las
reformas de Córdoba en la ULA. Para
ello utilizamos los aspectos fundamentales de las mismas enumeradas por Carlos
Tünnermann Bernheim, y que destacamos en cursivas, resultantes de los
postulados del “Manifiesto”, de otros documentos y la interpretación de los
mismos han hecho diversos autores (Historia
de la Universidad
en América Latina…, pp. 105-143 y 147-149, y en 60 años de la reforma de Córdoba: 1918-1978. Caracas, Ediciones
Fedes, 1979, p. 57): 1) Autonomía
Universitaria en sus aspectos políticos, docente, administrativo y económico; 2) Elección
de los cuerpos directivos, de las autoridades y de los organismos de
co-gobierno por la comunidad universitaria. 3) Concursos de oposición para la selección del profesorado. 4) Libertad de cátedra. 5) Gratuidad de la enseñanza. 6. Reorganización académica mediante la creación
de nuevas escuelas y modernización de los métodos de enseñanza. 7) Asistencia social a los estudiantes. 8) Democratización del ingreso a la
universidad. 9) Vinculación con el
sistema educativo nacional. 10) Extensión
universitaria a través del fortalecimiento de la función social de la Universidad. 11) Espíritu democrático por la unidad
latinoamericana. 12) Lucha frente a
las dictaduras y el imperialismo. Prácticamente, ninguno de esos aspectos
fue considerado en la
Universidad de Los Andes para 1918, incluso en las cuatro
décadas siguientes.
El contraste de estas doce reformas de
Córdoba con la situación de las Universidades de Venezuela, de Caracas y de
Mérida, entre 1918 y 1935, nos permite llegar a varias conclusiones: Dichas
reformas no tuvieron en esas universidades la proyección que algunas veces se
señala sin sustentación documental alguna. La férrea dictadura de Juan Vicente
Gómez impidió el desarrollo de un movimiento estudiantil fuertemente
organizado, desarticulándolo en el caso de la Universidad Central
de Venezuela con la prisión, exilio, destierro, trabajo forzado y cierre de la
institución en 1912 y 1928. En la Universidad de Los Andes aparecerá ese movimiento
estudiantil con posterioridad a la muerte del dictador. Las reformas introducidas
en ambos institutos fueron el resultado de decisiones del gobierno central y
del ministerio de instrucción pública, con exclusión o escasa participación de
las Universidades, y menos como producto de propuestas estudiantiles.
Documentos y opiniones de varios autores prueban que en nuestras universidades,
por sus características académicas y administrativas, estaban dadas las
condiciones para un verdadero proceso de modernización y transformación
institucional, acordes con las reformas propuestas para Córdoba en 1918 y
extendidas a otras universidades hispanoamericanas. Es evidente que el
movimiento estudiantil de Caracas utilizó la UCV como plataforma para sus futuras aspiraciones
políticas. Algunas de las reformas señaladas por Carlos Tünnermann Bernheim
fueron aplicándose, gradualmente, con posterioridad a 1935, durante los
gobiernos de Eleazar López Contreras (1936-1941), Isaías Medina Angarita
(1941-1945) y los gobiernos democráticos a partir de 1958.
Veamos dos apreciaciones divergentes de lo
acontecido en Venezuela con respecto de las Reformas de Córdoba de 1918. Graciela
Soriano dice lo siguiente: “…puede afirmarse que el sector universitario de
Venezuela permaneció, pues, al margen de otros hechos que, entretanto, movían a
la universidad hispanoamericana desde Córdoba (1918-1930) propiciando la gran
“reforma universitaria” radical que orientaría a la institución académica por
las vías de una concepción autónoma, experimental y humanista de una
universidad de docencia libre y reconocimiento de la participación estudiantil…”
(Sobre la Autonomía
Universitaria. Caracas, Universidad Central
de Venezuela / Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2005, p. 38). Por su parte, Arturo Uslar
Pietri interpretó el hecho de otra manera, al considerar que “en un tiempo de
lucha y de exaltación liberal de la juventud el ejemplo de Córdoba se convirtió
en una bandera para los universitarios hispanoamericanos. Desde la Argentina a Chile, al
Perú, a México, en nombre de esa bandera se libraron heroicas luchas estudiantiles.
A Venezuela llega el fermento en los pródromos del movimiento de 1928.” Para agregar que
“…nuestra Universidad, que había sido tridentina y napoleónica, se hizo
cordobesa y se convirtió en una especie de vanguardia de la lucha política del
país, en un centro nervioso suprasensible, donde las corrientes ideológicas y
los intereses de partido se afrontan con extraordinaria acometividad, en una
caja de resonancia donde pugna de la plaza pública se agudiza y extrema.” (“De
Trento a Córdoba” en Cuarenta Ensayos.
Compilación, prólogo, cronografía y bibliografía de Efraín Subero. Caracas,
Monte Ávila Editores, 1990, p.134-135). Dos maneras de entender la proyección
de Córdoba en Venezuela. Soriano niega, como nosotros, la incidencia en la
transformación de la
Universidad, particularmente en la Universidad de Los
Andes. Uslar Pietri le atribuye, cosa que no negamos para la Universidad Central
de Venezuela, una influencia en cuanto a la participación decidida de los
estudiantes en la política nacional, sin hacer referencia al problema
universitario, esencia del movimiento estudiantil cordobés.
Concluimos esta Crónica con la visión que sobre
la Universidad
de Los Andes registró un testigo de excepción en sus Memorias, el estudiante de
Derecho Domingo Alberto Rangel, a fin de que el lector advierta la situación
del instituto merideño para 1940, dos décadas después de las Reformas de
Córdoba de 1918: “La
Universidad de Los Andes…era la misma que setenta años atrás
o más, había desafiado las cóleras de Guzmán Blanco. Ocupaba el mismo inmueble
que era el suyo desde la colonia, un poco remozado que flanqueaba el viejo
torreón del Rector heroico. Nada había cambiado en un siglo, los mismos
locales, la misma ubicación que ya luciera en aquella época. Tenía el mismo número
de alumnos. Creo que no pasaban ellos de mil y, si estoy subestimando a aquella
masa, apuesto a que no excedía los mil quinientos. Los profesores eran todos
ellos, en las cuatro o cinco Facultades, profesionales de otras ramas que
dedicaban una o dos horas tras el amanecer o pasado el atardecer a la labor
docente. Abogados de bufete o tribunal, médicos dedicados a sus consultorios,
farmacéuticos dueños de botica o dentistas con clínica propia, eran los
profesores. Ninguno de ellos cultivaba la docencia como ocupación principal. El
personal administrativo se reducía al Rector, al Vice-Rector y al Secretario.
Los Decanos ejercían ese cargo de manera honoraria y sin dedicarle un solo
momento concreto y determinado…” Y
agrega más adelante, de manera casi irónica: “Como es natural, la enseñanza era
libresca y tenía que ser libresca. Donde no había laboratorios ni seminarios,
no había posibilidad de tener palestras para el debate investigativo o para la
experimentación fecunda. Clamar en aquella Universidad por otro tipo de
enseñanza era hacerse ilusiones. Aunque los profesores conocían las últimas
teorías jurídicas y manejaban los postulados ideológicos más modernos y audaces
–me estoy refiriendo, como es obvio, a la Facultad de Derecho en la que yo cursaba– tenían
que limitarse a exponer ideas abstractas por falta de bibliotecas adecuadas y
de gabinetes aderezados a tal fin. Si digo que la Universidad de Los
Andes de 1940 era la misma que tiempo atrás había visto mi bisabuelo P. H. G.
Bourgoin no estaría exagerando mucho. Y todo porque en Venezuela no cambia
nada, o mejor, no progresa nada en aquel dilatado lapso de un siglo casi…” (Alzado contra todo (memorias y desmemorias).
Valencia-Venezuela, Vadel Hermanos Editores, 2003, pp. 78-79).
Los documentos para advertir la situación
de la Universidad
de Los Andes entre 1900 y 1928, antes y después de las Reformas de Córdoba de
1918, correspondientes al gobierno de Juan Vicente Gómez y los rectorados de
los doctores Pedro de Jesús Godoy (1900-1901), Asisclo Bustamante (1901), Juan
Nepomuceno Pagés Monsant (1902-1909), Ramón Parra Picón (1909-1917), Diego
Carbonell (1917-1921) y Gonzalo Bernal (1921-1931) fueron publicados por Eloi
Chalbaud Cardona: Historia de la Universidad de Los
Andes. Mérida, Ediciones del Rectorado, Tomo IX (1982) y Tomo X (1990).
Sobre lo acontecido en Argentina en 1918 remitimos a La reforma Universitaria 1918-1958. Buenos Aires, Federación
Universitaria de Buenos Aires, 1959 y Dardo Cuneo (Compilación, Prólogo, Notas
y Cronología): La reforma universitaria
(1918-1930). Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988 (Biblioteca Ayacucho, 39).
(*) Coordinador
de la Cátedra Libre
de Historia de la
Universidad de Los Andes. Doctor en Historia (UCV, 2003).
Profesor Jubilado Activo de la
Escuela de Historia de la
ULA. Premio Nacional de Historia “Francisco
González Guinán” (1989). Premio Nacional de Historia (2019). Premio Nacional de
Cultura (2024). Investigador Emérito del Programa de Ciencia y Tecnología.
Investigador del Centro de Estudios Simón Bolívar.
