Chavismo y oposición acordaron revisar leyes para garantizar la participación política en Venezuela
Foto: presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Telegram.
Las conversaciones se centraron en las garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral.
El chavismo y un sector de la oposición representado por la Asamblea Nacional electa en 2015 culminaron la noche de este miércoles 21 de octubre la tercera ronda de diálogo en Venezuela, con el compromiso de iniciar una revisión profunda de cuatro leyes relacionadas con las garantías políticas y la participación ciudadana.
En un comunicado conjunto, las delegaciones acordaron revisar la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en lo relativo a las inhabilitaciones; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar; y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, específicamente en cuanto a la definición y tipificación del terrorismo.
El documento también contempla iniciar la discusión para crear una Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana, como instancia de protección de esos derechos. Además, las partes acordaron establecer procesos para evaluar y buscar soluciones a situaciones que contravengan el acceso y las garantías de los derechos políticos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el Parlamento juramentará este jueves 22 de octubre al Comité de Postulaciones Judiciales, tras la designación de los 12 representantes de la sociedad civil. También informó que el cuarto ciclo de conversaciones se celebrará entre el 11 y el 15 de noviembre.
La oposición destaca la revisión de las inhabilitaciones
Sergio Vergara, integrante de la delegación opositora, explicó a El Diario que la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría busca abordar las inhabilitaciones políticas, en particular las disposiciones del artículo 105, que faculta al contralor general para imponer inhabilitaciones para ejercer funciones públicas.
Según el dirigente, este debate es relevante para que María Corina Machado y otros opositores puedan participar en futuras elecciones. El acuerdo contempla revisar la normativa, pero no establece que el artículo vaya a ser derogado ni que las personas inhabilitadas recuperen automáticamente sus derechos políticos.
Vergara también detalló que la propuesta de crear una Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana, impulsada por su sector, contempla una instancia de tres integrantes para supervisar el respeto de los derechos políticos y civiles durante los procesos electorales. Entre los asuntos que atendería mencionó las inhabilitaciones, las condiciones para elegir y ser elegido, el equilibrio mediático y el uso de fondos públicos.
En materia de libertad de expresión, el dirigente señaló que las conversaciones buscan avanzar en la situación de las concesiones de radio y televisión. Explicó que algunos medios llevan años operando con permisos temporales y que considera necesario resolver su situación en el marco de los acuerdos sobre el espectro radioeléctrico.
Integrantes de la oposición (i) y del oficialismo (d) durante la tercera ronda del diálogo en Caracas | Foto: Jorge Rodríguez en Telegram
Dinorah Figuera prevé elecciones entre 2027 y 2028
La jefa de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, expresó su aspiración de que las elecciones presidenciales en Venezuela se celebren entre finales de 2027 y comienzos de 2028, aunque condicionó esa posibilidad a la existencia de garantías para una votación creíble.
En una entrevista con el diario venezolano El Nacional, difundida el 21 de octubre, Figuera señaló que es necesario depurar el Registro Electoral, revisar el sistema de votación y avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La dirigente indicó que esperan contar en diciembre con un informe sobre la situación electoral. También planteó que los partidos políticos recuperen sus tarjetas electorales y puedan participar en los comicios con garantías, en un escenario en el que varias organizaciones opositoras tienen restricciones para concurrir a elecciones.
Figuera calificó esta tercera ronda como la más difícil debido a las diferencias en torno a las garantías políticas. Según explicó, uno de los obstáculos es que el Gobierno pide medidas que la oposición no puede conceder, como el levantamiento de las sanciones internacionales.
La dirigente también señaló que espera que los nuevos magistrados del TSJ estén designados a más tardar en diciembre de 2026, como parte de la reforma judicial acordada en las rondas anteriores.
Posteriormente, durante la rueda de prensa al culminar la tercera ronda de diálogo, Figuera afirmó: «Esperamos que más temprano que tarde se den las elecciones».
Foto: @jorgerpsuv
El comunicado conjunto establece que las delegaciones continuarán trabajando en materia de libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información. Las partes reconocieron avances derivados del levantamiento de medidas administrativas y cautelares, y recomendaron avanzar en la actualización de las concesiones de uso del espectro radioeléctrico y garantizar la aplicación de las normas correspondientes.
Asimismo, ambas delegaciones acordaron trabajar a partir de categorías definidas para establecer procesos que permitan evaluar y dar solución a situaciones que afecten el acceso y las garantías de los derechos políticos.
Avanza el proceso de renovación del TSJ
Las delegaciones reconocieron los avances de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, que entrevistó a 127 postulados representantes de distintos sectores de la sociedad.
Según el comunicado, en la próxima sesión de la Asamblea Nacional se designarán los 12 integrantes del comité y se publicará el cronograma correspondiente. Una vez instalada esa instancia, se activará el Consejo de Revisión de Credenciales.
La renovación del TSJ fue uno de los principales compromisos de las primeras rondas de diálogo, en las que las partes acordaron avanzar en la renovación total de los magistrados y modificar el mecanismo de selección judicial.
El oro venezolano en el Reino Unido y la recuperación económica
Las delegaciones también reiteraron ante las instituciones competentes del Reino Unido la necesidad de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra.
El comunicado señala que se dará seguimiento al acuerdo de la primera ronda relacionado con esos recursos, destinados a atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y contribuir a la recuperación de los servicios públicos. Para ello, las partes acordaron conformar una delegación paritaria que gestione las acciones correspondientes ante las instancias competentes.
Foto: Democracia Parlamentaria
Además, ambas delegaciones ratificaron su intención de unir esfuerzos para promover condiciones que garanticen los derechos, la libertad y la independencia, con el objetivo de favorecer la recuperación económica nacional y el desarrollo de derechos sociales como la salud, la alimentación, la educación, los ingresos de los trabajadores y los servicios públicos.
El documento establece que las delegaciones harán seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y presentarán informes sobre sus avances.
Estados Unidos respalda el proceso de diálogo
El diálogo cuenta con el impulso de Estados Unidos como parte de su plan de transición para Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.
El 9 de octubre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en Washington con Figuera y pidió continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral. Rubio también elogió el liderazgo de la opositora y destacó los progresos alcanzados en las dos primeras rondas.
La mesa de diálogo no incluye a los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes se mantienen al margen de estas conversaciones.
El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos de sectores que consideran que la administración de Donald Trump prioriza sus intereses petroleros en Venezuela por encima de los objetivos de transición democrática.
