Los demandantes recalcaron que, bajo el principio de territorialidad y competencia, el TSJ está obligado a atender esta solicitud independientemente de la ubicación geográfica desde donde se origine la demanda, ya que se trata de derechos constitucionales de interés colectivo
Trabajadores universitarios demandan ante el TSJ la reivindicación de sus derechos laborales y salariales
Trabajadores universitarios demandan ante el TSJ la reivindicación de sus derechos laborales y salariales
Directivos del Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad de Los Andes (Fonjutraula), junto a profesores, investigadores y trabajadores de la ULA, anunciaron en una rueda de prensa la interposición formal de una demanda ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir el respeto pleno de los derechos contractuales y la dignificación del ingreso salarial.
El presidente del Fonjutraula, Malco Rangel, denunció que la desvalorización continua de las condiciones socioeconómicas del sector universitario ha alcanzado niveles críticos, y que las políticas salariales actuales vulneran directamente el artículo 91 de la Constitución Nacional.
Una situación de precariedad documentada
En ese contexto, Iván Toro, abogado penalista e investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, presentó evidencias contundentes sobre la degradación de los ingresos.
Señaló que en la demanda interpuesta se anexaron documentos de nómina y constancias de trabajo que demuestran que los salarios reales han sufrido retrocesos. Por ejemplo, un profesor titular, que en abril de 2026 percibía 2,04 dólares mensuales, redujo sus ingresos a 1,83 dólares en mayo de 2026. De igual manera, un auxiliar de archivo pasó de recibir 0,52 dólares a 0,48 dólares en el mismo periodo.
El activista en derechos humanos afirmó que esta crisis se agravó a partir de los anuncios del 30 de abril de 2026, cuando el Ejecutivo estableció un "ingreso mínimo integral" de 240 dólares. Al hacerse efectivo, este pago no tuvo incidencia en el salario básico, transformándose en bonificaciones que no impactan positivamente en el cálculo de prestaciones sociales, bonos vacacionales, aguinaldos ni otras cláusulas contractuales fundamentales.
Petitorios ante la Sala Constitucional
Por su parte Baudilio Márquez, profesor de Criminología de la ULA, enfatizó que la demanda se apoya en el principio de "primacía de la realidad sobre las formas". Las exigencias centrales de los demandantes son:
· Declaratoria de inconstitucionalidad: que la Sala Constitucional declare la comisión constitucional del Ejecutivo Nacional respecto a los ajustes salariales y el cumplimiento de las garantías laborales. · Conversión de bonos a salario: ordenar que los bonos percibidos sean integrados de manera definitiva al sueldo básico. · Ajuste salarial real y progresivo: garantizar un esquema que proteja el poder adquisitivo de todos los trabajadores (docentes, administrativos, técnicos, obreros y personal de investigación). · Derechos humanos: la protección efectiva de los trabajadores frente a la sistemática pérdida de su calidad de vida. TSJ obligado a responder
Los demandantes recalcaron que, bajo el principio de territorialidad y competencia, el TSJ está obligado a atender esta solicitud independientemente de la ubicación geográfica desde donde se origine la demanda, ya que se trata de derechos constitucionales de interés colectivo.
Se espera que, a partir del mes de septiembre de 2026, la Sala Constitucional se pronuncie y abra un procedimiento que permita la incorporación de otros gremios y sectores universitarios como terceros interesados, unificando una sola voz en la exigencia de justicia laboral y la recuperación del Estado social, democrático y de derecho en Venezuela. (Prensa ULA. María de los Ángeles Pérez. Fotos: Lánder Altuve).
