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Por José Antonio Rivas Leone

235 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA por José Antonio Rivas Leone



235 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA por José Antonio Rivas Leone

A nuestro profesor emérito Jesús Rondón Nucete 

Han pasado décadas y centurias desde el inicio de los estudios referidos a los primeros cursos que se dictaron en derecho civil, derecho canónico, derecho real y otras materias en la ciudad de Mérida, en el Seminario Tridentino de Mérida, cuna y génesis de la Universidad de los Andes.

Vale señalar no solo el mérito indiscutible que tuvo nuestro fundador —además de visionario—, Fray Juan Ramos de Lora, al echar las raíces sobre bases sólidas del mayor acierto que podamos recordar en los Andes venezolanos: el inicio formal de los estudios religiosos. A la vez, debemos significar y nunca olvidar que nuestro origen está indisolublemente unido a la Iglesia Católica, vínculo que se ha mantenido hasta el presente.

Asimismo, cronológicamente es determinante señalar que nuestra Bicentenaria y Benemérita Universidad de los Andes se erige y tiene su génesis en lo que hoy es nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Inicialmente, fue allí donde se dictaron y matricularon los primeros cursos universitarios de lo que posteriormente sería la segunda casa de estudios del país en términos de antigüedad y relevancia, asociada a carreras de pregrado, maestrías, doctorados, publicaciones de libros y revistas científicas, grupos y centros de investigación, patentes, profesores e investigadores.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas —próximamente Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas porque la Escuela de Criminología, la única en el país que forma y egresa criminólogos, dejó de ser experimental— cuenta con tres importantes escuelas de pregrado, a las cuales se suman dentro de sus estudios de posgrado: una especialización en políticas públicas, una en propiedad intelectual, una en derecho administrativo, una en derecho mercantil, una maestría en derecho agrario, otra en derecho procesal penal, una maestría en ciencias políticas y un doctorado en estudios políticos, entre otros.

Hemos venido señalando en estos últimos años —incluso antes de la pandemia mundial—, y más aún en la actualidad, en este mundo desbocado y lleno de incertidumbres, que como institución educativa y académica que cultiva los más excelsos valores, nos corresponde plantearnos y confrontarnos con el papel, los roles y la responsabilidad que sobre nuestras espaldas tenemos en un mundo, por decir lo menos, “complejo” y cambiante.

Registramos en diversos ámbitos y niveles de impacto un cúmulo de fenómenos a escala mundial, regional y nacional. Naturalmente, nuestra tarea como universidad y como facultad debe implicar un esfuerzo de estudio, análisis y reflexión profunda sobre las dinámicas que observamos en el seno de la democracia, el Estado, el derecho, la ciudadanía y la educación. No podemos divorciarnos, como lo señala nuestra Ley de Universidades en sus primeros artículos, del principio de que la universidad —y consecuentemente nuestras facultades y escuelas— tiene el deber de ser fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del ser humano. Asimismo, ratifica que nuestras casas de estudio deben ser instituciones al servicio de la nación, colaborando en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria al esclarecimiento de los problemas nacionales.

En ese sentido, insisto en que nuestra facultad alberga tres importantes escuelas: Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. De allí la interrogante: ¿cuál es el papel de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas y de sus egresados hoy, en medio de esta conmemoración del ducentésimo trigésimo quinto aniversario? La formación que impartimos, en función de las demandas actuales, nos obliga a revisar nuestras mallas curriculares, planes de estudio y pasantías, pero fundamentalmente a reflexionar sobre el tipo de profesional que estamos formando, quien no puede estar divorciado del componente humano, ético, cívico, ciudadano y humanístico.

Cabría preguntarnos si contamos con las herramientas, los códigos, los enfoques, los esquemas, los autores y los análisis necesarios para interpretar la realidad actual: desde las formas de concebir la vida, los hábitos, el espacio, el amor, el tiempo y las obligaciones, hasta la educación en todos los niveles, los roles, las ideologías, el papel del Estado, el trabajo, la familia, las instituciones, la pareja, la inteligencia artificial, el derecho mismo y las nuevas corrientes del pensamiento político, jurídico y constitucional. A ello se suman las mutaciones —algunas drásticas, otras sutiles— en los hábitos, costumbres, conductas y formas delictivas. Podríamos enumerar muchos fenómenos más que estamos obligados a estudiar, analizar y comprender, con el propósito de intervenir, proponer y aportar soluciones a un país y una sociedad que lo reclaman.

Sean propicias estas fechas que nos invitan a retrotraernos a décadas o siglos atrás para hacer una retrospectiva de nuestra historia institucional, de los caminos recorridos y de ese pasado que se asocia con raigambre, prestigio y linaje de un buen hogar, de una buena familia, de una buena casa, como lo ha sido nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y nuestra amada Universidad de los Andes de Venezuela. Todos los universitarios —y especialmente los abogados, politólogos y criminólogos— estamos hoy obligados a opinar, expresar, proponer e intervenir en la procura de una mejor sociedad y un mejor país.

La universidad y los universitarios somos uno de los mayores recursos y activos que este país posee. Atravesamos una etapa difícil, con muchos problemas y limitaciones, sin duda. Pero el momento nos obliga a seguir trabajando con ahínco, a no desmayar, a insistir en el camino que debe definir y ratificar la universidad y nuestra facultad: seguir formando no solo profesionales, sino también ciudadanos y seres humanos con valores, mística, principios, sensibilidad y sentido de pertenencia.

El escenario actual es complejo en todos los órdenes y aristas. Enfrentamos una sociedad sumergida y arropada por diversos fenómenos: la debilidad del Estado, la precariedad de las instituciones, la carencia de Estado de derecho, la ausencia de sólidos partidos políticos y liderazgos, y la falta de una clase política responsable, proba, seria y vanguardista ante sus ciudadanos. Estos últimos vivimos grandes incertidumbres de diversa índole, y es allí donde la familia, la Iglesia y la universidad deben apalancar esfuerzos titánicos para mantener unido al rebaño, a nuestras ovejas, a nuestros jóvenes, y evitar que claudiquen en su propósito de estudiar y formarse. No se trata solo de obtener un título —sea de abogado, politólogo o criminólogo—, sino de recibir una formación integral que les permita actuar, intervenir y aplicar su profesión de la mejor manera.

Los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades. Como Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, muy a pesar de las adversidades, hemos venido realizando un esfuerzo por ofrecer a nuestros estudiantes espacios dignos: salones iluminados y sin filtraciones, laboratorios de computación operativos, auditorios funcionales, una biblioteca acogedora que fomenta el estudio y la lectura, baños dignos y un ambiente de respeto, pluralidad y tolerancia que se refleja en las recientes elecciones estudiantiles. Todo ello en el marco de una matrícula que intenta revertir los niveles de deserción registrados tras la pandemia.

Finalmente, en este nuevo aniversario, es pertinente destacar la visión clara de las autoridades en la profundización de la vida académica: celebración de concursos y ascensos de profesores, revisión de planes de estudio, programas de pasantías, evaluación y diagnóstico de nuestros grupos y centros de investigación, revistas científicas, publicaciones y proyectos de investigación. Todo esto en un contexto en el que el magisterio universitario atraviesa una situación de desmejora que hace cuesta arriba —pero no imposible— acometer las tareas naturales que, como universitarios, tenemos inculcadas.


rivasleone@gmail.com