La encrucijada gremial de los abogados merideños por Frank Roberto Castillo Salazar

Con frecuencia, al analizar la situación institucional del Colegio de Abogados del Estado Mérida, se suele caer en simplismos peligrosos. Se atribuye la prolongada ausencia de renovación directiva a una supuesta apatía generalizada del gremio, a un desánimo profundo o a simples entramados de orden estrictamente legal. Sin embargo, un análisis riguroso de la realidad revela que el verdadero nudo gordiano no radica en la voluntad de los profesionales del derecho, sino en una variable mucho más pragmática y silenciada: la disponibilidad presupuestaria y financiera para gestionar el proceso electoral.

Organizar, desplegar y garantizar un proceso electoral gremial transparente, moderno y accesible en las actuales circunstancias económicas de Venezuela no es un ejercicio gratuito; demanda recursos logísticos, tecnológicos, operativos y de infraestructura que hoy superan con creces las capacidades de caja de una institución mermada. Ante este panorama, surgen dos preguntas muy puntuales con respuestas sin mareos y tangibles ¿Quién va a dar ese aporte? ¿Cómo se instrumentará financieramente?

Las semanas transcurren con una precisión implacable. El tiempo, en este ajedrez institucional, se convierte en el mejor y más fiel aliado de aquellos sectores que prefieren que el evento electoral sencillamente no ocurra, apostando al desgaste económico y a la normalización de la omisión institucional.

Un colegio profesional que no renueva sus autoridades pierde su brújula moral y su capacidad de interlocución. La Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Mérida arrastra un déficit de vigencia que corroe la legitimidad de cualquier postura gremial que intente asumir ante la opinión pública. La alternancia no es un capricho político ni una ambición de parcelas; es una garantía biológica e institucional de salud asociativa.

Mantener directivas prorrogadas indefinidamente genera un aislamiento nocivo entre el liderazgo formal y las nuevas generaciones de abogados que caminan los tribunales, enfrentan las complejidades del ejercicio libre o bregan con las dificultades operativas del sistema de justicia. Se requiere una directiva con mandato fresco, respaldada por las bases, capaz de negociar con temple, de abrir las puertas de la institución y de rescatar el sentido de pertenencia de un gremio que observa con frustración la atrofia de su casa natural. Sin una inyección de liderazgo legítimo, el colegio se reduce a una sigla vacía, incapaz de defender los intereses económicos, sociales y profesionales de sus agremiados.

Reflexionar sobre la renovación directiva obliga, necesariamente, a repensar el papel que desempeña el abogado en la Venezuela contemporánea. Lejos de la imagen tradicional del profesional de escritorio o del litigante de códigos bajo el brazo, el abogado venezolano de hoy se ha transformado en un sobreviviente y un estratega de la resiliencia institucional.

Ejercer el derecho en un entorno de constante tensión jurídica, donde las normas adjetivas y sustantivas sufren vaivenes extraordinarios, exige un compromiso ético monumental. El abogado actual no solo postula, interpreta y defiende; actúa como un amortiguador social frente a la indefensión de los ciudadanos. No obstante, este rol protagónico contrasta dolorosamente con la precariedad del ejercicio profesional: honorarios pulverizados por la hiperinflación, traslados complejos y una seguridad social inexistente para el gremio.

En este contexto, un Colegio de Abogados operante y legítimo no debería ser un lujo decorativo, sino la trinchera principal de defensa del ejercicio libre, un centro de actualización académica constante y un muro de contención frente a las arbitrariedades que menoscaban el estado de derecho.

El tiempo corre y juega a favor de quienes temen al veredicto de las urnas. La coartada del presupuesto no puede seguir siendo la excusa perfecta para perpetuar la inacción. El rescate del Colegio de Abogados del Estado Mérida pasa, ineludiblemente, por un gran acuerdo financiero y logístico donde confluyan la voluntad de los agremiados, la cooperación institucional transparente y el compromiso real con la democracia gremial.

Los abogados de Mérida no necesitan gestores de silencios, sino líderes dispuestos a asumir el reto económico y político de convocar, integrar y renovar. Si el tiempo es el aliado de los que temen el cambio, la unidad y la exigencia de transparencia deben convertirse en el detonante inexcusable para que las elecciones dejen de ser una promesa aplazada y se conviertan en una ineludible realidad.